El proyecto de ley que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, también “fortalece y moderniza” el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), según el boletín que se encuentra en la página web del Senado
Sábado 25 de enero de 2020
Esta reforma obligaría a los funcionarios públicos a entregar información a esta entidad "en los mismos términos en que les sean solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección, según corresponda" (numeral 9, ii del boletín 12234-02). Esto quiere decir que de no entregarse la información por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado a la ANI tendrá como consecuencia sanciones que pueden ser desde la censura hasta la destitución, pasando por la multa y la suspensión temporal del empleo (Art. 21) de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Administrativo.
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Es de esta manera que el Estado busca obligar a las y los trabajadores públicos a, si es pedido, colaborar, entregar información y producir material para la la ANI, bajo la amenaza de sanciones.
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Esta situación atenta contra la libertad y derechos que poseen las personas que trabajan para el estado, debido a que en sus reglamentos o contratos no existen ninguna obligación o clausura que los obligue a estregar información a los organismos de inteligencia del estado.
