El día de ayer, la oposición presentó una contraoferta al proyecto de reforma a las pensiones de Sebastián Piñera, destaca que se eleva la cotización adicional a 6% hacia un fondo de reparto, pero manteniendo el gran negocio de las jubilaciones.
Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Martes 21 de enero de 2020
En un acuerdo que incluyó a casi toda la oposición parlamentaria (menos la Democracia Cristiana), se presentó este lunes una contrapuesta a la reforma a las pensiones presentada por el Gobierno. Esta contrapropuesta incluye subir la cotización adicional voluntaria a 6% extra, destinada a un fondo de reparto bajo control estatal que incluiría el 30% de las ganancias netas de las AFP. Estableciendo un sistema mixto entre un fondo de reparto común y la participación de las AFP en cuentas individuales.
Con esto la oposición dialoga con el intento del gobierno de cerrar la crisis social que generan las pensiones de hambre que entregan las AFP, que se suma al aumento del 50% de aumento a la pensión básica solidaria.
Resalta el hecho de que los diputados y diputadas del Frente Amplio fueron parte de este acuerdo que mantiene la existencia de las AFP, cuando en su propuesta de programa de Gobierno 2017 señalaban que hicieron suya la demanda de No+AFP, con la creación de un sistema de reparto financiado de manera tripartita (aportes estatales, cargos al empleador y ahorro individual por trabajador), dejando las AFP como sistema alternativo voluntario.
Hoy las Administradoras de Fondos de Pensiones confiscan de manera totalmente obligatoria entre el 10 y el 12% del sueldo de las y los trabajadores formales, acumulando casi 200 millones de dólares de ganancia neta solamente durante el primer trimestre del año 2019 y el Frente Amplio, que hace solo 3 años, antes de la gran revuelta popular, decía que no iba más, hoy se sienta nuevamente a negociar, esta vez para rebajar su propios objetivos para tener una plataforma común con el resto de partidos de la oposición que le han votado todas las leyes represivas al Gobierno de Sebastián Piñera.
La misma colectividad que desde el 15 de noviembre hace campaña por participar en un proceso constituyente hecho a la medida de la derecha argumentando que es una conquista para avanzar en garantizar los derechos de las grandes mayorías, hoy tranza su programa, en vez de utilizar todas las posiciones que ocupan en sindicatos, federaciones estudiantiles y distintas organizaciones sociales para elaborar un plan de movilizaciones que organice toda esa fuerza que se ha demostrado durante los últimos 3 meses para, de mínima, defender el programa político que más de un millón de personas apoyaron en 2017 y que hoy ha rebrotado con mayor vigor aún.
Con un proceso constituyente totalmente controlado que se viene encima y la continuidad de un gobierno altamente autoritario responsable de violaciones a los derechos humanos, ¿Cómo confiar en una coalición política que es incapaz de defender su propio programa? ¿Cómo pretende el Frente Amplio resguardar los intereses populares en una constituyente donde la derecha tiene poder de veto?
Sin una alternativa política que consecuentemente defienda un programa político concreto que responda a las necesidades del pueblo trabajador como el fin de las AFP, recuperando los millones que mes a mes se quedan los empresarios, solo se pueden esperar mejoras parciales en los aspectos más miserables del sistema que significarán pan para hoy y hambre para mañana, es decir, un nuevo engaño.
