Conferencia matutina. Reforma judicial: López Obrador contra el Washington Post

Este lunes 26 de agosto, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que la mayoría de los mexicanos apoyan la elección popular para elegir a los ministros, magistrados y jueces de Poder Judicial.

A su vez, respondió el editorial "El Estado de derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón al intervenir", publicado en The Washington Post (WP), en la cual se afirma "Lo que está en juego es la independencia judicial y el Estado de derecho en un país que ha sabido muy poco de ambos durante su larga historia. El plan de López Obrador también podría frenar la integración económica de América del Norte. A través de su frontera compartida y su asociación en el marco del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, México y Estados Unidos tienen intereses mutuos en cuestiones que abarcan el comercio, la migración, el crimen organizado y la seguridad nacional."

Ante esto, el mandatario sostuvo que que el WP y The New York Times "están dominados por los intereses de las oligarquías y de quienes se sienten los dueños del mundo". Añadió “Cree que va a tener un efecto explosivo políticamente hablando en México, esto ya es otra cosa. En Estados Unidos y en otros países les hace falta una transformación una sacudida y esto implica una revolución de las consciencias, una nueva forma de hacer política, entender el periodismo y toda la actividad política como un imperativo ético”.

El pasado jueves 23 de agosto con las polémicas declaraciones del embajador Ken Salazar, quien cuestiona la reforma judicial por considerarla "un riesgo para la democracia, que amenaza la relación comercial entre EEUU y México y puede ser la puerta de entrada a que el narcotráfico influya en el sistema legal y que merma la confianza de inversores".

También desde la embajada de Canadá expresaron preocupación por la reforma judicial, así como desde el Consejo de Empresas Globales, organismo que expresó "Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de derecho y la administración de justicia en México".

El imperialismo estadounidense parece dejar atrás las formalidades de socios y amigos para avanzar en un nuevo intento de profundizar la injerencia en México, que hasta ahora se expresa en la subordinación de este país a las duras condiciones del T-MEC, en la continuidad de la estrategia secutiraria de la militarización, en la aceptación de las políticas antimigratorias y la intervención en territorio mexicano de agencias estadounidenses como la DEA.

La oposición a la reforma judicial -de la cual forma parte también la alicaída derecha mexicana que desplegó en décadas previas los planes neoliberales- defiende el Estado de derecho, es decir la dominación legal por parte de empresarios y de trasnacionales del destino de México. No aceptan retroceder ni un milímetro en tener un poder judicial que realiza dictámenes a favor de los grandes capitales, como sucedió cuando se presentó la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador y la bloquearon. Es necesario enfrentar la injerencia imperialista en México.

Desde la Casa Blanca a través de sus voceros -los medios estadounidenses, las corporaciones empresariales, la derecha mexicana y los medios a su servicio- alegan que el llamado crimen organizado puede tener injerencia en la poder judicial con la reforma oficialista. Pero la realidad es que ahora ya la tienen, y ese es uno de los factores por los cuales continúan prosperando el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de distintas mercancías, y un largo etcétera que a través de la mercantilización de la vida muestra la decadencia capitalista.

La reforma judicial de López Obrador -que está en proceso de modificación y tiene como uno de sus puntos más destacados la elección de jueces, magistrados y ministros- constituye una vía para relegitimar a una institución muy desprestigiada.

Los socialistas consideramos que la elección por voto popular de los jueces se ve como un paso adelante, pero sostenemos también que el poder judicial es una de las instituciones más antidemocráticas creadas como contrapeso a la voluntad popular que se expresa en la elección por voto popular de funcionarios. Históricamente el poder judicial responde a lo más concentrado del capital, decide sobre la explotación de bienes comunes naturales, sobre las condiciones laborales, sobre toda la vida del país sin que nadie lo haya votado.

Poner un límite a los salarios de jueces, ministros y magistrados, que ninguno pueda ganar más que el presidente, también es visto con simpatía, por los millonarios privilegios con los que cuentan hasta ahora.

Como señalamos acá, "la Suprema Corte de Justicia opera contra la voluntad popular -así como se ve en otros países como Argentina y Brasil-. Es una institución con la que directamente hay que acabar. Y, como expresamos en esta nota, los jueces de tribunales inferiores no solo deben ser elegidos por el voto popular, también deben ser revocables y cobrar lo mismo que un trabajador o trabajadora, y que se implemente el juicio por jurados para que la clase trabajadora y los sectores populares tengan poder de decisión en los procesos judiciales".

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