POLÍTICA NACIONAL. Reforma judicial: ¿mucho ruido y pocas nueces?

Este viernes por la mañana el presidente Alberto Fernández anunció, una vez más, que enviará el proyecto de reforma de la justicia federal. Como viene sucediendo desde tiempos de campaña, salvo generalidades, no dio detalles de importancia.
En diálogo con Radio 10, Fernández volvió a plantear que el proyecto será enviado y se estima que el anuncio lo haría este domingo 1° de marzo en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento.

Por lo que viene trascendiendo, el proyecto estaría basado en un antiguo plan que Gustavo Béliz había propuesto en 2003. Entre otras cuestiones planea descentralizar los tribunales federales de Comodoro Py, rever el rol de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, traspaso de jurisdicciones, además de ir hacia un sistema acusatorio, que podría quitar poder a los jueces pasándole a los fiscales la instrucción (cómo se tramitan y gestionan) de los expedientes.

Esto se da en el marco de los ecos que aún resuenan de la sesión de este jueves en Diputados, donde el régimen jubilatorio de los jueces y fiscales fue puesto en debate públicamente. Producto de la discusión volvió a quedar al desnudo que esta casta está llena de privilegios: un conjunto de beneficios completamente alejados de la vida del pueblo trabajador.

Fueron los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá quienes denunciaron que el proyecto de ley que impulsó el oficialismo estaba muy lejos de la intención de terminar con los privilegios de unos pocos y es funcional a los privilegios que los jueces, entre otros como los obispos, expresidentes, fiscales.

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Con una cuota de cinismo, el presidente afirmó en la entrevista que "la Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en el que las cosas no están funcionando bien. La Justicia, en términos económicos, se aleja del resto de la Argentina”.

Pero… el proyecto de ley de reforma jubilatorio que votó ayer Diputados no da cuenta en lo más mínimo de querer revertir ese alejamiento con la sociedad.

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En el relato gubernamental está la idea de ir contra la “colonización” del macrismo en el Poder Judicial, cuestión que -aunque el gobierno anterior profundizó- no tiene nada de novedosa. En cada gestión, más allá del signo político, hubo una clara intervención sobre el sector de jueces y fiscales.

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¿Qué puede cambiar con esta reforma si el gobierno mostró abiertamente que no pretende ir contra ninguno de los privilegios de esa casta monárquica, salvo mínimos detalles que no cambian en nada esta estructura de prebendas? ¿Van a seguir teniendo cargos vitalicios como ocurre hoy? ¿Van a pagar Ganancias como ocurre con casi dos millones de trabajadores en el país? ¿Van a ser elegidos por el voto popular? ¿Van a instaurarse juicios por jurado?

Nada de eso está en discusión ni parece probable que ocurra. En las últimas horas, cuando el Gobierno tuvo que ir contra los privilegios de los jueces y diplomáticos jubilados, apenas los incomodó un poco. Nada indica que haga algo serio contra quienes hoy se encuentran aún en actividad.