La reforma política aprobada en 2015 lejos de poner fin al financiamiento empresarial a las campañas políticas, impone mayores restricciones a la participación de la izquierda.
Leandro Lanfredi Trabajador petrolero | Rio de Janeiro
Martes 20 de septiembre de 2016
Muchas personas festejaron el fin del financiamiento empresarial a las campañas electorales en la reforma política aprobada el año pasado. Era la única parte digerible de un todo, destinado a excluir a la izquierda de la TV, sea en los debates, sea en el horario electoral. La reforma política, como la Ley de Ficha Limpia (que excluye a candidato con condenas), ahora prácticamente revocada por la decisión del Tribunal Supremo Electoral que la hizo casi inaplicable a los intendentes, muestra una antigua máxima de la elite brasilera operando en estas elecciones: “a los amigos todo, a los enemigos la ley”.
La nueva ley electoral promulgada por Dilma Rousseff otorga poder de veto a las emisoras sobre la decisión de si la izquierda podrían participar o no en los debates, ya que sólo la participación es obligatoria para aquellos partidos que cuentan con diez o más diputados; drásticamente fue reducido el tiempo de campaña, el tiempo en televisión y las posibilidades de uso de las redes sociales. Estas leyes se aplican a la izquierda con total firmeza. Para dar un ejemplo, Marcelo Freixo (PSOL) llegó a tener material confiscado y destruido debido al tamaño de la letra con el que aparecía el nombre de su vice, también de su partido. El diario nacional de la familia Marinho, O Globo muestra cómo todo está permitido y por eso plantea en una reciente editorial, que no tiene sentido prohibir la financiación por parte de empresas, ya que lo mejor sería retomarla, posición también defendida por Gilmar Mendes y otros "ases" del poder judicial.
Según mostró el matutino carioca, entre los grandes donantes de las elecciones en esa capital hay 58 presidentes, directores, etc. de grandes conglomerados de la construcción civil y de otras empresas “tradicionales donantes” o “inversoras” en políticos, para llevar adelante el “toma y daca” nacional. El mayor beneficiado en Río de este fenómeno que cambió el número cadastral de persona jurídica por el de persona física es Pedro Paulo, heredero político de Edaurdo Paes, actual intendente de Río de Janeiro.
Las expresivas sumas de dinero que candidatos como Haddad del PT o Doria del PSDB de San Pablo están recaudando para las próximas elecciones, parecen indicar un fenómeno similar, ahora con sus números cadastrales de persona física, para no hablar de las opciones no declaradas, cajas paralelas y otras influencias no oficiales, como asociaciones barriales mafiosas, de las iglesias y los grandes medios.
La reforma política del 2015, además de las intenciones de restringir aún más el régimen político imponiendo cláusulas barreras, como plantean políticos vinculados al PSDB (Aécio Neves), deja en claro su objetivo. No significa ninguna renovación de la política, ni siquiera algún obstáculo para los empresarios que siempre encuentran el modo para seguir actualizando en nuestras tierras la clásica definición de Marx y Engels sobre el Estado capitalista como la administración de los negocios para el conjunto de la clase burguesa.
