La rebaja de aportes patronales en la provincia equivale a más de 24 mil pesos por jubilado en 2018.
Emiliano Trodler Economista
Martes 21 de noviembre de 2017
La reforma tributaria que en los próximos días se tratará en el Congreso de la Nación agravará seriamente el desfalco de los fondos previsionales. Un informe del CEPA estima que por la baja de los aportes patronales y la eliminación del 20 por ciento que percibía por coparticipación del impuesto a las ganancias, que ahora se distribuirá a las provincias para compensar la disminución de los ingresos brutos, y aun considerando los ingresos por impuesto al cheque (que se irían reduciendo progresivamente), el saldo negativo de la caja previsional ascendería a 114 mil millones de pesos.
Ese rojo en las arcas del Anses se cubriría parcialmente con el aumento de la edad jubilatoria hasta los 70 años para hombres y mujeres, y la nueva modalidad para calcular la actualización de las jubilaciones, pensiones, y asignación universal por hijo. Según el informe, con esta nueva modalidad los aumentos tenderían a ser cada vez más moderados para mantenerlos siempre en los actuales niveles de miseria.
Esta transferencia millonaria de recursos hacia los empresarios, además de la reforma laboral que promete profundizar la precarización del trabajo, se hará en función de generar el “clima de negocios propicio para fomentar las inversiones”; una forma de confesar que para que a los empresarios les vaya bien, a los trabajadores y los sectores más vulnerables les tiene que ir mal.
Esta reforma tributaria profundizará su carácter regresivo (los que menos tienen pagan más); no hay ni una sola medida progresiva que apunte a la reducción de impuestos para el pueblo trabajador, como podría ser la eliminación del IVA o del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría (impuesto al salario).
Las consecuencias de semejantes medidas se agravarían porque el déficit fiscal, que tanto dicen proteger a la hora de recortar gastos o poner techos a las paritarias de los docentes, aumentaría un punto y medio hasta ascender al 8,5 del PBI.
Para paliar el bache fiscal desde el Ministerio de Energía anunciaron que habilitarán tarifazos de hasta un 50% en los servicios de agua y gas a las empresas privatizadas, condición que ponen estas empresas para aceptar una merma en los subsidios que reciben del Estado.
Estas medidas de ajuste no podrían llevarse adelante sin el acuerdo de los gobernadores, con quienes el gobierno diseñó la arquitectura financiera (el “Pacto Federal”) que avala estas reformas a cambio de una serie de compensaciones que garantizan la “gobernabilidad ida y vuelta” de los caudillos peronistas.
La defensa de los (empresarios) tucumanos
Si tomamos el salario bruto promedio en la provincia para el sector privado formal sin aguinaldo que registra el Ministerio de Trabajo y una alícuota promedio estimada de 19,5% para la nueva base imponible, podemos aproximarnos al único cálculo que se ha hecho hasta ahora acerca de la suma que se embolsarán los empresarios de Tucumán con la reducción de los aportes patronales a la seguridad social.
Esta suma ascendería a más de 4.500 millones de pesos para 2018. Es decir, unos 24 mil pesos por jubilado que irán a parar directamente a los bolsillos de los empresarios de nuestra provincia.
Pero también habría que contabilizar la rebaja de impuestos a los ingresos brutos y de impuestos a las ganancias.
Aunque es más difícil estimar, con la información disponible, el ahorro de las patronales por la reducción de estos impuestos, si tomamos al pie de la letra lo que informa el Ministerio de Hacienda cuando establece un reducción promedio de 24% de los ingresos brutos, estaríamos hablando de más de 2.000 millones de pesos que los empresarios de Tucumán dejarían de tributar al fisco. Según cálculos de la provincia, la merma en los ingresos por impuestos será de 800 millones para el año que viene y 2.800 millones hasta el año 2020.
De esta manera, entre rebaja de aportes patronales y la reducción del impuesto a los ingresos brutos (rebaja que el gobierno provincial ya venía aplicando a distintos sectores como la ganadería o el limón), estamos hablando de un masa de ganancias aproximada superior a los 5.000 millones de pesos que el año que viene irán directamente a los bolsillos de empresarios como Jorge Rochia Ferro (Grupo Los Balcanes), Emilio Luque (Supermercados), Vicente Lucci (Citrusvil), o funcionarios/ empresarios como Osvaldo Jaldo, Juan Manzur, o Alberto Colombres Garmendia, entre otros
Esta suma equivale también a 27 mil salarios anuales al costo de la canasta familiar del Indec, en la provincia con uno de los salarios más bajos del país. Equivale al presupuesto oficial para la construcción de 125 escuelas, o 25 hospitales con 44 camas, 14 consultorios, 2 quirófanos, sala de guardia y equipamiento, según presupuesto de licitación actual en la provincia de Córdoba.
Recordemos que hace unos días los empresarios azucareros de la provincia ponían el grito en el cielo por el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas y la reducción del precio del bioetanol para las petroleras, amenazando con miles de despidos. Emilio Luque llegó a vaticinar un cierre de ingenios comparable al de 1965 con migración masiva al conurbano bonaerense incluida.
Hemos demostrado con un informe de costos elaborado a pedido del sector de las bebidas y en base a información del Ministerio de Energía sobre la evolución del precio de bioetanol, que el impacto de estas medidas no sería tan dramático, y que las patronales lo trasladarían a precios.
Entre tantas amenazas nada dijeron sobre la masa de ganancias que se embolsarán con la reducción de los aportes patronales e impuestos que no trasladarán a una baja de los precios al consumo, sino que se embolsarán como ganancias.
La clase capitalista que está al mando del Estado con el apoyo del PJ y la burocracia de la CGT ha declarado una guerra contra el pueblo trabajador. Es necesario empezar a organizar la resistencia. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.
