La sentencia del Tribunal Supremo emitida este martes, es el penúltimo ejemplo del carácter de clase de esta justicia. Sánchez maniobra para separarse del poder judicial pero lo hace con una medida parcial e insuficiente.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 7 de noviembre de 2018
Indignación, rabia, odio…muchos sentimientos producidos en la mayoría de la población del Estado español el pasado lunes tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que exime a los bancos del pago de los impuestos sobre las hipotecas. Una vez más el alto Tribunal falló a favor de los poderosos y contra la mayoría de la población, del pueblo trabajador.
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La certeza sobre la dirección del fallo se debe al largo historial de ayudas que ha recibido la Banca de este país tanto del poder ejecutivo como del poder judicial. Es necesario hacer un repaso de la confluencia entre los diferentes agentes del Régimen tan lucrativa para los Botín, Fainés y compañía.
Y es que la justicia española no para de sumar acciones que van minando su credibilidad. A los reveses internacionales en su persecución a Puigdemont y a otros líderes catalanes en-causados por el “procés” -a quienes la Fiscalía española inició la petición de penas de entre 25 y 16 años de prisión por la causa del referéndum del 1-O-, su escandalosa sentencia en el caso de “la manada”, se suma ahora la sentencia de Estrasburgo sobre el juicio a Otegi.
Esta última, pone en entredicho las garantías democráticas que ofrece la justicia Española. El Tribunal Europeo de Derechos Hu-manos da la razón a dirigentes abertales sobre la “falta de imparcialidad” de la misma. Tres cuartos de lo mismo que hoy están sufriendo los políticos catalanes y a lo que generalmente están sometidos los sectores de la izquierda política y sindical.
Y todo esto a las puertas del inicio del juicio contra el proces, uno de los juicios más importantes de los últimos años.
El Gobierno del PSOE “maniobra” para separarse de la justicia
Con la calle en ebullición por la sentencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha movido rápido para quedar desmarcado de una justicia que suma ridículos y está cada vez más deslegitimada.
De hecho, en el escandaloso circo en el que se ha convertido este tribunal, lo escenifica el propio presidente del TS, Carlos Lesmes, aupado ahí por el Partido Popular, cuando aseguró hace solo 15 días que la sentencia que atribuía el pago del impuesto a la banca “era firme y no susceptible de revisión”, palabras que 24 horas después quedaron en agua de borraja.
En este marco, Sánchez ha anunciado una modificación de la norma vía real decreto, que regula el impuesto sobre los actos jurídicos documentaos, para que el coste de éstos los soporte el banco y no el usuario.
Esta medida del Ejecutivo es parcial y ni siquiera está garantizada su aprobación en las Cortes. Y es que aunque Sánchez y su equipo tramiten esta modificación por Decreto Ley, esta debe ser aprobada posteriormente por el Congreso de los Diputados.
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Al parecer Ciudadanos se suma, aunque pide una norma consensuada, y Podemos e IU, que vienen haciendo de sostén del Gobierno de Sánchez, tachan la medida de “insuficiente”. A esto se suma que Casado aún no ha desvelado qué hará el Partido Popular. Los suyos abogaban por una eliminación del impuesto, algo a lo que se negó Sánchez por ser una cuantiosa fuente de financiación para las Autonomías.
Además es parcial, pues no hace la modificación de la norma con efecto retroactivo, el aspecto que más temía la banca y nada dice de otras cuestiones, como qué medidas se van a tomar para recuperar los más de 61 mil millones de euros “prestados” a la banca.
De hecho, la Banca ya anunció y lo ha vuelto hacer, que en caso de tener que sumar costes a la ejecución de hipotecas, subirá los tipos de interés para subsanar ese coste añadido que le pueda venir.
¿Crisis? ¿Qué crisis? (No al menos para la Banca)
No ha sido el caso para la Banca, y es que ésta ha sido, por gracia del FROB (Fondo de reestructuración ordenada de la banca) y de Moncloa, aliviada con una inyección de capital que el Banco Central de España (BCE) cifró en más de 61 mil millones de euros. Y para cifrar el coste final de la factura, se cuenta con los 19 mil millones de euros que el BCE cree que se puede recuperar. A finales del 2017 el saldo recuperado no alcanzaba los 5 mil millones.
Pero no contentos con esta ayuda de liquidez, cedida a tipos del 1% como fijaba el Banco Central Europeo, la banca española, siempre tan emprendedora, se dedicó a comprar bonos soberanos, es decir, deuda pública. Lo que se conoció como el “carry trade” ha sido y es un suculento negocio para la banca, pues tras recibir dinero público al 1%, compró deuda que ellos mismo generaron a tipos del 2,5% a 5 años y del 5% a 10 años.
Los grandes negocios de la banca
Si hay un sector económico donde la Banca ha campado a sus anchas ha sido en el mercado inmobiliario. En lo más alto de la burbuja inmobiliaria, los Bancos aprovecharon para imponer su poder a base de condiciones abusivas en los contratos y con la especulación.
La Banca, que posee actualmente el 80% de los pisos vacíos que existen en el Estado español, trabaja los contratos de hipotecas sobre cláusulas completamente abusivas: la famosa cláusula suelo, cláusula de vencimiento anticipado o cláusula sobre gasto de hipotecado.
A pesar de ser consideradas cláusulas abusivas, no parece que haya mucha voluntad en los poderes públicos en ayudar a los usuarios a recuperar su dinero. Los casos se acumulan en las mesas de los juzgados, que se encuentran ante una avalancha de pleitos. Y es que aunque los Bancos pierden el 97% de los pleitos, recurren de forma que generan un segundo cuello de botella que eterniza los procesos y la recuperación del dinero por parte de los usuarios.
No podemos olvidar el famoso caso de las “preferentes de Bankia”, caso que quedó archivado por la Audiencia Nacional al determinar que no hubo voluntad de engaño por parte de la cúpula de Bankia a la hora de vender las preferentes sobre Caja Madrid, aun sabiendo que los inversores no iban a recuperar su dinero ¿Interesante interpretación, no?
Para acabar este recordatorio tenemos que hacer mención a Rato, Blesa y las tarjetas Black. Esas tarjetas de los directivos de Bankia para consumo propio y sin control. Una condena para Rato de 4 años y medio de cárcel por apropiación indebida (de dinero público dado por el Estado para rescatar Bankia). Es decir, más o menos lo mismo que soli-citan por escribir un Twitter.
Con este historial, y siendo banqueros, las cuentas tenían que salir. La gran Banca ha ganado más de 84 mil millones de euros desde del inicio de la crisis, y solo en 2017 alcanzó los 12 mil millones, un 51% más que en 2016 (donde pesaban los negativos balances del Banco Popular, comprado a la postre por el Banco Santander).
La banca siempre gana de la mano de la justicia
La sentencia del TS solo viene a demostrar el carácter de clase de la justicia del Estado español. Una justicia que legisla en favor de los intereses de la burguesía.
Una “casta judicial” que nos tiene acostumbrados a sentencias favorables a corruptos, ricos y violadores, mientras sentencia contra el pueblo y contra las libertades y derechos democráticos, mostrando así abiertamente su carácter represivo y patriarcal.
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Y de eso se beneficia la banca, que seguirá avanzando sobre el empobrecimiento de la mayoría trabajadora a menos que se consiga su nacionalización y expropiación de todos sus bienes y se ponga su capital al servicio de los intereses de la gran mayoría de la población y los sectores populares.