Movimiento de Mujeres. Registro de agresores sexuales en la CDMX y la lucha de las mujeres

El gobierno de la Ciudad de México, aprobó, el Registro de Agresores Sexuales como una “herramienta de prevención de violencia hacia la mujer” y estará vigente a partir de este lunes. Este registro proveerá información del sujeto, como nombre, fotografía y nacionalidad, asimismo, almacenará información como señas particulares, zona criminológica de los delitos, modus operandi y perfil genético, esta información será disponible únicamente para el Ministerio Público.

Los delitos considerados son el feminicidio, la trata de personas, las agresiones a menores de 12 años de edad y el turismo sexual. Este registro tendrá una duración mínima de 10 años y máxima de 30 años, además, contendrá los registros de los sujetos sentenciados por un juez y su consulta será pública.

Asimismo, el juez será quién dicte la sentencia y determine la pena y medidas de seguridad para cada delito con base en la gravedad del crimen y el grado de culpabilidad del individuo, a la par de tomar en cuenta la edad, el nivel de educación, costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales y misoginia del sujeto.

La violencia hacia la mujer: un problema estructural

La creación del Registro de Agresores Sexuales se establece como una medida punitiva para garantizar “el derecho a la víctima a la no repetición”, lo cual debe forzosamente llevarnos a cuestionar su eficacia para frenar la violencia que vivimos cotidianamente las mujeres.

En primer lugar, es importante plantear que la medida, aunque aparentemente apunta a prevenir la violencia exhibiendo a personas que hayan sido juzgadas como agresores, en realidad podría resultar una forma de hacer escarnio público en lugar de convertirse en una forma efectiva de prevención, investigación y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.

En este mismo tenor, este registro no sólo sitúa en el mismo nivel la violencia feminicida a la de un agresor sexual, sino que carece de medidas preventivas y de recuperación para las víctimas en primer lugar y también para los sujetos sentenciados; es decir, no apuesta a la recuperación y reinserción social de los individuos.

Además, al no poder controlar para qué fines o de qué formas podría ser utilizada dicha información, puede resultar contraproducente para las propias víctimas por las represalias que podría tener por parte de los sentenciados.

Por otro lado, en el sistema de justicia actual, parte fundamental de un Estado que no defiende los intereses de las grandes mayorías, sino los de unos cuantos que viven de la explotación y la opresión de los desposeídos, este tipo de leyes y medidas no recaen sobre los individuos de los grandes emporios, de las redes de trata, de las mafias del narcotráfico, de los funcionarios políticos, de los militares y la policía o de los curas y la iglesia -cómplices y/o autores de actos atroces como el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, que poseen de recursos para pagar la “justicia”, comprando abogados y jueces.

Esa justicia desigual e interesada en realidad recae sobre aquellos individuos pertenecientes a la clase trabajadora explotada y oprimida, sobre quienes, a través del castigo y la estigmatización social, el Estado y sus instituciones buscan legitimarse. Es la justicia de aquellos quienes sientan las bases para la reproducción de la violencia hacia la mujer, negándoles a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y vida e incorporándolas a los sectores mayormente precarizados donde las condiciones laborales son escasas, garantizando de esa manera las ganancias de los grandes empresarios.

Estas medidas cosméticas, como el actual Registro de Agresores Sexuales o la Alerta de Violencia de Género (AVG) que implica un mayor despliegue de policías y militares en las calles, han demostrado que son mecanismos diseñados únicamente para fortalecer al Estado y a su aparato coercitivo, dado que durante el año 2019 las cifras de violencia aumentaron a un nivel histórico, cobrando la vida de 10 mujeres al día y desapariciones cada dos horas y media.

La violencia hacia la mujer se encuentra cimentada bajo un sistema social y económico cuya resolución no se encuentra bajo medidas individuales o punitivas, dado que, para el sistema capitalista, el patriarcado le es funcional para mantener su dominio en la clase trabajadora, debido a que la mujer es la piedra principal en la reproducción de la fuerza de trabajo.

¿Cómo enfrentar la violencia patriarcal?

Para este sistema capitalista y patriarcal el mantener la división entre hombres y mujeres, principalmente de la clase trabajadora, le permite avanzar en su principal cometido que es el incremento de sus ganancias.

Es por ello, que es necesario para el conjunto de las mujeres impulsar una alianza codo a codo con los compañeros de clase que se apueste a cambiar el flagelo de violencia, los feminicidios, el abuso sexual a través de medidas preventivas que combatan el machismo y a este sistema que lo prolifera.

Asimismo, es indispensable impulsar un plan integral contra la violencia hacia las mujeres como:

• Protocolos contra la violencia de género, impulsados en los centros de estudio y trabajo que intervengan en los casos de violencia, que no sea punitivo ni fortalezca al aparato coercitivo e instituciones del Estado, y que contemple las diferencias en las relaciones de poder y el nivel de violencia, esto implica que se garantice el acompañamiento psicológico a las y los denunciantes y el derecho a la defensa de las y los denunciados.

• El impulso de comisiones independientes de mujeres integradas por expertas, psicólogas, familias de las víctimas de feminicidio, activistas y defensores de derechos humanos que den seguimiento a los casos de violencia patriarcal.

• Transporte seguro y gratuito desde todos los planteles escolares y centros de trabajo hacia puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Ante la insuficiencia de guarderías, exigimos guarderías gratuitas con cupo suficiente, salas de lactancia y licencias de maternidad extendidas en todos los centros de estudio y de trabajo.

• Centros de salud con atención integral que incluyan atención ginecológica especializada con acceso a anticonceptivos gratuitos y a la posibilidad de interrumpir embarazos para que toda mujer que lo solicite pueda practicarse un aborto de forma segura y gratuita, con seguimiento médico y psicológico para las pacientes. Así como la inclusión de manera gratuita a los tratamientos para reasignación sexogenérica como los hormonales, además de que se garanticen retrovirales para tratamientos de VIH.

• Licencias laborales y escolares para mujeres víctimas de violencia, así como garantizar refugios transitorios en condiciones dignas para toda mujer que sea víctima de violencia o cuya integridad física, psicológica y/o emocional esté en riesgo.
  Esto de la mano de acompañamiento psicológico para las víctimas.

• Ante la precarización laboral cuya expresión se refleja principalmente en las mujeres ocupando los trabajos más precarios y con condiciones labores escasas, demandamos aumento salarial de emergencia acorde a la canasta básica, en in marco de igualdad salarial y estabilidad laboral para las y los trabajadores.

Es importante cuestionar la individualización de la violencia hacia la mujer, dado que existe un sistema económico y social que la reproduce. Sólo a través de la organización será posible conquistar nuestras demandas, sin ninguna confianza en las autoridades e instituciones del Estado que sienta las bases para la reproducción de la violencia hacia la mujer.

Por ello es necesario el impulso de un movimiento de mujeres independiente, combativo y que se exprese en las calles, que imponga a través de la movilización un programa efectivo con las medidas antes expuestas o las que sean necesarias para enfrentar cualquier tipo de violencia patriarcal, contra los feminicidios, contra la explotación y precarización laboral, , contra la austeridad de la 4T y por aborto legal, seguro y gratuito.

Te invitamos a conocer a la agrupación de mujeres Pan y Rosas.