No es un 24 de Marzo más. La “democracia” cumple 40 años, pero gobiernan los apologistas de la dictadura. ¿Nadie se va a hacer cargo de cómo se llegó hasta acá? El régimen político formateó la impunidad y preservó el aparato represivo. Los que mandaban en 1976, siguen mandando. Razones para que este domingo colmemos la Plaza de Mayo, aún con diferencias que se plasmarán en dos documentos. Ellas y ellos, presentes, siempre.
Daniel Satur @saturnetroc
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Sábado 23 de marzo de 2024 13:22
Foto Enfoque Rojo
El refranero popular acuñó una frase cargada de sentidos: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud” . Y es bueno abrir con ella esta columna, en estas horas en que se cumplen 48 años del golpe cívico-militar-eclesiástico que inauguró un plan oficial de exterminio de los sectores más combativos de la clase trabajadora y los sectores populares. Un plan ejecutado por las Fuerzas Armadas, las policías, los servicios penitenciario y de inteligencia y las bandas paramilitares al servicio del gran empresariado nacional y multinacional.
Los muertos que ellos mataron, los secuestrados que tiraron vivos al mar, las detenidas que violaron, las niñas y los niños que se robaron, las familias que desmembraron; están sanos y salvos en la memoria popular. Están vivos y fuertes en nuestras Madres y Abuelas, en tantas hijas, hijos, nietas, nietos y en esa militancia multigeneracional que no olvida, no perdona y no se reconcilia con los perversos engranajes de la maquinaria genocida.
Este domingo daremos una muestra más de reivindicación total a nuestras y nuestros 30 mil detenidos desaparecidos, como también de nuestra lucha por recuperar a todas las mujeres y los hombres aún apropiados y por terminar con la impunidad y la represión. Las de ayer, pero también las de hoy.
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Los nefastos efectos del genocidio, anticipado por el accionar de la Triple A y el Operativo Independencia tucumano pero exponencialmente profundizado desde el 24 de Marzo de 1976, ya son archiconocidos en todo el mundo. Desde el Oscar a La Historia Oficial en 1986 hasta la reciente calificación de Patrimonio Mundial, por parte de la Unesco, de la ESMA como símbolo del accionar megacriminal de la dictadura; nadie, excepto los interesados negacionistas, puede desconocer lo que pasó en Argentina.
Por eso las masivas movilizaciones de cada 24 de Marzo ya son patrimonio de nuestra sociedad. Aún cuando en esas marchas se crucen quienes defienden a determinados gobiernos con quienes son y fueron siempre independientes de todos los partidos del régimen, la sola masividad que se renueva cada año es muestra fiel de la lucha social y cotidiana por la memoria, la verdad y la justicia.
Frente a esa lucha que, generación tras generación, sigue gritando “¡presentes!” en plazas, calles, escuelas, universidades y lugares de trabajo, en estos tiempos vienen floreciendo discursos y acciones negacionistas, especialmente interesados en deslegitimar (con abundantes operaciones y fake news) a esa fuerza colectiva y provocarla con amenazas de nuevos indultos (como los del peronismo noventista) o reformas legales que garanticen más impunidad (como las del alfonsinismo ochentista).
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Cuando esos discursos pasan de largo en un cuerpo social cada vez más preocupado en llegar a poner un plato de comida en la mesa, de las palabras en apariencia marginales puede pasarse a los hechos. El reciente ingreso de una patota a la casa de una militante de H.I.J.O.S. , donde la torturaron y abusaron sexualmente dejando en la pared de su pieza la leyenda “VLLC”, denota que los límites tolerables a nivel político-social se hicieron cada vez más difusos en una sociedad en la que la impunidad está más naturalizada que la posibilidad de comer dos veces al día.
Los huevos de la serpiente
Existe en este tiempo una aparente paradoja: justo cuando la “democracia” cumple 40 años y otra película, 1985, vuelve a competir por un Oscar, llega al gobierno un grupo de reivindicadores de aquella dictadura, que se propone dar una supuesta “batalla cultural” contra la verdad histórica como parte de un plan general de guerra contra las condiciones de vida de las mayorías populares.
Paradoja doble, ya que atacan esas condiciones de vida al tiempo que aseguran estar mejorándolas. Son quienes trabajan incondicionalmente para los dueños del país, esa verdadera “casta” parasitaria e hipermillonaria a la que Javier Milei y sus acólitos benefician con cada medida milimétricamente pensada para complacerlos.
Cómo es posible, se preguntará quien finja ignorancia, que hoy nos gobierne esta caterva de chetos de la Corporación América mezclados con rancios herederos de los genocidas, exfuncionarios menemistas, brokers de la bolsa, tiktokeros y pastoras evangélicas de familia numerosa. ¿En serio es posible preguntarse cómo es posible que La Libertad Avanza haya llegado a la Casa Rosada?
Ante todo, habrá que responder que el libertarianismo en 2023 logró venderle a una buena parte de la sociedad lo que derivó en una estafa electoral, casi piramidal. Porque al final la “casta” éramos las millones de trabajadoras y trabajadores del país y no los exportadores, los banqueros, los buitres financieros, los monopolios alimenticios y de bienes esenciales, las mineras, las petroleras, las distribuidoras de luz y gas, los agroindustriales.
Quienes seguirán ganando con Milei y su banda de forajidos son los mismos que hace 48 años golpearon las puertas de los cuarteles, les dieron la llave de la Rosada a los generales, almirantes y brigadieres y les ordenaron hacer el trabajo sucio de barrer con quienes luchaban por una vida que valiera la pena ser vivida, sin explotación ni opresión para nadie.
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Pero cómo es posible, se insistirá. Imposible dar una respuesta absoluta. Pero algunas causas, convergentes, pueden identificarse. Como dice Myriam Bregman, Milei y Villarruel no cayeron del cielo. La diputada trotskista afirma que, por un lado, hubo una profunda decepción popular con el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó prometiendo “llenar la heladera” y se fue dejando un 44 % de la población empobrecida.
Por otro lado, como dice Bregman, no sólo hubo una “inflación” del candidato libertariano por parte de las corporaciones mediáticas sino que desde sectores del propio peronismo apuntalaron a Milei, buscando dividir el voto de la derecha para mejorar la performance electoral. Como el tiro les salió por la culata, hoy nadie quiere hablar del tema. “Nunca aclararon eso que dijeron Berni y Grabois, que Massa le armó parte de las listas a Milei”, inquiere la diputada del PTS-FITU.
Pero la colaboración de parte del peronismo con la llegada de Milei y Villarruel al poder no se limita a esos “deslices” de campaña. Tampoco son de las cosas más “graves” el pasaje a las filas de LLA del exvicepresidente, exgobernador, excandidato presidencial y exembajador kirchnerista Daniel Scioli o el cruce de vereda del gobernador tucumano y sus diputados a favor del Gobierno.
Todos los gobiernos constitucionales aceptaron la “herencia” económica dejada por las juntas militares, desde la ilegal y fraudulenta deuda externa (cíclicamente abultada y refinanciada) hasta la pobreza generalizada (con un “piso” de un cuarto de la población que fue creciendo), pasando por infinidad de leyes y decretos (aún vigentes) firmados por Videla, Massera y compañía, todos favorables a los magnates de la Argentina “occidental y cristiana”.
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A su vez, mientras desde la propia Casa Rosada se instaló la consigna de “Nunca Más” para exorcizar todo nuevo intento de golpe de Estado, el propio régimen se encargó de preservar el aparato represivo y los dispositivos institucionales que habían sido usados para el genocidio. Para ello, en la renaciente democracia capitalista se institucionalizó oficialmente la teoría de los dos demonios, equiparando al terrorismo de Estado con el accionar de guerrillas (que, encima, para marzo de 1976 estaban ya diezmadas). Así, al tiempo que por la enorme presión social se juzgó a las juntas militares que dieron las órdenes generales, gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos se mantuvo por décadas a salvo a las tropas que ejecutaron el genocidio.
Desde el CeProDH, organismo del cual Myriam Bregman es miembro fundadora, afirman que el hecho de que los juicios por los crímenes de la dictadura se sigan haciendo hoy, cuatro décadas después de cometidos los hechos, habla de dos factores. Por un lado, habla de la lucha incansable de sobrevivientes, familiares, hijas e hijos recuperados y organismos acompañados por amplios sectores sociales en la exigencia de juicio y castigo. Pero por otro lado, también habla de esos años de impunidad, de juicios a cuentagotas y parcelados (habilitados recién cuando el régimen tuvo que anular aquellas normas nefastas) donde las pruebas las reúnen las víctimas mientras el Estado guarda celosamente todos los archivos de la dictadura (tanto los propios como los de las corporaciones y los de la Iglesia católica) como parte del pacto de impunidad entre genocidas y “demócratas”.
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En palabras de Bregman, ese pacto de impunidad con los genocidas “se renueva cada día, se siguen cometiendo los crímenes como la desaparición cuando siguen sin decir dónde están los niños que fueron apropiados, dónde están los restos de Rodolfo Walsh y de tantos otros. Ellos construyeron su impunidad y ahora dicen que son demasiado grandes para estar en prisión”.
Pero hay algo más. Si, como dicen los datos oficiales, en cuarenta años de gobiernos constitucionales apenas se llegó a condenar, en promedio, a poco más de un represor por cada uno de los 800 centros clandestinos de detención identificados, ¿qué pasó con el resto del personal que durante siete años secuestró, torturó, mató, desapareció y robó identidades a 30 mil personas?
Sin exoneraciones masivas ni mucho menos difusión de los listados de uniformados y civiles que actuaron en el aparato represivo, decenas de miles de ellos siguieron en funciones. Acudieron honrosos a reprimir huelgas y cortes de ruta a pedido de todos los gobiernos “democráticos”, sin excepción. Siguieron infiltrándose en organizaciones populares y pasando información a los centros de espionaje de las fuerzas y de la SIDE (hoy AFI). Se reciclaron como “servidores públicos” y nunca se apartaron de la sociedad.
Por eso el gatillo fácil es un deporte muy común para policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios. Por eso se tortura con naturalidad en comisarías y cárceles. Por eso en Argentina las desapariciones forzadas de personas no terminaron en 1983. Por eso en cada banda criminal, desde narcos hasta trata de personas, siempre hay efectivos de todas las fuerzas. Por eso, también, la persistencia de esos sectores en reaparecer con sus mentiras y provocaciones.
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No debería sorprender entonces que con la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, muchos casilleros del Estado “democrático” hayan sido ocupados por viejos y nuevos apologistas de la dictadura. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo de Investigación Política (EDiPo), “el avance de militares más llamativo y preocupante está aconteciendo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde según distintas fuentes cinco expertos en espionaje que provienen de las Fuerzas Armadas ocupan puestos claves de conducción”.
Hay otros ejemplos. Como el del nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército Carlos Presti, hijo del genocida coronel Roque Carlos Alberto Presti, condenado a perpetua por varios crímenes y a quien su heredero siempre reivindicó. O el del flamante director de Fabricaciones Militares Hugo Pascarelli, ex CEO de corporaciones como Monsanto, Delphi y Famare e hijo del genocida coronel Hugo Pascarelli, también condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.
La imbricación de militares, agencias de inteligencia y ministerios como los de Seguridad y Defensa comandados por personajes como Patricia Bullrich y Luis Petri, es concordante con los intentos oficiales de involucrar, una vez más, a las Fuerzas Armadas en tareas de “seguridad interior”, con la excusa poco seria de que así se combatirá mejor al “narcoterrorismo” en Rosario. Como si ese entramado de terror no estuviera, ante todo, garantizado por el propio Estado a través de diversos actores y de los grandes capitalistas con sus puertos privados.
Pero para poder consumar su plan, los funcionarios de Milei se apoyan en leyes ya existentes (más allá de que proponen nuevas reformas), como la Ley Antiterrorista promulgada durante los gobiernos kirchneristas a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quien no vea esta realidad, finge demencia. Es tiempo de hacerse cargo en serio.
No pasarán
En estos días previos al 24 de Marzo se dieron ataques alarmantes contra sobrevivientes y militantes. Como el que sufrió la compañera de H.I.J.O.S.; o como las amenazas y mensajes intimidatorios que denunció Teresa Laborde Calvo, hija de la recordada Adriana Calvo; o como la pinchadura del teléfono de Estela de Carlotto que quedó en evidencia durante una entrevista radial; o como seguramente muchos otros que aún no fueron denunciados.
Marchar con decisión, ser miles este 24, tiene que ser la respuesta contundente a estas provocaciones. Porque motivos tenemos de sobra, pero aún falta demostrar masivamente en todas las plazas del país que no nos van a callar, que al negacionismo de un gobierno que justifica los crímenes de lesa humanidad y que gestiona para los mismos intereses capitalistas que promovieron aquel golpe, se lo enfrenta en las calles.
Este 2024, a más de tres meses de gobierno de ultradecha, teníamos la enorme oportunidad de reventar Plaza de Mayo para dejar bien en claro que son 30 mil, que fue un genocidio y que la masividad puede contra cualquier protocolo represivo. Como coherentemente propuso el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), todo estaba dado para “una plaza y dos documentos”, confluyendo unitariamente los distintos espacios que convocan a marchar y, a la vez, permitiéndoles a todas y todos escuchar las diferentes posiciones y sacar sus conclusiones.
La negativa a “una plaza y dos documentos” fue rotunda de parte de algunos organismos de derechos humanos históricos. Se niega, así, la posibilidad de que en un mismo escenario miles y miles puedan escuchar tanto el documento de Madres, Abuelas, H.I.J.O.S., la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otros, como también el de las decenas de organizaciones que integran el EMVJ.
Las diferencias, aunque muchas veces no lo parezcan, son importantes. Hay quienes durante el kirchnerismo se vincularon de tal manera al Estado que terminaron perdiendo su independencia política. Y hay quienes desde el primer momento señalaron, con total independencia, las lamentables consecuencias que traían esa cooptación y la integración al Estado. Muchos de los primeros terminaron desmovilizados y en silencio (o a lo sumo con tibias declaraciones) frente a las represiones sufridas por el pueblo y la criminalización de la protesta durante los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y de Alberto Fernández. Hasta se llegó a decir, ciegamente, que en esos períodos “no se reprimió a nadie”. Consecuencias lamentables de haberse integrado al Estado.
Esos mismos compañeros y compañeras se niegan hoy a exigirles con todas nuestras fuerzas a las burocracias sindicales un paro nacional como parte de un plan de lucha urgente ante el ajuste, los despidos y el desbarranque de nuestras condiciones de vida. Más aún cuando las conducciones de la CGT y las CTA parecieran preferir “darle tiempo al gobierno” y hasta algunos de sus dirigentes reconocen que se sentarían a “discutir una reforma laboral”.
Imposible soslayar que de esa dirigencia sindical actual es fiel exponente Gerardo Martínez, añejo secretario general de la Uocra, servidor de todos los gobiernos y exbuchón del Batallón 601 del Ejército durante la dictadura. Como cada 24 de Marzo, luchamos contra esos traidores de la clase obrera y homenajeamos a la generación que en 1975, poco antes del golpe, llegó a imponerle a la CGT una enorme huelga general contra el gobierno peronista para tirar abajo el brutal plan de ajuste conocido como "Rodrigazo".
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¿Cómo es posible que en una movilización en defensa de los derechos humanos haya quienes se nieguen a decir algo de todo esto? ¿Por qué organismos con mucha historia encima no escatiman dureza contra Milei pero se resisten a denunciar a los gobernadores peronistas que aplican planes de ajuste y represiones empáticas con los deseos de La Libertad Avanza? Para no hablar de la ausencia de un balance serio sobre la fallida experiencia del Frente de Todos , a la cual apostaron todas las fichas pero terminó reforzando las ataduras del país al FMI y le abrió la puerta de entrada a la presidencia libertariana. Como se dijo en esta otra nota, no “son detalles” los que impidieron que haya un documento único este domingo en Plaza de Mayo.
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El EMVJ , y dentro de él el CeProDH y el PTS, a pesar de las presiones disfrazadas de “unidad”, “diálogo” o de “hacerle el juego a la derecha”, siempre mantuvo su independencia respecto del Estado y sus gobiernos. Hemos demostrado coherencia y consecuencia en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas militares, civiles y eclesiásticos; en la exigencia de apertura de los archivos del genocidio; en la denuncia a los responsables de las desapariciones de Jorge Julio López en 2006 (a quien Myriam Bregman representó como querellante contra Miguel Etchecolatz), de Luciano Arruga en 2009, de Daniel Solano en 2011, de Santiago Maldonado en 2017, de Facundo Castro y Luis Espinoza en 2020; en la lucha contra el gatillo fácil policial; contra las represiones a trabajadores o a familias que luchan por tierra para vivir, como en Guernica en 2020. Y en denunciar y luchar siempre contra lo que Rodolfo Walsh llamó “la miseria planificada” que es lo único que, hoy de nuevo, nos vienen a proponer el gobierno y los gobernadores, algunos disfrazando de “amable” su ajuste.
Para ser realmente independientes, ante todo se requiere no mirar primero quién gobierna y después ver si se sale a luchar o no. Siempre denunciar los atropellos a nuestras libertades democráticas y siempre defender nuestros derechos, especialmente los de los más explotados y oprimidos, son condiciones sine qua non de esa ubicación ante la historia.
Enfrentar a la ultraderecha que gobierna, con sus DNU y leyes hambreadoras, implica luchar hasta tirar abajo el protocolo represivo e impedir la cada vez mayor militarización de las barriadas populares. No se puede convalidar lo que hacen gobernadores como Axel Kicillof y Martín Llaryora, que acompañan esas políticas y hasta brindan apoyo logístico al nuevo plan ultrarrepresivo en Rosario. Menos aún lo que hacen las centrales sindicales, que dejan cada conflicto aislado de los demás, impidiendo que nuestra fuerza, como clase que todo lo produce, se despliegue a favor de nuestros intereses.
Comenzamos esta columna con la frase “los muertos que vos matáis gozan de buena salud” . Como cada 24 de Marzo, queremos homenajear a esa generación de luchadoras y luchadores que los mismos que hoy gobiernan el país, con los milicos como ejecutores, quisieron aniquilar. Ellas y ellos están vivos y fuertes. Que sus recuerdos, imposibles de acallar, sirvan para reavivar la llama revolucionaria que lo cambie todo de raíz. Están presentes, ahora y siempre. Ni olvido, ni perdón ni reconciliación.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc