Zaragoza en Común ha anunciado que la remunicipalización de los autobuses urbanos no es viable económicamente hasta el 2023. Mientras, la asamblea de trabajadores ha votado mantener los paros parciales después de cumplirse 55 días de huelga.
Sara Povo Zaragoza | @sarapovo
Viernes 5 de febrero de 2016
Foto: EFE
Los paros continúan
Los trabajadores y trabajadoras de los autobuses urbanos de Zaragoza han votado mantener los paros que comenzaron el día 10 de diciembre. Un conflicto por la negociación de un nuevo convenio, ya que el actual se encuentra bloqueado por la empresa y sujeto a un laudo de congelación salarial y de generación de trienios desde el 2013. En esa fecha, el ayuntamiento de Zaragoza -bajo gobierno del PSOE- concedió el servicio a ADO, una empresa mexicana.
Una lucha que lo es es también contra la reforma laboral de 2012 “que ha desarmado a los trabajadores”, en palabras de Javier Anadón, presidente del Comité de Empresa de AUZSA, quien sostiene en una entrevista a Izquierda Diario que “en estos momentos no tenemos herramientas legales que garanticen que lo que firmamos en el convenio luego se vaya a cumplir”
Por su lado la empresa no da señales de que vaya dar su brazo a torcer. De momento, ni siquiera tienen intención de sentarse a negociar para resolver el conflicto. La empresa ha llevado a los trabajadores a una situación muy difícil y es la máxima responsable del bloqueo en el que se encuentra el trasporte público de Zaragoza.
En este contexto de tensión, se han producido una declaraciones de Zaragoza en Común en las que afirman que no se podrá remunicipalizar el servicio, por lo menos, hasta el 2023, fecha en la que se acaba el contrato con la empresa. Así lo declaró el Consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero: “Esta contrata caduca en 2023, y será sólo cuando llegue a ese momento cuando se pueda plantear la remunicipalización, ya que no se puede asumir el coste que supondría hacerlo anticipadamente“.
Si la empresa incumple el contrato, la empresa se queda sin contrato
Resulta incomprensible que hoy planteen que no se puede remunicipalizar hasta que venza el contrato en el 2023, cuando saben perfectamente que el incumplimiento del pliego de condiciones es un motivo legal para romperlo.
Los y las trabajadores de AUZSA vienen denunciando diferentes irregularidades y demandando del Ayuntamiento precisamente que hagan cumplir estas condiciones. Así lo planteaba a Izquierda Diario el mismo Anadón: “Un resecaste unilateral, sin motivo aparente, supone un coste adicional al Ayuntamiento, pero nosotros lo que estamos planteando es que ante los reiterados incumplimientos por parte de la empresa y puesto que el Ayuntamiento no consigue que la empresa se comprometa a cumplirlo, que la rescate por acumulación de faltas graves, esto sería coste 0. Y en eso estamos trabajando, si la empresa cumple a rajatabla todas las condiciones del convenio y del pliego hay una concesión hasta 2023 y ahí está. Lo que no se puede permitir es que un Ayuntamiento que representa a toda una ciudad ceda ante el chantaje de una multinacional que está incumpliendo los pliegos de condiciones “.
Control de los trabajadores en alianza con los usuarios para demostrar las constantes irregularidades
Hasta hoy, son los inspectores y funcionarios del Ayuntamiento los encargados de realizar los expedientes sobre el grado de cumplimiento del pliego de condiciones. Una labor que se viene alargando y se dilatanto enormemente en el tiempo. En una asamblea de trabajadores de AUZSA, en la que estuvo presente el Alcalde junto a otros miembros del consistorio, Alberto Cubero pedía más tiempo y paciencia porque eran nuevos en el Ayuntamiento y les estaba costando aclimatarse y aprender cómo hacer estas inspecciones, entre otras cuestiones.
Pero ¿Acaso no están los trabajadores y trabajadoras de AUZSA capacitados para hacer esta labor mejor que nadie? ¿Quién puede mejor que ellos y ellas vigilar a la empresa? ¿Quién conoce mejor todas la irregularidades? ¿Quién esta día a día enfrentándose a ellas? No es paciencia lo que hay que demandar de los trabajadores y trabajadoras, porque son estos los que pueden poner en sus manos esta tarea y llevarla adelante mejor que nadie. Una comisión de trabajadores y trabajadoras elegida por la asamblea sería la forma más sencilla y rápida de abordar este tema.
Éstos, en alianza con el Observatorio de Control de las Contratas -compuesto por asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones de consumidores y partidos políticos-, son los que deben de llevar adelante esta tarea. Este observatorio fue atacado recientemente en el pleno del Ayuntamiento cuando el PP, el PSOE y Ciudadanos presentaron y aprobaron una moción para acabar con el mismo. Aunque parece ser que algunos miembros de ZeC han declarado que seguirá en marcha a pesar de la decisión del pleno.
La unidad de esta comisión de trabajadores con el Observatorio de Control de las Contratas fortalecería esta decisión de seguir adelante, a pesar de haber sido censurado por el pleno del ayuntamiento. Además afianzaría enormemente la unidad y la solidaridad entre los trabajadores y los usuarios del servicio público del transporte. Sería la mejor forma para presionar al Ayuntamiento para que verdaderamente deje de lado el chantaje de la empresa y acabe con el contrato por incumplimiento.
Los trabajadores en alianza con los usuarios deben ser los que controlan a la empresa, los que realizan los expedientes para demostrar los incumplimientos del pliego de condiciones y romper el contrato, sin indemnización. Y el Ayuntamiento debe asumir esta demanda que estaría más que fundamentada. Según Zaragoza en Común, no se puede asumir el coste de la remunicipalización del transporte público por las altas indemnizaciones. Pero queda claro que no habría que asumir ninguna indemnización si esto fuera así.
