Según quienes dejaron sus cargos, se hacía “Imposible” desarrollar su tarea bajo el gobierno de Cambiemos. Leé la declaración completa de las científicas y los científicos.
Viernes 8 de julio de 2016 15:54
El Comité Asesor del Consejo Nacional de Bioética que funciona desde el año 2011 con dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y cuya función es “velar por la defensa del derecho humano a una vida sana”, presentaron su renuncia porque afirman que es “imposible cumplir con su misión” de asesores de un gobierno que “es el mismo que pone en riesgo el futuro de los habitantes del país”.
Denuncian las políticas del gobierno de Mauricio Macri que favorecieron a una mayor desigualdad entre los ricos y las amplias mayorías pobres, como los tarifazos, la quita de retenciones al campo y a la minería, el nuevo endeudamiento y el desempleo creciente.
Resistiendo con aguante
Los exasesores consideran que “en el ambiente de corrupción institucional que evidencian las medidas implementadas por el ejecutivo, es imposible desarrollar ninguna tarea de defensa de los derechos humanos”. Curiosa definición de parte de quienes pudieron desarrollar su tarea durante años como parte de un gobierno que contenía con total tranquilidad a José López, Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros.
La década ganada dejo 8.4 millones de pobres. Y en solo seis meses de gobierno de Macri esa cifra subió más de 4 millones. Esto evidencia que no se puede tener una resistencia inmóvil y esperar a volver en el 2019.
Los renunciantes aclaran que sería “una ingenuidad pensar que desde el Consejo podría revertirse cualquiera de las medidas mencionadas”. Lo cual es real, ya que sólo la organización y movilización de los trabajadores y el pueblo en su conjunto van a poder revertir las políticas de un “gobierno para ricos”.
Aquí se reproduce el texto completo de la declaración de los científicos.
Buenos Aires 4 de junio de 2016
A los miembros de la comunidad
Los abajo firmantes pertenecimos hasta el 10 de diciembre de 2015 al Comité Asesor del existente entonces Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos, creado por el Dr. Eduardo Duhalde, en el año 2011, en dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La función de un Consejo Nacional de Bioética es fundamentalmente velar por la defensa del derecho humano a una vida sana. Este derecho supone básicamente el reconocimiento de la dignidad humana como derecho fundamental.
Esto implica mucho más que la atención a la enfermedad, tiene que ver con el control ético de las investigaciones biomédicas que se lleven a cabo a nivel nacional y provincial, con la promoción de la salud custodiando el derecho a una alimentación sana y a agua potable, con la vigilancia respecto de la igualdad del derecho a los medicamentos, a un ambiente sano, a condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de niños, adultos y ancianos, con la promoción del reconocimiento de la diferencia en la igualdad de derechos.
La Argentina ha sido protagonista, junto con otros países de la región, de la redacción de la Declaración de Bioética y Derechos humanos de la UNESCO donde todos estos derechos se ven reconocidos ampliamente y es el deseo de quienes firmamos este documento que pudiera seguir acompañando a quienes los promueven en la región y en el mundo.
El gobierno al que presuntamente el Comité Asesor del Consejo Nacional de Bioética debiera “asesorar” en cuestiones de salud y bienestar, es el mismo que pone en riesgo el futuro de los habitantes del país al volver a endeudarse en seis meses por cifras inéditas, que ha generado desigualdades evidentes al transferir riqueza de sectores pobres y medios de la comunidad a los más adinerados, que avala con su política económica el desempleo y la disminución de la producción industrial cuya consecuencia, el empobrecimiento de las clases medias y pobres, es conocida por todos e incluso reconocida por sus propios economistas.
Es el mismo gobierno que desconcierta con marchas y contramarchas respecto de cuestiones tan importantes como pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, y solo da marcha atrás cuando el escándalo generado alcanza proporciones intolerables, que gobierna mediante decretos, que le quita a la sociedad el poder sobre las fuerzas armadas, que aumenta las tarifas de servicios públicos indispensables para la vida, en proporciones insostenibles para los hogares, que desconocela necesidad de mantener activas fuentes de trabajo de producción nacional como base de una economía sustentable y al mismo tiempo criminaliza la protesta social.
Los abajo firmantes consideramos que en estas condiciones será imposible cumplir con la misión del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos de resguardar, promover y garantizar el derecho a una vida sana de los argentinos, y que permanecer en su Comité Asesor contribuiría a convalidar las políticas contrarias al bienestar de los argentinos que promueve el ejecutivo.
En consecuencia, hemos decidido renunciar a nuestros cargos en dicho Consejo pues consideramos que en el ambiente de corrupción institucional que evidencian las medidas implementadas por el ejecutivo, es imposible desarrollar ninguna tarea de defensa de los derechos humanos sin que de algún modo sea desvirtuada por el contexto.
Ninguna buena voluntad individual, pretendiendo dar cabida a derechos humanos, puede imponerse a un sistema que de por sí los ignora. Sería una ingenuidad pensar que desde el Consejo podría revertirse cualquiera de las medidas mencionadas, y también creer que la política futura de este gobierno tendrá otro signo.
La declaración la firman Claudio Capuano, Juan Carlos Celhay, Ignacio Maglio, Ricardo Martínez, Víctor Penchaszadeh, María Luisa Pfeiffer, María Isabel Zuleta.
