Actualidad. Repercusiones de la audiencia pública por el tarifazo del gas

El día de ayer, tomaron lugar las Audiencias públicas por los aumentos en los servicios de gas en todo el país. En cada provincia donde fueron realizadas, se repitió la misma escena: vallas, restricciones a los ingresantes y a la prensa, fuerte presencia policial e incluso amedrentamiento a los asistentes como en el caso neuquino (donde finalmente fue suspendida).

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En la Ciudad de Buenos Aires, el lugar escogido fue la Usina del Arte, ubicada en el barrio de La Boca. El mismo amaneció vallado y custodiado. No es casual. La Audiencia, impuesta mediante un fallo de la Corte Suprema, surgió a partir del descontento social que provocaron los tarifazos y que habían encontrado un pronunciamiento en las calles, mediante marchas y cacerolazos durante los llamados “ruidazos”.

Sin embargo, el operativo de seguridad no pudo ocultar el rechazo a lo que sucedía dentro del edificio; y distintos partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, efectuaron un corte que duró hasta el mediodía.

Desde las 7 hs, el PTS en el Frente de Izquierda se concentró en las calles Almirante Brown y Benito Pérez Galdós para luego dirigirse a las inmediaciones de la Usina del Arte. El dirigente de esta fuerza, Christian Castillo, manifestó: “estamos haciendo esta protesta para decir no al tarifazo y pedir su anulación”. Denunció que “ésta es una audiencia muy vaciada porque no se va a discutir algo central como es el precio del gas a boca de pozo, que es el 70 por ciento de la tarifa”. También estuvieron presentes Claudio Dellecarbonara, dirigente del sindicato del Subte (AGTSyP), Patricio del Corro, legislador porteno por el PTS/FIT, el ex candidato a presidente, Nicolás del Caño, y la diputada nacional, Myriam Bregman.

La CGT no participó de la movilización mostrando, una vez más, que su tregua va “en serio”. Sergio Palazzo, dirigente del gremio de bancarios que lidera la Corriente Federal de Trabajadores -que nuclea a cerca de 30 gremios de la central-, así como la CTA de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Michelli, sí adhirieron a la convocatoria, concentrando desde las 10.30 en la esquina de Brasil y Azopardo. Pero ninguno atinó a llamar a paro en sus respectivos gremios, lo cual se reflejó en la cantidad de participantes y en la contundencia de la medida.

Algunos sectores del kirchnerismo se hicieron presentes. Entre estos se encontraban delegaciones poco numerosas de La Cámpora, Nuevo Encuentro, Descamisados y el Movimiento Territorial de Liberación.

El presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria, Mariano Recalde, mostró intenciones de impugnar judicialmente la audiencia sobre la base de la conformación “arbitraria” de la lista de ponentes. Había anunciado lo mismo semanas atrás debido que el precio de boca de pozo no entraba en la discusión, que muchos lugares del país quedaban por fuera de la discusión y criticando que la audiencia pública no era vinculante (aunque aseguraba que era “imposible” modificar la norma).

Efectivamente, la negativa del gobierno a incluir en el debate el precio de boca de pozo que se paga a las empresas productoras (y que representa casi el 70% del valor de la tarifa) fue una de las principales críticas de la oposición. A su vez, la denuncia de que esta instancia no es vinculante (por lo cual el gobierno puede desoír todo lo que allí se plantee) no es novedosa: fue uno de los principales motivos por los cuales la izquierda exigió el llamado a un paro nacional activo, para que millones de trabajadores pudieran expresar su descontento en las calles.

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El Gobierno llegó a la instancia de la Audiencia con una decisión consumada: concretar los aumentos.

Dentro del edificio, desfilaron distintos empresarios (entre los que se encontraron representantes de las dos transportadoras de gas y de las nueve distribuidoras) y funcionarios de Cambiemos que se dedicaron a respaldar las subas en las tarifas. Juan José Aranguren, fue el primero en exponer. El Ministro de Energía y ex CEO de Shell, defendió una suba promedio del 203% (respecto a marzo de 2016), habló de un ajuste semestral y previó la quita total de subsidios entre 2019 y 2022.

En una entrevista del día de ayer por la noche, Nicolás del Caño, concluía: “Tienen la decisión tomada por eso insistimos en que esto se frena con un verdadero plan de lucha de los trabajadores, con un paro nacional activo”.