DESPOJO. Reportan agresiones contra comunidades de la sierra de Puebla opuestos a hidroeléctrica

El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) es uno de los megaproyectos que pretende continuar la administración de López Obrador. Se trata de una planta hidroeléctrica en el río Ajajalpan, en una zona rica en recursos naturales.

Ya desde 2017, en tiempos de Peña Nieto, los habitantes de varios municipios habían declarado estar en contra del PHP1. Denunciaron que la empresa que obtuvo la concesión, Comexhidro, a través de su su filial Deselec, los había engañado prometiendo progreso en la zona.

Sin embargo, la creación y viabilidad del proyecto se hizo sin su consulta previa, siendo ésta básicamente un recurso legal que buscaba dar luz verde al inicio de las obras en lugar de que los habitantes pudieran participar en la planificación del mismo. En su sitio web, Comexhidro alega ser una empresa que busca hacer obras "en armonía con el medio ambiente, beneficiando a los habitantes de las localidades en donde realizan los proyectos, así como al país".

Por el contrario, el PHP1, según lo constató la entonces PGR, tendría impactos negativos al ecosistema de la región, ya que pretende hacer desvío del cauce del Ajajalpan, reducir el hábitat de especies, reducción de la calidad del agua y provocaría mayor creación de gases de efecto invernadero. Llama la atención que el proyecto, lejos de beneficiar a los habitantes de la región, como la empresa había prometido, en realidad busque dar energía a las grandes empresas: Walmart de México, Suburbia, Vips, Colchas de México y Waldo’s Dollar Store.

Recientemente, un juez federal negó el amparo que los habitantes habían interpuesto para la continuación del PHP1 bajo el argumento de que éstos no tendíran una relación económica o religiosa con el río, así como desestimar los peritajes independientes que ellos presentaron.

Ahora, miembros de las comunidades en resistencia de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán denunciaron haber sido agredidos y criminalizados. De igual forma señalan “la generación de un ambiente de tensión y desconfianza que busca dividir a las comunidades para dar paso a la construcción del proyecto”. Y es que el controversial proyecto, si bien han externado su oposición miembros de las comunidades ya mencionadas (que en total suman alrededor de 26 mil pobladores), otros, como Xochimilco o Emiliano Zapata.

El gobierno de López Obrador da continuidad a los procesos de despojo de las comunidades originarias, a lo que se suma la persecución de defensores del medio ambiente, como fue el asesinato de Samir Flores por oponerse a la Termoeléctrica de Huexca en el estado de Morelos.