El martes primero de noviembre se impidió la entrada al penal federal, donde funciona el CENS 3-494, a cuatro docentes que habían firmado el día viernes 28 de octubre una nota dirigida al Jefe de Educación del Servicio Penitenciario Federal, solicitando jarras con agua potable para el curso. El hecho ocurrió en el marco del corte de agua para consumo y para higiene que sufren todxs lxs internxs del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo desde hace varios días.
Martes 8 de noviembre de 2022 14:52
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
El día lunes 31 de octubre lxs trabajadorxs de la educación del CENS 3-494 y del CEBJA 3-218 asistieron a la escuela y se encontraron con la noticia, bridada por sus propios alumnos, de que el agua estaba cortada hacía 24 horas. La poca agua que llega para el consumo les está provocando a los alumnos y al resto de los internos diferentes enfermedades como vómitos y diarreas. Por tal motivo alumnos del CEBJA 3-218 y del CENS 3-494 junto a cuatro de sus docentes enviaron una nota al jefe de educación del servicio, Jesús Burgori, solicitando se pueda llevar al aula agua potable. El día martes 1 de octubre, a una de las docentes firmantes se le negó la entrada al penal y le comunicaron que también la tenían negada sus tres compañeros firmantes.
El día viernes 4 de noviembre les llegó a lxs trabajadorxs afectados vía mail de parte del correo oficial de la DGE de la 3-494 un aviso donde se notificó al CENS "la supervisión sección VII CENS se dirige a usted con el fin de informar que los docentes que se detallan a continuación deberán cumplir su horario en el núcleo (SPP) Almafuerte hasta tanto se informe que [qué] realizar realizar o cumplir en el SPF (anexo)". A continuación se detallan los cuatro nombre de lxs trabajadorxs del CENS que firmaron una nota pidiendo agua. Luego se informa que una quinta trabajadora con horas administrativas en la misma escuela, quien acercó la nota a los cursos, deberá cumplir horario en la supervisión. Firmado por el supervisor Raúl Pulisich y notificado el jefe de Educación. Es decir, lxs trabajadorxs fueron trasladados sin motivo aparente o expreso. No se detalla en el mail oficial el motivo por el cual son castigados y removidos de sus lugares de trabajo.
Es una clara represalia contra trabajadorxs de la educación que piden agua potable, un derecho humano básico. No solo la DGE incumple con el reglamento de higiene y seguridad y con la ley 19.587 donde están consagrados los derechos conquistados en cuanto a las condiciones de salubridad en las que deben estar las escuelas, sino además el Ministerio de Seguridad Nacional incumple con un derecho humano básico a no morir de sed sin agua estando en privación de la libertad.
Cualquiera que haya pisado una escuela sabe que allí pasan muchas más cosas que funcionan para las clases. En las escuelas la maestra es la que me reconoce, la que me transmite valores, la que se preocupa, la que pregunta si falta un alumno. La celadora es quien me contiene, quien me da una comida, quien me cuida. Exigir que se garanticen las condiciones básicas de salubridad para cualquier ser humano no solo es un derecho, es un deber. Sin embargo, sin dar explicaciones oficiales, el Servicio Penitenciario Federal,ataca a lxs docentes que defienden la educación pública, que piden garantías de derechos humanos básicos. Las autoridades de la DGE, DEPJA, la coordinación o la supervisión siguen sin dar explicaciones, hasta el momento, que confirmen o nieguen los hechos.
Es obligatorio preguntarse por qué la DGE en lugar de favorecer la labor de quienes defienden la calidad de nuestra educación pública y la vida de la comunidad educativa decide castigarlos. Cabe preguntarse ¿qué intereses defiende la DGE? ¿Los de las escuelas, trabajadorxs, alumnxs y comunidad educativa? ¿O los de quienes no quieren que se conozca esta violacion a los derechos humanos?
