El informe anual de Amnistía Internacional denuncia el viraje represivo y antidemocrático llevado a cabo en el Estado español derivado de la aprobación de la Ley de Seguridad y la reforma del Código Penal.
Lluis Ros Trabajador de McDonald's
Jueves 25 de febrero de 2016
En su informe anual, Amnistía Internacional vuelve a señalar al Estado español por su deriva de “recortes de libertades y derechos”. El informe centra sus denuncias en la Ley de Seguridad y la reforma del Código Penal. Denunciando que “se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestran “falta de respeto” o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.”
La ONG también critica el racismo institucional del gobierno del PP porque “ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha desoído las diferentes recomendaciones de organismos como el Comité de Derechos Humanos”. Unas reformas que entre otras cosas ha “legalizado la expulsión sumaria de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales”.
En este punto también se denuncia el hecho de que Rajoy haya dejado sin asistencia sanitaria a unos 750.000 inmigrantes irregulares y el incumplimiento en la reubicación de refugiados sirios. “En el marco del régimen europeo de reubicación, España aceptó reubicar a 14.931 solicitantes de asilo antes del final del 2016; en 2015 sólo ofreció 130 plazas de reasentamiento”
La crítica más contundente se la llevan las reformas en lo referente a materia antiterrorista. Amnistía Internacional denuncia que la definición de terrorismo, modificada en la última reforma del Código penal, “es tan vaga que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de libertad de expresión”.
Durante el gobierno del PP miles y miles de jóvenes han sido multados por ejercer el derecho democrático a manifestarse, muchos detenidos han sufrido abusos y torturas en las comisarías, varios huelguistas han ingresado en prisión por haber participado en piquetes, jóvenes luchadores presos bajo el Régimen FIES -como Alfon- y otros tantos a la espera del juicio, anarquistas acusados de terroristas bajo la invención de atentados por parte del Estado.
También hemos visto condenas de un año de prisión por un tuit o procesos abiertos, como el de César Strawberry cantante del Def Con Dos, acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por 6 tuits y un retuit. En febrero dos titiriteros permanecieron casi una semana en prisión por la representación de una obra de teatro en la que denunciaban la represión del Estado y la Iglesia. El mismo día en el que decenas de personas (entre ellos niños) disfrazadas de falangistas, en el carnaval de Santoña, desfilaban cantando el ’Cara al Sol’, con banderas franquistas y propiciando insultos contra inmigrantes e independentistas.
Las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y la del Código Penal representan un balón de oxígeno para el Régimen. Aumentando la política del miedo allanan el camino a la precariedad y la explotación ya que son la herramienta perfecta para perseguir y encarcelar a los que luchan contra el Régimen.
La ’casta’ enseña cada vez más sus dientes, pero los gobiernos del cambio no parecen actuar distinto. Esto no es una práctica exclusiva de la denominada ’vieja política’. Las fuerzas políticas del cambio también llevan a cabo esta represión. No hay que olvidar que Ahora Madrid apoyó y tubo la iniciativa en el caso de los dos titiriteros detenidos y que Ada Colau manda diariamente a la Guàrdia Urbana a reprimir a los manteros mientras se pone en contra de los trabajadores de metro, ya que no ve “proporcionada” su huelga durante el MWC (al que acude al lado de los grandes capitalistas).
Aún así, la ’casta sindical’ sólo se dedica a criticar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal mientras deja a un lado a los luchadores e impone paz social.
Los jóvenes, al igual que toda la clase obrera y los sectores populares, necesitamos organizarnos para luchar contra la represión del Estado y la patronal. Para ello es necesario construir organizaciones combativas que respondan ante los luchadores para poder pelear y poder dejar la represión y la precariedad atrás.
