Dos años y medio de cárcel para el joven que denunció un abuso físico producido en el centro de menores Tierras de Oria (Almería) de titularidad pública andaluza sucedido en 2011 y que saltó a los medios tras la difusión, años más tarde, de un vídeo en el cual se apreciaban los abusos.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 11 de noviembre de 2020
Foto: Entrada del centro de menores Tierras de Oria (Almería)
No es el mundo al revés, es el mundo donde las reglas dictan que a los jóvenes que por diferentes motivos deben acudir a los centros de menores se les debe estigmatizar y criminalizar. Más si son inmigrantes, más si son menores extranjeros no acompañados.
Una nueva muestra de estas reglas clasistas y racistas la hemos tenido este miércoles 11 de noviembre. El joven A.G, presidente de la plataforma centrosdemenores.es ha sido condenado a dos años y medio de cárcel y a una multa de 4.200 euros de indemnización por invasión de la esfera privada.
Pero vayamos por partes. En 2015 aparece en las redes sociales y es difundidos por varios medios de comunicación un vídeo donde se aprecia a un joven residente del centro de menores Tierras de Oria, inmovilizado con correas a la cama y boca abajo, lo que se conocería como una “inmovilización mecánica” que evita el movimiento del individuo que la sufre.
En las imágenes del vídeo se aprecia la brutalidad de la acción donde varios miembros de seguridad le sujetan y aprisionan (usando sus rodillas sobre brazos y espalda) para maniatar al joven que a duras penas puede simplemente gritar por el dolor y pedir que le dejaran de presionar contra la cama.
Este vídeo difundido en 2015 por A.G a través de varios medios de comunicación ha sido el motivo del fallo judicial. En primera instancia la Fiscalía de Menores de Almería reconoció la veracidad de las imágenes (no había manipulación alguna), pero archivó el caso al no apreciar infracción por parte del centro y de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre el menor.
No obstante las denuncias sobre el centro tras la difusión pública del vídeo propició que la denuncia siguiera su curso hasta nuestros días, con el conocido fallo. 2 años y medio de cárcel para A.G por invadir la esfera de la privacidad e intimidad. Por lo que respecta a los responsables de seguridad, de los tres sentados en el banquillo de acusados, dos quedaron en libertad sin cargos. El tercer acusado, mando del equipo de seguridad ha sido condenado a 23 meses de presión.
El propio A.G ha alegado que la difusión del vídeo tenía como objetivo denunciar la situación del centro, una denuncia que las autoridades judiciales, como la Fiscalía de Menores o el juzgado de Purchena (del cual hoy ha salido esta sentencia) jamás han querido tomar cartas en el asunto ante las numerosas denuncias que recaen sobre este centro. Ni tan siquiera esta vez, con prueba visual mediante, fue tramitada la denuncia por dicha Fiscalía.
Fue una muestra más de la dejadez con la que actúan los Tribunales ante lo que ahí estaba y está sucediendo. De hecho, lamentablemente, el mismo centro de menores volvió poco después, en 2019, a ser noticia.
El joven I.T falleció el 1 de julio del citado año tras ser inmovilizado con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de menores almerienses, es decir, las mismas prácticas que A.G quería denunciar con la difusión del vídeo en 2015.
Y no es el único que alza la voz. Trabajadores y educadores sociales del centro han denunciado en repetidas ocasiones que esas prácticas son habituales, algo que desde el inicio la propia Junta de Andalucía y el centro desmiente. De hecho, el famoso rapero granadino Ayax, del duo Ayax y Prok, denunció este mismo verano abusos sufridos en el centro durante su estancia.
Estos hechos ponen de manifiesto que los centros de menores son tratados por las autoridades como auténticos ghettos donde abandonar a su suerte a los jóvenes, una medida totalmente clasista y racista. Centros que en muchos casos, aún siendo de titularidad pública, como el caso de Tierras de Oria, son gestionados por empresas privadas. Las famosas empresas de “servicio”.
La búsqueda del lucro por medios más o menos legales de estas empresas, hace exprimir aún más los escasos recursos para maximizar beneficios. Una situación que pagan los trabajadores en forma de precariedad y los menores viendo sus derechos vulnerados de forma cada vez más sistemática. Una vulneración de derechos que cuando consigue saltar las paredes de esos centros en forma de denuncia es ahogada a base de mazo y toga.
Frente a esta situación deleznable que empuja a los jóvenes a vivir hacinados y sufriendo abusos físicos y psicológicos, es necesario pelear por un aumento drástico del presupuesto público para estos centros y que sean totalmente públicos, con ratios de educadores/menores como los que exigen los profesionales, que estén controlados y gobernados democráticamente entre éstos y los propios menores, garantía de plazas para continuar los estudios a coste cero y bolsas de empleo controladas por los sindicatos y no las patronales.
