La Policía de Córdoba, acostumbrada a defender los negocios patronales, reprimió el sábado pasado a los vecinos de Barrio Nueva Esperanza. Son cerca de 400 familias que ejercen desde hace tres años el derecho posesorio de las tierras.
Martes 1ro de diciembre de 2015
No tienen el derecho a vivir en la ciudad, y están obligados a retirarse a la periferia, que ahora también son tierras de grandes empresas inmobiliarias como GAMA S.A, entre otras. El barrio Nueva Esperanza linda con el Country San Isidro y el emprendimiento Barrio Norte de GAMA, con lo cual estarían ubicados en terrenos apreciados por sectores empresariales. En este contexto, las familias que habitan hace años esa tierra exigen la urbanización del barrio, acceder a los servicios básicos para vivir dignamente, pero en las últimas semanas hubo repetidas agresiones y aprietes por parte de empresarios y la Policía de Córdoba.
Los vecinos apuntan a que el violento desalojo responde a un negociado entre comisarios y la empresa GAMA. S.A.. El operativo del sábado dejó más de 80 heridos, destrucción completa de viviendas y robo de materiales de construcción por parte de la Policía.
“Sacaban del domicilio a ancianas, a mamás, a hijos, bebés; los tiraban en el suelo. Mujeres desnudas puestas contra el móvil. Una represión totalmente abusa (...) Acá hay algo oscuro. Por boca de los policías, los comisarios están recibiendo un dinero, un arreglo con GAMA”, señaló a la prensa Ariel Murúa, uno de los referentes del asentamiento.
“No vinieron con ninguna orden judicial ni nada. Su orden era que salgan todos de ahí porque estaban tomando las tierras. Nosotros hace mucho que estamos viviendo ahí (...) No quedó nada en el predio, como si nunca hubiese habido nada, un desastre. Nos robaron televisores, zapatillas, ropa, comida, leche, celulares, camas, herramientas. No quedó nada”, expresó Murúa, quien acusó que al ser la cara visible del proceso de toma es constantemente amenazado por personal policial.
La brutal represión muestra la continuidad de la política del gobierno de De La Sota, expulsar a los sectores más vulnerables de la ciudad. Bajo este gobierno se benefician las grandes empresas constructoras, no sólo accediendo a tierras fiscales y de la provincia; sino también son beneficiadas en infraestructura y servicios, que valorizan los terrenos y emprendimientos.
Las empresas Euromayor, Bugliotti, y otros amigos del gobierno como GAMA S.A., reciben además la ayuda de la Policía de la provincia para contener aquellos que durante años buscan construir una vivienda en los límites, ya que en la ciudad ya que en la ciudad se les negó la posibilidad.
En los últimos años, la provincia construyo 20.000 viviendas mediante planes, es decir 1.200 al año. Esto sigue siendo nada frente al gran problema de déficit habitacional, donde la necesidad ronda en las 300.000 viviendas. Es el Estado el responsable de garantizar vivienda digna a los trabajadores, generando acceso a viviendas para toda la población.
