La represión en el frigorífico Penta, en el corazón del conurbano bonaerense, pintó un bosquejo, una postal con una serie de contradicciones que se van entretejiendo en la alborotada paleta que abrió o profundizó la crisis abierta por el coronavirus. Las patronales muestran sus colmillos. El Estado actúa como garante de sus intereses. Los trabajadores ejercitan sus músculos ante enormes desafíos futuros. Medidas para que la crisis no sea descargada sobre los sectores populares.

En un país productor agropecuario y ganadero, en medio de una crisis social que se agrava segundo a segundo, una empresa que produce carne y que, lógicamente, podría abastecer y responder a las crecientes necesidades alimentarias de la población y que no viene pagando salarios, hace un lockout y amenaza con 250 despidos. Al mismo tiempo, en la mayoría de las escuelas de todo el país, los diferentes niveles del Estado reparten bolsones de comida con bajísimo nivel nutricional, sin verduras, sin frutas y, claro, sin carne.

Un gobierno, el de Alberto Fernández, luego de llamar “miserables” a los empresarios que despiden y de pedirles que “ganen menos” por el contexto de la crisis, publicó un decreto que prohíbe los despidos, aunque legitima y promueve las suspensiones con rebajas de sueldo. Su propio Ministerio de Trabajo firma los 1.450 despidos que impuso la principal empresa del país, Techint. Y un gobierno de su propio partido, el de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, en lugar de exigir que el empresario que despide en Penta cumpla con el decreto vigente, reprime a obreros que exigen, en los hechos, que esa normativa no sea un papel mojado en el que se borran las letras. Parece todo una escena de Teatro del Absurdo pero no: son los sinuosos contornos del capitalismo argentino en tiempos de pandemia. Los miserables mandan. El gobierno acata.

El despliegue de fuerzas de seguridad (e incluso de fuerzas armadas cándidamente presentado en sociedad como parte del dispositivo para repartir alimentos frente a la crisis social), muestra su rol como operativo represivo. En Penta, como sucedió en represiones bajo el macrismo, bajo el kirchnerismo y en épocas más oscuras de nuestra historia, los efectivos policiales se paseaban dentro del predio de la empresa, casi bajo mando de la misma, que hace una “apropiación privada” de una fracción del Estado. Pero no, no indultemos al gobierno: en Penta se vio el accionar coordinado de patronales, gobiernos y fuerzas represivas. Un spoiler, quizá, de lo que se viene.

El Estado no tiene un plan sanitario

Desde que estalló la crisis que planteó el desarrollo de la pandemia a escala global, la izquierda alzó su voz para exigir, haciendo una lectura de las experiencias en todo el mundo para combatir al coronavirus, las medidas sanitarias necesarias e irreemplazables. Más allá de recursos indispensables como jabón y alcohol en gel, reclamamos la realización de testeos masivos, ya que era la medida que epidemiólogos de todo el mundo habían certificado como exitosa en Corea del Sur, Taiwán, Alemania y otros países. El gobierno pasó de ignorar el problema a reconocer que estaba buscando reactivos sin poder conseguir en el mercado. El resultado: hoy Argentina es el país que menos testeos hace en la región, solo superada por Uruguay y Bolivia –con poblaciones mucho más pequeñas–. Con los barbijos pasó algo parecido: de desaconsejar su uso, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales publican ahora tutoriales para hacer barbijos con remeras usadas y bandas elásticas, rememorando sin gracia y con drama a los “macritips” legitimadores de una escasez que no es un “producto de la naturaleza”. El gobierno, de paso, esparce un discurso que naturaliza el ajuste actual del sistema de salud, diciendo que hay que responder “con los recursos limitados existentes”. Ni siquiera se revierte la burda herencia de ajuste macrista. Todo lo que falta es presentado como parte de un plan preconcebido por un liderazgo providencial.

El reclamo de compra o fabricación urgente de respiradores, la incorporación masivas de camas, pero no de cualquier tipo, sino de cuidados intensivos, así como el reclamo de testeos masivos, barbijos y alcohol en gel, además de recursos para los trabajadores de la salud, gana en urgencia y en importancia si queremos evitar una situación que se asemeje a la de los países europeos o a EE. UU. Sin ello, el gobierno nacional declara la “guerra” contra el enemigo invisible del coronavirus (que podría ser visto si se realizaran testeos), pero sin GPS, valiéndose casi exclusivamente de la cuarentena masiva. Cuarentena que, por lo demás, se convierte en una situación social y económica desesperante para millones.

Las patronales sí tienen un plan

Las empresas, sobre todo las grandes, hacen negocios. Siempre. Defienden sus intereses sin freno ni tapujos. Sus relojes no tienen agujas. Sus mecanismos no tienen sensibilidad ni sistema nervioso central. En tiempos normales, más o menos normales, en crisis, en emergencias o directamente en catástrofes, buscan la defensa de su ganancia, se mueven en función de la más que racional búsqueda individual (pero socialmente irracional) de ganancia privada. La cepa del coronavirus mutó. Pero el ADN del capitalismo no. Ni va a mutar.

Desde que comenzó la pandemia, las empresas armaron una agenda: aprovechar la conmoción para derrotar a los trabajadores, modificar la relación actual de fuerzas. Salir de la crisis paradas sobre los hombros de una clase trabajadora debilitada. Lo de Techint no es una decisión aislada, mucho menos si vemos que en Italia está a la cabeza de las empresas que pelean por funcionar en el medio de la “zona cero” de la crisis sanitaria, Bérgamo. Es el inicio de un plan. De un plan mundial de las empresas, incluso. Para ellos la crisis es una oportunidad, como así también para los “buitres” llamados con el eufemismo de “acreedores”, que cobran haya bonanza, pandemia o lluvia de meteoritos.

Las empresas quieren avanzar. ¿En qué? En todo lo que puedan. Empresas como Penta o Techint, en imponer su derecho bíblico a despedir. Garbarino, Mc Donalds, General Motors, Cinemark y otras, extorsionan a sus trabajadores con conservar sus puestos de trabajo si aceptan suspensiones con rebajas salariales de hasta un 70 %. Otras, como las aplicaciones de delivery, para dejar socialmente en claro que “sus empleados” son casi bienes de su cosecha personal, con los que pueden hacer lo que quieran, incluido hacerlos trabajar sin medidas básicas de salubridad.

Todas presionan al Estado para levantar la cuarentena y que las mayorías populares vuelvan a producir sin preocuparse –no nos sorprende– por medidas sanitarias que deberían garantizar por igual el Estado y las empresas. Tampoco les importa qué producir, ni cómo, ni para quién. Solo quieren volver a la normalidad de trabajadores en la línea y ellos en sus yates y countrys de lujo.

Por último, como si fuera un sonido perdido desde tiempos inmemoriales en lo oscuro del espacio y que cada tanto se acerca a nosotros, vuelven las voces que exigen, directamente, una nueva reforma laboral. No tenemos que permitir despidos salariales, ni rebajas de sueldo, ni cierres. El planteo de que toda empresa que despida sea puesta a producir bajo control obrero en función de un plan de emergencia producto de la cuarentena es una respuesta a la voracidad y a la “viveza” de los capitalistas.

Te puede interesar: Medidas de emergencia de la izquierda frente a la crisis del coronavirus

Control obrero, salubridad y producción racional

En empresas recuperadas, como en Madygrayf y en la textil Traful, las y los trabajadores se propusieron garantizar la producción de máscaras sanitarias y un gel sanitizante a base de alcohol, en un caso, y la producción masiva de barbijos en el segundo, para abastecer al sistema provincial de salud. Ahí mostraron que el control obrero y la democracia de base, es decir, la organización independiente de los trabajadores, podrían permitir reorientar la producción en función de un plan racional de respuesta a la crisis abierta. Si esto pudo hacerse en fábricas recuperadas, nada impide que se desarrolle en empresas privadas, hospitales y dependencias de “servicios esenciales”.

En cada lugar de trabajo necesitamos poner en pie comités obreros que garanticen, en primer lugar, la salud de los trabajadores y de usuarios y clientes de empresas que estén actualmente en funciones. Las medidas que desde la izquierda hemos planteado, desde el comienzo de la crisis de la pandemia, para que trabajadores tomen en sus manos el control de las medidas de seguridad e higiene, parten de garantizar el cuidado de su salud y de las vidas de los empleados de “servicios esenciales”, pero apuntan a consolidar la autoorganización de trabajadores y trabajadoras ante una crisis que se profundiza y frente a patronales que muestran las cartas para jugar fuerte la “mano” que viene.

La producción no puede estar orientada para llenar cajas de seguridad de los capitalistas: debe apuntar a resolver las necesidades sanitarias y sociales de las grandes mayorías populares. Toda la actividad productiva debería orientarse a responder a los requerimientos del sistema de salud y enfrentar el hambre y las carencias del pueblo trabajador. Para eso, los trabajadores deben dar un paso al frente, poniendo comités obreros con voz y voto a la hora de planificar la produccción y el trabajo.

Los trabajadores empiezan a decir presente y mirar al futuro

La miseria y el egoísmo de los capitalistas no arrasa con todo sin encontrar resistencias. En muchos lugares, empezando por el ejemplo de Penta que titula esta nota, trabajadoras y trabajadores saben o intuyen, pero sobre todo enfrentan, la política de choque de las grandes empresas que actúan con impunidad mientras el gobierno pone gesto adusto de enojado y enuncia quejas con dulce voz ronca pero cada vez menos sutilmente dice “siga, siga”, como el famoso árbitro de fútbol.

Al ejemplo de los obreros del frigorífico Penta se suman trabajadores de las empresas de comidas rápidas que denuncian la rebaja de sueldos y se organizan a nivel nacional. En muchos supermercados, como La Gallega o Carrefour, que son servicios esenciales, trabajadores y trabajadoras hicieron medidas de fuerza reclamando barbijos, mamparas, alcohol en gel. Fueron apoyadas por los clientes. Hemos visto organización de empleados municipales frente a despidos, movilizaciones de trabajadores de las aplicaciones y también acciones solidarias de docentes y personal auxiliar, que se han puesto al frente del reparto de alimentos en los colegios, frente al descarado vacío hecho por gobiernos de todos los signos políticos, y además denuncian que se entregan bolsones anémicos, solo con productos secos, empeorando la salud de los niños y niñas de hogares populares. En muchos de estos casos los trabajadores y las trabajadoras comienzan a agruparse en grupos de WhattsApp e incluso a realizar asambleas virtuales, utilizando las nuevas tecnologías como armas de organización.

Todos estos ejemplos han apelado a La Izquierda Diario como arma (como lugar) de organización, enviando denuncias, difundiendo notas, apelando al único diario en todo el país en el que pueden difundirse los reclamos de los trabajadores, las voces obreras, el subsuelo social ignorado por todos los grandes medios. Al silencio descarado e indisimulado de los medios y su subordinación a empresas (todos los diarios, excepto este, llamaron “incidentes” a la represión en Penta) y al gobierno, La Izquierda Diario ha opuesto una práctica distintiva. Decenas de denuncias por día, desde los cuatro puntos cardinales, llegan al diario de izquierda como canal excluyente de expresión de trabajadores que iniciaron una actividad ascendente. La carestía de vida, los ataques de los empresarios y la vocación del gobierno de ignorar las penurias de los sectores más golpeados por la crisis, y en particular a los trabajadores precarios, empujan la bronca y la pelea de cada vez más trabajadores y trabajadoras. Y con ese fuego que crece, La Izquierda Diario, impulsado por el PTS, llegó a las 4 millones y medio de entradas, como parte de una red internacional en 14 países y 8 idiomas.

¿A quién representarán los sindicatos?

A las divisiones “normales” que impuso el capitalismo y aceptaron las conducciones sindicales (nativos y extranjeros, ocupados y desocupados, en blanco y no registrados, bajo convenio o contratados), hoy la pandemia agrega nuevas cuñas. Groso modo, podemos agrupar a los trabajadores en cinco grupos: los que sufren las consecuencias de un parate forzado (los informales); los que son parte de servicios esenciales y son obligados a trabajar sin medidas de salubridad; los trabajadores registrados pero precarios, que sufren rebajas de sueldos o despidos; los desocupados; y un sector que goza de mayor estabilidad (endeble y limitada, claro), a los que los grandes sindicatos buscan representar con exclusividad, ignorando los destinos de los otros sectores.

Mayoritariamente, los sindicatos ligados al gobierno provincial están imbuidos en el espíritu de “unidad nacional” expresando solamente la “preocupación” del último sector mencionado, dejando librados a su suerte al resto de trabajadores y trabajadoras. Algunos sectores de Trabajadores docentes, sobre todo en seccionales recuperadas, vienen jugando un rol en el reparto de alimentos en las escuelas, y podrían establecer profundos lazos con la población que padece el hambre y la carestía. Los sindicatos recuperados pueden y deben apostar a ello: más que nunca las maestras y los maestros pueden jugar articulador del pueblo trabajador, lejos de todo corporativismo o práctica sindicalista.

Un sector enorme de la clase trabajadora está viendo degradarse sus condiciones de vida. El gobierno ofrece, y solo a un sector reducido, un pobre subsidio de $10.000 que no alcanza para vivir más que una semana. El planteo que hace la izquierda de un subsidio de $30.000 para todos los desocupados, monotributistas y trabajadores no registrados. No es un capricho: es un paliativo para que el hambre y la indigencia no destroce la vida en los hogares de los barrios populares. Los sindicatos tienen que tomar esta demanda en sus manos.

Las organizaciones sindicales siempre, pero hoy más que nunca, deben organizar al conjunto de los trabajadores, y no únicamente a los sectores con más conquistas y derechos. Esto es, encabezando la pelea contra los despidos, levantando las demandas de los trabajadores no registrados, exigiendo medidas de seguridad e higiene para los trabajadores en actividad e impulsando comités de organización en toda empresa que abra. En épocas excepcionales, más que nunca, la organización de los trabajadores es un derecho inalienable: por eso hay que exigir plena libertad para organizarse, hacer asambleas como en municipales de Rosario y empresas de comida rápida, elaborar pliegos de reclamos para no morir por la pandemia pero tampoco por la voracidad capitalista. Y rechazar la presencia policial y militar en los barrios obreros.

Militarización y organizaciones populares: ¿quién controla los barrios?

Dijimos que la represión en Penta confirma lo obvio: la saturación policial no es inocua ni mucho menos. Son capítulos de un operativo en el que el Estado ensaya dispositivos de control social que serán de inestimable utilidad si, como es posible, las condiciones de vida se vuelven insoportables para millones y la calle vuelve a ser el teatro de la discusión colectiva. El ciberpatrullaje, criticado cínicamente por Patricia Bullrich y una oposición que marcó en punta en control social, es parte de esta oferta panóptica y coercitiva.

El mismo Estado que no garantiza las herramientas sanitarias para enfrentar la pandemia, ni responde a las penurias sociales drásticamente agravadas por la crisis, sí se permite desplegar un dispositivo represivo que satura los barrios populares y de trabajadores y busca relegitimar, como quien no quiere la cosa, el rol de las fuerzas represivas, incluidas las Fuerzas Armadas. Sobran uniformes de fajina, faltan barbijos y comida.

Los que saben cuáles son las necesidades de los barrios son los trabajadores que los habitan, son los desocupados, muchas veces organizados en movimientos sociales. No los efectivos de las fuerzas represivas. El hacinamiento, habitualmente opresivo, directamente asfixia a las familias más humildes en hogares abarrotados de grupos familiares. La cuarentena es un “privilegio” que no todos pueden cumplir. Del otro lado de la ecuación, las casas vacías laten por su obscenidad en los barrios pudientes. Los hoteles juntan polvo en sus alfombras, muebles y restoranes.

La organización de cada barrio es la que puede y debe exigir medidas y recursos urgentes para responder a las necesidades populares. Frente a la falta de alimentos, que se controlen las grandes cadenas de supermercados y los productores para que a nadie le falte comida; frente a la crisis social, saber cuántas familias necesitan subsidios y qué carencias tienen; frente a la crisis habitacional, que se ocupen los hoteles y propiedades vacías para que la cuarentena no sea un calvario pascual para los sectores populares; frente a la crisis sanitaria, reclamar al Estado barbijos, alcohol en gel, etc.

Te puede interesar: Coronavirus y coerción estatal: el derrape de Altamira

Lo que viene

Tomemos lo que pasó en Penta como un resplandor de música futura. De lo que pretenden los capitalistas, de lo que hará el Estado y el peronismo cuando lo pidan las patronales, y de la importancia que pueden jugar los trabajadores y las trabajadoras en una crisis como la actual. Discutir cuál es la política para que la clase trabajadora junto a los sectores populares partan del ciudado de sus propias vidas, al control de la producción, discutiendo el redireccionamiento de recursos, planteando la reorganización de la producción industrial, organizando la pelea por las carencias en los barrios, exigiendo medidas sanitarias para cuidar la vida de las mayorías, puede permitir desarrollar una enorme autoorganización obrera y popular frente a una crisis que capitalistas y Estado no están dispuestos a enfrentar.

Esa es una política que busca, primeramente, evitar que sean las mayorías populares las que paguen con sus vidas la desidia de un Estado que desinvierte en salud. Segundo, levantar una respuesta a la búsqueda de la clase capitalista de descargar la crisis económica que agravó la cuarentena sobre los hombros de las familias laboriosas. Pero también para una tarea estratégica: que la respuesta a la crisis sea una estrategia preparatoria para que la clase trabajadora, junto a los sectores populares, desplieguen su propio ejercicio de poder, prefigurando una organización democrática, racional y planificada de la economía en función de las necesidades populares, como preparación para una organización de otro tipo de sociedad que supere la barbarie capitalista.