A 42 años del golpe del Estado muchas de las herencias de la dictadura siguen en pie, en lo económico, político, laboral y social. También en los derechos humanos, sigue existiendo la ley de Amnistía, la ley antiterrorista y sobre todo, la impunidad para muchos violadores a los derechos humanos.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Viernes 11 de septiembre de 2015
El golpe y la represión política
La dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet tuvo un claro contenido de clase anti obrero, que buscaba enfrentar la fuerza organizada de la clase trabajadora y los sectores populares; por eso la alianza entre militares, empresarios nacionales, extranjeros y la derecha.
El violento golpe de Estado fue seguido de una fuerte represión interna contra los trabajadores, la militancia política y el pueblo. Los primeros días del golpe fueron detenidas miles de personas, trasladadas al Estadio Nacional, Estadio Chile y otros centros de detención. Decenas de ejecuciones políticas, los primeros detenidos desaparecidos y torturados. Con el correr de los meses, se formó la Dirección de Inteligencia Nacional, al mando de Manuel Contreras y bajo control directo de Pinochet. Los centros de detención clandestinos, centros de exterminio y lugares públicos –más de 1000 en todo el país-, se repletaron con miles de detenidos. Entre 1974 y 1976 la DINA se especializó en la desarticulación de las organizaciones de izquierda, entre ellas el Partido Socialista, Comunista, MIR y MAPU.
Se aplicaron brutales formas de tortura: aplicación de corriente, simulacros de fusilamiento, violaciones, tortura sexual con perros y ratones, golpes y colgamientos, degollados, quemados vivos. Se buscaba disciplinar, imponer el terror, desorganizar a la sociedad. Todos los medios de comunicación opositores fueron clausurados. Las universidades intervenidas, instalando además soplones y delatores en lugares de trabajo y estudio, miles de personas se fueron al exilio. Con el paso del tiempo la represión fue más selectiva, aunque resurge masivamente en el contexto de las protestas populares de los años 80. También la política económica fue una forma de disciplinamiento, con miles de despedidos y los comienzos de la precarización del trabajo y la vida.
Por otro lado, la defensa de los derechos humanos fue una de las banderas de lucha contra la dictadura y su brutal represión, con el surgimiento de las primeras agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y presos políticos.
La transición pactada y las políticas de impunidad
Los acuerdos para la transición a la democracia entre la Concertación, los militares y la derecha privilegiaron la continuidad del modelo económico, político y social. En el caso de los derechos humanos, no solo se permitió la existencia de la Ley de Amnistía sino que Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército y luego senador designado, muriendo totalmente en libertad. Por otro lado, los pocos avances que hubo en justicia solo juzgaron casos emblemáticos, mientras las redes de agentes y ex agentes de la DINA y CNI, como también los propios milicos implicados en violaciones de derechos humanos, seguían activos.
Los militares reivindicaban el golpe y la represión, igual que la derecha cómplice de la UDI y RN. Aylwin hablaba de “justicia en la medida de lo posible” léase impunidad, mientras se hacía el informe Rettig que apenas proponía medidas reparatorias. Poco cambió con el resto de los gobiernos de la postdictadura. Todos buscaban la “reconciliación” y “dar vuelta la hoja” para poder mantener el sistema económico en calma y las ganancias empresariales. Mientras tanto, se reprimía a los mapuche, trabajadores y estudiantes. Y se apelaba a las propias leyes que dejó la dictadura, como la ley anti terrorista.
La detención de Pinochet en Londres hizo incluso que la Concertación lo defendiera, apelando a su vuelta para traerlo a un Chile de impunidad, en el que se permitió que no pagar un solo día en la cárcel. La justicia avanzó un poco, juzgando en algunos casos, pero siempre recayendo sobre los nombres conocidos: Manuel Contreras, el guatón Romo, Álvaro Corvalán y otros, a los que más encima se enviaba a cárceles de lujo. Una burla.
Mientras las organizaciones de derechos humanos seguían su lucha por la verdad y la justicia aunque muchas prefirieron apoyar a la Concertación y no denunciar sus políticas.
La coyuntura actual y la lucha contra la impunidad
Hace pocas semanas un ex conscripto contó sobre los pactos de impunidad que existen en el ejército para ocultar las violaciones a los derechos humanos, en el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. Lo cierto es que se sabe de estos pactos, como también que sigue habiendo ex agentes de la dictadura en servicio activo, archivos secretos, mentiras y ocultamiento. Es que la impunidad sigue existiendo, de la mano de los militares, la Nueva Mayoría y la derecha. También la represión: en la democracia para ricos, han sido asesinados varios jóvenes mapuche, como Alex Lemún o Matías Catrileo, estudiantes como Daniel Menco o Manuel Gutiérrez, trabajadores como Rodrigo Cisterna o Nelson Quichillao. También hay un joven mapuche detenido desaparecido: Alex Lemun.
Hace falta más que nunca luchar contra toda la impunidad y la herencia pinochetista que sigue en pie. Todos los milicos y agentes implicados en casos de derechos humanos deben ir presos a cárceles comunes. También sus cómplices civiles. Hay que terminar con la cárcel de Punta Peuco y abrir ya todos los archivos. Pero no será de la mano de la Nueva Mayoría como lo lograremos, sino solo con una gran lucha independiente, encabezada por las organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, de izquierda, hasta acabar con la impunidad y la represión.
