Violencia “libertaria”. Represión: la CIDH y la ONU critican duro al Gobierno ante denuncia de organizaciones argentinas

Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una audiencia virtual en la que atendió las denuncias de organizaciones argentinas de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas sobre la represión y criminalización de la protesta social y los ataques a la libertad de expresión de parte del gobierno de Javier Milei. En la misma audiencia participaron funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Justicia.

A principios de año varias organizaciones habían solicitado a la CIDH que tomara nota de las detenciones, lesiones de manifestantes y demás atropellos de las fuerzas represivas que se acumulaban desde diciembre. Finalmente la audiencia fue convocada tras la escalada represiva y judicial evidenciada desde el 12 de junio, tras la masiva movilización frente al Congreso en repudio a la corrupta Ley Bases.

Como ya se informó, este mismo jueves dos detenidos de aquella jornada fueron liberados por orden de la Cámara Federal de Apelaciones, que se suman a los 29 ya excarcelados durante las semanas previas. Pese a su liberación, Cristian Valiente y David Sica siguen procesados junto a Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, a quienes la Cámara les denegó la excarcelación y siguen alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Este viernes se realizó un festival solidario en Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de los dos que quedan y el cierre de la causa armada contra los 33, sin pruebas y con acusaciones delirantes, entre el fiscal Carlos Stornelli y la ministra Patricia Bullrich.

La audiencia

El encuentro virtual, titulado Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina, fue coordinado por el vicepresidente de la CIDH Carlos Bernal y duró poco menos de dos horas. Junto a él, en representación del organismo estuvieron el comisionado José Luis Caballero Ochoa, Pedro Vaca, María Claudia Pulido, Javier Palummo y Stuardo Ralón. También participó Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

De la parte denunciante tomaron la palabra Paula Litvachky, Manuel Tufró y Damián Loretti del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), quien perdió la visión de un ojo en una de las represiones de febrero, Yamila Socolovsky de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Carla Gaudenci de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Diego de Charras, Ángel Borello de la UTEP y Carlos Pisoni de HIJOS. Desde Colombia acompañaron la denuncia referentes de la organización humanitaria Cajar.

El Gobierno de Milei, el denunciado, estuvo representado por el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, la asesora jurídica del Ministerio de Justicia Patricia Cao, el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Alberto Föhrig, la coordinadora de Gestión Judicial de la misma cartera Mariana Venesio, el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Cancillería Javier Salgado y su asesor Gonzalo Bueno.

Excepto quienes cobran jugosos sueldos del Estado para defender las políticas libertarianas, en la audiencia nadie intervino en favor del Gobierno. Un dato nada menor, teniendo en cuenta que tanto la OEA como la ONU están hegemonizadas por las potencias imperialistas. En ese marco, vale recordar que estas audiencias no tienen incidencia directa en la actuación de los Estados, aunque sí pesan políticamente y pueden terminar en casos tratados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La acusación

La primera intervención estuvo a cargo de los denunciantes. Reclamaron que el Gobierno deseche su “Protocolo de Orden Público”, lanzado por Patricia Bullrich al asumir su cargo, por “atentar contra el derecho a la protesta”. También denunciaron el despliegue represivo contra manifestaciones callejeras “para amedrentar, impedir y obstaculizar la protesta en vez de protegerla”.

En palabras de Litvachky del CELS, “el Gobierno quiere instalar la idea de que protestar equivale a generar desorden y que quienes se manifiestan son a priori delincuentes o desestabilizadores de la democracia”. En ese sentido, destacó que en la protesta del 12 de junio “la respuesta punitiva tuvo una escalada inusitada” mientras el Gobierno acusó, sin fundamentos de ningún tipo, un intento de “golpe de Estado” por parte “grupos terroristas”.

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Socolovsky agregó que el enfoque de la actual política represiva implica “una violación al principio de no regresividad, en tanto se pretende excluir de la protección estatal a las personas que se manifiesten públicamente y se despliegan herramientas tendientes a amedrentar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta”. En ese marco planteó que el “protocolo” de Bullrich “viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Borello sumó que “el Gobierno busca asociar a las organizaciones sindicales y movimientos sociales con la idea de delito y de violencia, generando una fuerte estigmatización sobre quienes protestan”.

El doctor Aufieri intervino como defensor de derechos humanos pero a la vez como víctima directa de la represión, ya que hoy sufre en su vista los efectos de las balas de goma de las fuerzas federales. En su intervención, el abogado del CeProDH dijo que “se observan patrones muy preocupantes de represión a la protesta”, lo que se evidencia en el registro de, al menos, “665 personas con heridas de distinta gravedad” y la detención de al menos 80 personas en lo que va de gobierno “libertario”.

Aufieri también hizo referencia al “uso indiscriminado de agentes químicos irritantes” lanzados sobre el rostro manifestantes, trabajadores de prensa, adultos mayores y diputados opositores. También al “uso ilegal de balas de goma que ha causado daños irreparables a la salud”, poniendo como ejemplo su propio caso. Y agregó “el intento de reformas penales” que proponen “penas gravísimas” contra “organizaciones criminales” (denominación cuya ambigüedad es funcional a los intereses oficiales) con “la excusa de combatir hechos de inseguridad”.

El abogado sumó otro elemento importante al afirmar que hoy “desde el Estado se decide en qué momento reprimir y dispersar las protestas”, con el objetivo de intentar “evitar que lleguen más personas” a las movilizaciones. Que luego “son detenidos manifestantes al voleo, sin pruebas, a quienes se les imputan figuras penales ya establecidas de antemano por el Gobierno”. A lo que le sigue “el maltrato, los apremios y las condiciones deplorables” de detención. Todo eso se vio, efectivamente, el 12 de junio.

A su turno, Gaudensi agregó que “en este marco ha habido ataques específicos contra el colectivo de periodistas y fotorreporteros mientras cubrían las protestas”, a la vez que “muchos funcionarios sostienen una práctica de ataque persistente a las y los periodistas, con un sesgo fuerte de género contra las mujeres”. Desde diciembre, “más de 50 periodistas han resultado afectados por golpes o uso abusivo de armas menos letales”. Pese a ello, “la ministra de Seguridad responsabilizó a los mismos trabajadores de prensa por su sus heridas”.

La representante de Fatpren denunció la “pasividad” del Poder Judicial ante estos hechos y la obstaculización del acceso a la Justicia para las víctimas de la represión “en los procesos judiciales en los que se busca investigar las responsabilidades de funcionarios de seguridad”.

Finalmente Pisoni enumeró una serie de peticiones a la CIDH. Entre ellas, que exhorte al Estado argentino a derogar la Resolución 943/2023 (el Protocolo); que lo inste a derogar “las normas que penalizan o sancionan a quienes participen en manifestaciones públicas” y a “abstenerse de utilizar herramientas legales como la Ley Antiterrorista para tipificar y perseguir a manifestantes y organizaciones”; y que también pida al Gobierno que sancione a “los responsables por violaciones a los derechos humanos” e investigue “la cadena de responsabilidad estatal en estos hechos”.

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Las excusas oficiales

Por parte del Gobierno hablaron Alberto Föhrig, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, y el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños.

El primero dijo que el Protocolo de Orden Público “intenta remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino”, que llevaron al “intento de alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de la violencia”. Una generalidad a la que, caprichosamente, le puso fechas: 1989 (cuando Alfonsín le entregó anticipadamente el gobierno a Menem), 2001 (cuando cayeron estrepitosamente De la Rúa y Cavallo), 2017 (cuando Macri promovió la regresiva reforma previsional) y 2024 (ante la votación de la Ley Bases).

El afan mentiroso de La Libertad Avanza le hizo decir a Föhrig que “la violencia generada por organizaciones” (no mencionó una sola) “no funcionó habida cuenta de la acción resoluta de las fuerzas de seguridad”. A la vez acusó a esas organizaciones de cometer “delito de sedición”, exabrupto jurídico para intentar justificar cualquier acción represiva. Y llegó a decir, contra toda evidencia histórica, que entre 1916 y 1996 hubo “cero” cortes de calles y rutas en protestas sociales. Ridículo.

La extravagancia llegó al extremo cuando el funcionario sentenció: “El mandato popular que recibió el presidente Milei hace siete meses, votado por el 56 % de los ciudadanos argentinos, llama a ordenar socialmente al país y evitar que grupos minoritarios con… eh… primacía de derechos intensos, se atenten la capacidad de alterar el funcionamiento del sistema democrático” (¿?).

Otra falacia de Föhrig: dijo que el Protocolo de Bullrich no hace más que ajustarse al Código Penal “sancionado en 1921”, más precisamente en su artículo 194 que castiga el cortes de rutas, calles, vías y puentes. Pero ese artículo no fue votado nunca por el Congreso, sino que fue metido en el Código en 1968 por el dictador y represor Juan Carlos Onganía. Que ningún gobierno posterior se haya dignado a derogarlo no le quita su origen de facto. LLA no se identifica sólo con la dictadura de 1976-1983, sino también con las anteriores.

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Luego tomó la palabra Alberto Baños, quien se integró al Poder Judicial en dictadura, fue nombrado juez por Menem en 1993 y se jubiló a fines del 2023. En su prontuario tiene varias actuaciones en causas sensibles. Reconocido aliado de la Policía, antes de jubilarse dejó sus huellas marcadas en el caso de Arshak Karhanyan, un policía porteño de cuya desaparición está sospechada la propia fuerza a la que pertenecía. En diciembre Milei y su ministro Cúneo Librona lo pusieron al frente de la Secretaría de Derechos Humanos.

En su perorata ante ante la CIDH, Baños habló de “las instituciones de la República”, de su rol de “defensor y tutor de los derechos fundamentales de los habitantes” y de la garantía de la libertad de expresión y la protección de la prensa “por su rol fundamental en toda democracia”. Hasta se autopercibió heredero de Moreno, Monteagudo y Alberdi.

Pero en concreto, Baños no se hizo cargo de nada. Dijo que la Policía Federal y el resto de las fuerzas de seguridad sólo “preservan el orden” y que, al contrario de lo que se las acusa, al igual que “los poderes del Estado han actuado a la altura de las circunstancias”. En ese sentido, agregó que las acusaciones escuchadas previamente “no se compadecen con la realidad de los hechos” y que “las fuerzas de seguridad se limitaron a custodiar uno de los edificios pilares de los poderes del Estado”.

Ni la OEA ni la ONU les creen

Luego de escuchar a denunciantes y denunciados, habló Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien viene analizando lo hecho por el Gobierno en materia represiva. Dijo que el organismo ya cuestionó al gobierno de Milei en tres “relatorías especiales” referidas al “derecho de asociación pacífica y de reunión”, a la “libertad de opinión y expresión” y a “la situación de los defensores de derechos humanos”.

Jarab agregó que, al plantear cobrar los costos económicos de los operativos a quienes convocan a las movilizaciones, el Gobierno aplica “un fuerte desincentivo” a ejercer el “derecho a la protesta”, lo cual es antidemocrático. El Protocolo, afirmó, tiene una “falta de criterios claros”. Criticó a los funcionarios por llamar “terroristas” a quienes se manifiestan, ya que “no se debe identificar como terrorismo cualquier conducta”. Corroboró las denuncias de las organizaciones alrededor del uso de armas menos letales y del intento de impedir protestas pacíficas. Y sin nombrarlo explícitamente, alertó sobre el peligro del armado de la causa penal a manos de Stornelli.

En la misma línea, los referentes y relatores de la CIDH Ralón, Caballero Ochoa, Pulido, Vaca y Palummo tomaron como válidas las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas. Cuestionaron tanto los puntos más insostenibles del “Protocolo” como los evidentes ataques a la libertad de expresión y de manifestación aplicados por el Gobierno. Todas esas medidas tomadas desde el Estado argentino están “en contra de los estándares de derechos humanos” internacionales.

Por eso, pidieron precisiones y datos concretos a los funcionarios presentes que justifiquen sus expresiones generales y ambiguas. Al momento de responder, Föhrig y Baños volvieron a hacer aguas. Defendieron la mamarrachesca causa judicial de Stornelli, reiteraron que hay organizaciones que quieren hacer un golpe de Estado contra Milei y negaron toda acusación de violaciones a los derechos humanos. Cumplen su función, aún a riesgo de quedar en ridículo ante organizaciones internacionales.

La audiencia finalizó con la mención a la posibilidad de que la CIDH realice una próxima visita a la Argentina a fin de tomar nota en el propio territorio de las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil, observar nuevos eventos donde actúen las fuerzas represivas del Estado y conocer de primera mano los ataques a la libertad de expresión del gobierno de Milei, Bullrich, Cúneo Libarona, Föhrig, Baños y sus secuaces.