Cuando se trata de leyes a favor de la impunidad y los privilegios policiales, la derecha y los partidos del "orden", buscan todas las maneras posibles de velar por la seguridad de Carabineros, frente a las injusticias y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, que vive el pueblo trabajador.
Miércoles 6 de octubre de 2021
A pesar de que la Cámara rechazó que el asesinato de un Carabinero en funciones sea penado con presidio perpetuo calificado -siendo parte del proyecto original presentado por el Diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri- este era uno de los principales objetivos para así seguir en la senda del aprovechamiento y el blindaje, por parte de uno de los principales aparatos represivos del Estado. Una institución que en los últimos años se ha distinguido por escándalos vinculados a corrupción y desfalcos dentro de los altos mandos, y con reiteradas violaciones a los derechos humanos. Esto ya desde los inicios de la rebelión popular que aún mantiene bajo prisión a más de 1/3 de los presos políticos ligados a la revuelta.
Es en este marco que hoy día se abre terreno dentro de los escudos legislativos, el incremento en las penas que modifican las Normas de la Justicia Militar. Desde dejar de hace uso de beneficios legales hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años, pasando por los delitos de lesiones graves o menos graves en que solo se podrá ser beneficiario luego de tres años de condena privativa de libertad.
La actualización de la normativa de Seguridad Ciudadana no solo aumenta en sí las categorías de pena a quienes hagan maltrato de obra a carabineros, sino que restringen y son un arma de doble filo ante los ya tan habituales montajes preparados por la institución para salir libres de polvo y paja ante situaciones en que se ven enfrentados a la ciudadanía, quedando ésta en total desamparo ante la presencia legalizada de la policía y sus artilugios para salir inmunes ante cualquier situación de este tipo.
La impunidad y el blindaje que hoy obtiene la policía uniformada del país. saca a relucir el total abandono de las políticas públicas ante situaciones de matonaje policial, o de montajes perpetuados por una de las instituciones peor evaluadas en contexto de criterios de uso de fuerza, represión, administración y los altos niveles de corrupción dentro de sus filas.
