Reproducimos el comunicado de prensa de la Agrupación Marrón Docente de Tucumán.
Jueves 9 de mayo 19:57
El mismo día en que la clase trabajadora paralizó el país por segunda vez contra el DNU y la Ley de Bases, Osvaldo Jaldo anunció la firma de un decreto brutal que avasalla derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En conferencia de prensa, Jaldo aseguró haber dado instrucciones para detener a los estudiantes que participaron de la pelea callejera que se viralizó en los últimos días y apresarlos en comisarías e incluso en el penal de Villa Urquiza. “Los vamos a meter presos, después discutimos lo jurídico”, aseguró quien parece creerse un monarca como Milei.
El decreto, que lleva la firma del gobernador y de la ministra de Educación, Susana Montaldo, instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía a detener a los estudiantes, pero además prohíbe el derecho a la escolarización de los detenidos por un año entero; sanciona a las escuelas que perciban algún tipo de aporte del Estado y a los padres de los alumnos que trabajen en alguna dependencia pública.
Con este decreto se intenta disciplinar a un estudiantado que viene de llenar las calles en todo el país y en Tucumán contra el ajuste a la Educación. Ese disciplinamiento está contenido en la figura del decreto que sanciona a la “partícipes, promotores e instigadores de la perturbación del orden público” y en el intento por parte de funcionarios del peronismo provincial de aprovechar las peleas callejeres para instalar en la agenda la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei, con apoyo de Jaldo, y que está empujando a millones de personas a la pobreza y el desempleo impacta de lleno en los hogares de nuestros estudiantes. Las peleas callejeras entre estudiantes son expresión aberrante de una profunda crisis social provocada por la violencia que en primer lugar se ejerce desde el Estado y sus políticas de ajuste. No es inocente que políticas necesarias como la ESI y ENIA hayan sido cerradas, ya que se garantizaban derechos y eran herramientas para abordar las violencias en la comunidad educativa. Esta decisión del gobernador lo único que genera es más violencia desde el Estado.
Desde la Agrupación Marrón Docente repudiamos este ataque a los derechos más elementales de la niñez y el avasallamiento a las garantías constitucionales de nuestros alumnos y llamamos a impulsar una gran campaña por la anulación inmediata de este decreto y en defensa de los derechos de la juventud.
