Este lunes comienza la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad designados por el Congreso y el Parlamento. Se trata de un proceso constituyente amañado por la casta política y por el empresariado en contra de las demandas del pueblo trabajador y pobre.
Domingo 5 de marzo de 2023
Se trata de un fraude histórico descarado y antidemocrático. Los tecnócratas “expertos” designados a dedo por los partidos tradicionales serán quienes escriban el borrador. Y para eso han vuelto los viejos dinosaurios como Hernán Larraín o Andrés Zaldívar. Todo el proceso deberá respetar los “bordes” fijados por ellos mismos. ¡Hasta designaron “árbitros” para evitar cualquier deliberación democrática!
Este 7 de mayo, desde el PDG de Parisi, los republicanos, hasta el Partido Comunista y Frente Amplio, pasando por los partidos de la derecha "tradicional" y la Concertación, buscan legitimar este fraude postulando sus candidatos a consejeros constitucionales con las reglas del Senado. No hay participación posible en esta trampa. Llamamos a anular e impulsar una campaña activa en contra de este engaño.
Para este lunes seis salas del ex Congreso Nacional de Santiago serán habilitadas para lo que será el inicio del nuevo proceso constituyente, el cual será presidido por Hernán Larraín, amigo del violador de derechos humanos Paul Schaefer y exministro de Justicia del segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). También se instalará el Comité Técnico de Admisibilidad, es decir, los 14 juristas a cargo de «arbitrar» todo el proceso y, al igual que el Comité de Expertos, elegirán a su presidente y vicepresidente.
El nuevo fraude constituyente no cayó del cielo
Este nuevo proceso constituyente lo cocinaron los partidos luego del triunfo del rechazo, pero el resultado del plebiscito no cayó del cielo. Muchos vieron en la Convención Constitucional de 2021 y 2022 la forma de avanzar en nuestras demandas, pero pasó exactamente lo contrario.
Con el fraude del Acuerdo por la Paz y ahora con el Acuerdo por Chile nos hicieron una trampa para desorganizarnos. La Convención Constitucional no fue una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como exigimos en las calles, no enfrentó a los poderes del Congreso y del Poder Judicial, mantuvo al odiado Piñera en el poder, no liberó a los presos de la rebelión, no nacionalizó los recursos naturales. Por eso no defendemos esa Convención que se basó más en simbolismos que en un cuestionamiento real al Chile neoliberal.
El verdadero resultado de la Convención Constitucional fue sacarnos de las calles y dividirnos, disolver las asambleas territoriales y demás organizaciones que surgieron durante el 2019, debilitar los sindicatos y organizaciones sociales. Quedando con esto, el terreno quedó libre para que la derecha y los dueños de Chile se recuperaran de su deslegitimación y volvieran a conquistar terreno con su campaña criminalizadora y los viejos políticos de la Concertación salieran a flote de la mano de Gabriel Boric.
Por eso debemos rearmar las asambleas, partiendo en las escuelas y liceos, hospitales y universidades, empresas y lugares de trabajo, en las calles y plazas, y coordinarnos para discutir nuestra situación, como enfrentar la inflación y otros problemas urgentes. Solo confiando en nuestras fuerzas, con lucha y organización conquistaremos nuestras demandas. Debemos seguir el ejemplo de la clase trabajadora de diversos países como Francia o Inglaterra que se han levantado junto a la juventud para pelear contra la inflación a través de paros nacionales y organización por abajo.
Para eso debemos recuperar los sindicatos para la lucha y no para la conciliación de clases. La CUT y muchos dirigentes sindicales de la burocracia, se hicieron funcionarios de Gobierno y nos pasivizaron. Se han callado la boca frente a la destrucción de los salarios y el aumento del trabajo precario. Basta de burócratas conciliadores. Necesitamos sindicatos para la lucha, democráticos e independientes del Estado y los gobiernos de turno. Necesitamos también un movimiento estudiantil activo retomando nuestras mejores tradiciones de lucha y organización, junto al movimiento de mujeres y el pueblo.
Las organizaciones como el Colegio de Profesores, la Coordinadora No más AFP y la Coordinadora 8 de marzo, se han pronunciado correctamente contra el Acuerdo por Chile. Sin embargo, no han llamado a organizar activamente esta lucha para retomar nuestras demandas, y nos mantienen en la pasividad. ¡Es momento de salir de la pasividad y la confianza en las instituciones, para convocar asambleas y agrupar las fuerzas para luchar contra este acuerdo infame y poner nuestras demandas en la agenda!
Debemos poner la agenda de las y los trabajadores al centro
Para reimpulsar la organización y la coordinación entre la clase trabajadora, estudiantes, pobladores, el movimiento de mujeres, pueblos originarios y movimientos sociales hay que luchar por un programa de los trabajadores y sectores populares, para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no nosotros, partiendo por el aumento general de salarios acorde a la inflación y un salario mínimo de 650 mil pesos, poner fin a las AFP y por una pensión básica de 650 mil pesos y un sistema público de reparto solidario y tripartito. Basta de hacer millonarios a clínicas, Isapres, escuelas y universidades privadas. ¡Educación y salud pública, gratuita y de calidad!
No podemos seguir confiando en la institucionalidad heredera de la Dictadura. Las demandas de salud, educación, viviendas y otras, podremos conquistarlas solo si atacamos el poder y las ganancias de los capitalistas, poniendo la economía al servicio de las necesidades de las grandes mayorías. Hay que discutir poner los recursos como el cobre, el litio, los bosques y mares, al servicio de las necesidades y no del saqueo, que además contamina nuestras ciudades y nuestras vidas.
Para discutir todo ello, luchamos por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización popular. Que sea realmente democrática con representantes elegidos cada 20 mil electores, que sean revocables por sus votantes, con voto a las y los mayores de 14 años. Que esté por encima de cualquier institución del régimen heredado de la Dictadura y no como la Convención Constitucional que se subordinó a todos los poderes constituidos.
