LOBOS VESTIDOS DE CORDEROS. Repudian acuerdo entre la Iglesia y Kicillof para “atender” a víctimas de violencia de género

El martes 14 la titular del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, se reunió con el cura párroco Carlos Pont Gasques, referente de la Pastoral Social de Villa Garibaldi (La Plata), para discutir una acción común en políticas de género.

Vale recordar que, hace precisamente un año, Pont fue designado capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en reemplazo del entonces párroco de Gonnet Eduardo Lorenzo. Fue cuando se multiplicaban las denuncias de adolescentes contra Lorenzo por abusos sexuales y demás vejaciones.

En ese momento el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, le confió a Pont Gasques una parte nada menor en el plan de encubrimiento institucional del abusador, ya que Lorenzo llevaba décadas detentando ese puesto de poder en el SPB. Reemplazarlo, obviamente, significaba hacerse cargo de una “pesada herencia” a la que había que manejar con mucha prudencia.

Ahora la Iglesia envía a Pont Gasques a responder al llamado del Gobierno de Kicillof para colaborar en la “atención” de mujeres de barrios pobres con el supuesto objetivo de combatir la violencia machista. Parece un chiste, pero es verdad. Si Lorenzo no se hubiera “suicidado” a tiempo, el mismo Pont hubiera sido llamado a rendir cuentas en el juicio contra Lorenzo.

El lobo al cuidado del rebaño

El encuentro del martes en La Plata con Pont Gasques, según informaron desde la propia cartera que conduce Estela Díaz, fue “para trabajar en conjunto en la asistencia a mujeres en situación de violencia por razones de género en los barrios más vulnerables”. Irónicamente, se sientan a discutir el tema con una de las instituciones más misóginas y sexualmente violentas del mundo.

Como era de esperar, el anuncio del encuentro publicado en la página de Facebook del ministerio que conduce Díaz en pocas horas se llenó de comentarios cargados de indignación, algunos de ellos de sobrevivientes de abusos sexuales por parte de curas y víctimas del encubrimiento eclesiástico.

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La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina repudió en un comunicado difundido este miércoles “la permanente y continua obsesión de la dirigencia política argentina de legitimizar las acciones del Estado mediante una clericalización”.

El comunicado agrega que “no hace falta recordar cómo (la Iglesia) impide la sanción de proyectos de leyes que no responden a su anacrónica e invasiva ideología”.

En un contexto de profunda crisis económica, social y sanitaria, la Red afirma que “la dirigencia continúa ignorando de modo torpe que la Iglesia católica es una atroz usina generadora de violencia de género, abuso de poder y violación de derechos humanos tanto en su estructura y organización como en su funcionamiento”.

Dando cuenta de que la cuarentena agravó la situación para las mujeres que sufren violencia de género y que, más allá de inaugurar ministerios específicos, el Estado no brinda soluciones de fondo a esta situación, las y los sobrevivientes de abuso sexual en la Iglesia denuncia que “si esto es grave se vuelve gravísimo en una Argentina que al momento de elaborarse este comunicado contabiliza diecinueve femicidios desde el 20 de marzo. Desconocer esto sirve al mantenimiento de patrones socio culturales patriarcales y misóginos sostenidos de manera férrea para continuar sometiendo, cosificando y subordinando a las mujeres”.

El comunicado finaliza diciendo: “por esto sostenemos que dejar en manos de un representante del clero, la asistencia de mujeres vulnerables -aunque sea de un sector acotado- da la espalda a los principios de una república laica, de la separación Estado-Iglesia e implica un llamativo desconocimiento de la legislación nacional en materia de protección de mujeres”.

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Mejor que entreguen los millones que les da el Estado

Hoy se hace más necesario que nunca la inversión de emergencia en materia de políticas de género, que prevengan estas violencias y brinden soluciones de fondo, como asistencia habitacional, y que se dé por parte del Estado y no de instituciones que se pronuncian constantemente contra los derechos de las mujeres y atenta contra ellos.

El Gobierno bonaerense, al reunirse con estos sectores, no hace más que fomentar estas situaciones y darle poder a la Iglesia antiderechos. Todo al revés. Teniendo en cuenta la situación económica, social y sanitaria que vive la provincia, la Iglesia debería más bien ser despojada de los millonarios recursos estatales que recibe para ser invertidos en salud, educación, vivienda y una atención en serio a las problemáticas de género.

Hasta el momento, no parece ser esa una idea que guste mucho a la cartera que conduce Estela Díaz.