El pasado domingo, 16 de febrero, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, policías estatales reprimieron a familiares y normalistas con gases lacrimógenos quienes realizaban una caravana por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Lunes 17 de febrero de 2020
Después de que distintas organizaciones acordaron esta caravana, que recorrería las normales rurales del país, las y los familiares de los 43 fueron atacados a mansalva por cerca de 200 policías estatales cuando se encontraban reunidos con estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá, dejando un saldo de varios familiares y jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad.
La política de represión a los normalistas —en especial a los rurales— si bien tiene muchos años de llevarse a cabo por gobiernos anteriores, ahora con la 4T no cesa; tal fue el caso reciente del cierre y sometimiento por la fuerza de la Normal Indígena Jacinto Canek, así como el del internado de la propia Normal de Mactumatzá, donde se actuó con la misma saña contra los estudiantes por parte del gobierno estatal encabezado por MORENA.
Las y los docentes de la Agrupación Nuestra Clase consideramos que la política de persecución y amedrentamiento contra las y los disidentes del régimen político sigue siendo una realidad, que además se relaciona con el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para reprimir a las y los migrantes centroamericanos; esto ha convertido al estado de Chiapas en un enclave de la militarización del país, no para la “seguridad ciudadana” ni el “combate al crimen organizado”, sino para ahogar cualquier expresión de descontento contra un gobierno que llegó al poder con la promesa de un “cambio verdadero”.
Es por ello que llamamos a todas las organizaciones que se proclaman democráticas —en particular a la CNTE— a repudiar juntos, en las calles, la brutal agresión y hostigamiento del gobierno estatal y federal contra los estudiantes de las normales rurales a nivel nacional y contra los familiares de los 43, a quienes se les prometió “verdad y justicia”, lejos de eso, reciben represión.
Ante estos hechos, exigimos la destitución de los policías estatales implicados, así como del jefe que ordenó semejante operativo. Hacemos responsable de estos aberrantes hechos al gobernador del estado, Rutilio Escandón, quien viene sosteniendo una política represiva en la entidad desde su asunción.
