Se trata del juez Rodolfo Mingarini. El hecho fue repudiado en redes y por organizaciones feministas y de mujeres y disidencias por ser una definición de carácter machista y patriarcal.
Jueves 10 de junio de 2021 18:14
Foto Diario Uno
La decisión del juez estuvo argumentada porque el hombre acusado de violación no podría haberse puesto un profiláctico de ser algo no consensuado. Este fallo fue repudiado por la multisectorial de mujeres “Ni una menos Santa Fe”, como también por diputadas de la provincia como Lucila De Ponti, Gisel Mahmud y Lionella Cattalini, que se reunieron con el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y pidieron sanciones para el magistrado, además del pedido de la aprobación de la Ley Micaela.
Desde la Secretaría de Género de Humanidades y Artes de la UNR también expresaron su repudio al hecho en un comunicado en sus redes sociales, el mismo expresa que: “Repudiamos absolutamente este fallo, otro de los atroces fallos de la justicia en caso de violencia de género y femicidios; como lo vimos por ejemplo, en el caso de Lucia Pérez. La justicia es una institución podrida al servicio de los sectores dominantes. La propuesta de una reforma judicial feminista, que haya más juezas, paridad de género, capacitación con perspectiva de género al personal del Poder judicial, no alcanza. No alcanza porque el Poder Judicial sigue estando arraigado a la orden del día de un sistema que es machista y patriarcal”, sentenciaron.
Este polémico hecho deja al desnudo, una vez más, el rol de una de las instituciones del Estado, que permanentemente reproduce la violencia machista de la sociedad. Una justicia que se basa en el modelo patriarcal y machista del Estado capitalista, que con sus instituciones, como lo son también las fuerzas de seguridad, se oprime a las mujeres y disidencias cada día. Una situación que también se puso en cuestión en las grandes movilizaciones por el femicidio de Úrsula Bahillo, poniendo además el eje en los gobiernos, que no destinan ni un mínimo esfuerzo ni mucho menos presupuesto para prevenir y combatir la violencia machista.
Más allá de este caso en particular, lo que vuelve a ponerse sobre la mesa es que los poderes del Estado y sus instituciones son reproductores permanentes de dicha violencia que se denuncia, que tuvo su hito con el estallido del Ni una menos. Desde aquel momento ha habido un cambio cultural importante, gracias a las enormes movilizaciones de mujeres, que expresó el hartazgo a la violencia de género, sin embargo, lo que no ha cambiado es ese Estado, sus instituciones y gobiernos.
La agrupación de mujeres Pan y Rosas, en el Frente de Izquierda Unidad, plantea que los jueces deben ser elegidos por el voto directo y revocables y que cobren como un docente; que debe haber jurados populares. Porque no se trata solo de reformas, el problema es de fondo, es una justicia patriarcal y machista, parte de un sistema de opresión y explotación que sigue hundiendo a las mujeres trabajadoras en la precarización, en los despidos, en la pobreza, a la falta de vivienda, siendo las primeras y más perjudicadas ante las crisis.