López Obrador intenta deslindar al gobierno de Rocha Moya del crimen organizado tras publicación de carta del ’Mayo’ Zambada. Injerencia estadounidense y crisis con la caída de este líder del crimen organizado.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 12 de agosto
La carta de Zambada, dada a conocer por sus abogados el pasado sábado, levantó ámpulas y la respuesta del presidente López Obrador llegó en la conferencia matutina de este lunes 12 de agosto.
Mientras el mandatario intenta explicar la protección de elementos de la policía de investigación Sinaloa a Zambada con la acción de los gobiernos anteriores, aseguró que desconocía que José Rosario Heras ─uno de los policías mencionados- y otro agente protegían a Ismael ‘El Mayo’ Zambada el día en que fue “emboscado” por uno de los hijos del ’Chapo’ Guzmán, Joaquín Guzmán López, de acuerdo con la carta dada a conocer el pasado sábado 10 de agosto.
López Obrador señaló también que es necesario hallar a ambos agentes con vida, pues desde el 25 de julio se desconoce su paradero y declaró que es necesaria una investigación para saber “cuándo entró a trabajar a la procuraduría de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó”, una forma de aludir indirectamente a que gobiernos anteriores fueron quienes le dieron ese cargo.
Algunos medios de comunicación de Sinaloa como RíoDoce señalan que Rosario Heras fue asignado a hacer labores de investigación en la sindicatura de El Salado, en las periferias de Culiacán, para proteger ahí a ’El Mayo’ desde la administración del gobernador panista Mario López Valdés.
El responsable directo de la asignación presuntamente fue el finado Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, alias ’Chuy Toño’, quien en ese entonces (2011-2016) era director de la Policía Ministerial sinaloense. ’Chuy Toño’ ya había ocupado ese puesto en la administración del priista Juan S. Millán (1999-2004), desde donde supuestamente ordenaba a policías a brindarle protección a Rodolfo Carrillo, hermano de Amado Carrillo, alias ’El Señor de los Cielos’.
Los señalamientos de protección a capos de ’Chuy Toño’ y ’Chayo’ Heras salieron a relucir en el juicio contra ’El Chapo Guzmán a través del testimonio de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias ’Vicentillo’, hijo de ’El Mayo’ Zambada.
Se abre también otra polémica respecto al asesinato de Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cacique universitario que desde hace casi 20 años controlaba a dicha institución educativa ostentando sus nexos con el narco en la región, ex alcalde de Culiacán y diputado electo por el PRI, pues la carta de Zambada señala que él iba a reunirse con Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén para “ayudar a resolver diferencias” entre ambos. “Yo sabía de la disputa abierta entre ellos (...) sobre quién debería dirigir la Universidad Autónoma de Sinaloa”. Sostiene también que mataron a Cuén en Huertos de Pedregal, al mismo tiempo que él fue secuestrado. Ante esto, la Fiscalía General de la República pidió atraer el caso a la fiscalía estatal.
En esta conferencia matutina, el presidente reivindicó que Rubén Rocha hubiera respondido a la carta de ‘El Mayo’ Zambada el mismo día en que se publicó la carta de Zambada que lo implica con grupos del crimen organizado.
En esa misiva firmada por Zambada, hoy detenido en Estados Unidos, se reveló que el firmante se iba a reunir con el gobernador Rocha el día que fue apresado junto con Guzmán López en un aeropuerto de El Paso, Texas.
Y fue en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que el gobernador de Sinaloa rechazó la versión de Zambada, alegando que ese día él no se encontraba en el estado.
Desencuentro con el gobierno de Biden
La detención de Zambada y las circunstancias de su arresto ponen en cuestión Rubén Rocha Mora, el actual gobernador de Sinaloa -quien antes de pasarse al Morena fue integrante del PRD- y, a través suyo, abren un punto crítico para el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué transformación puede haber si altos funcionarios son sospechosos de vínculos con el crimen organizado?
Mal que le pese al presidente, el caso de Zambada pone el dedo en la llaga: las sospechas de corrupción son una nube de malos augurios sobre figuras del partido guinda, y traen a la memoria la tradición de los vínculos con actividades ilegales de los gobiernos del PRI, del PAN, y a nivel estatal del PRD, como fue el caso de Ángel Aguirre, el ex gobernador de Guerrero, bajo cuyo mandato se dio la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y en el affaire Mayo/Chapitos/Rocha/Cuén, salen embarradas todas las cúpulas políticas mexicanas, pues el cacique universitario ─señalado por ’El Mayo’ como su amigo de muchos años- puso al servicio de Xóchitl Gálvez la estructura de la UAS y del Partido Sinaloense ─instituto político de la familia Cuén- para impulsar su campaña en Sinaloa.
De hecho, el PAS ha tenido nexos con figuras paramilitares en el sur de la entidad como Juan Carlos Landeros Mariscal (alias ’Güero 90’) y los hermanos Martín y Leobardo García Corrales, estos últimos señalados por el Departamento de Estado yankee como responsables de conspiración para la posesión de de fusiles de alto poder y dispositivos de destrucción.
Pero no podría prosperar el crimen organizado en ningún país, incluyendo al imperialismo estadounidense, sin el aval de gobiernos y partidos patronales.
Por otro lado, es imposible que el gobierno estadounidense no estuviera al tanto del traslado de Zambada a Texas. Apenas este viernes 9 de agosto, en la conferencia matutina, López Obrador señaló respecto a la administración Biden: “No han entregado información suficiente, entregaron información muy elemental. No ha habido más. Solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía está haciendo la investigación, pero no hay cooperación de Estados Unidos en este caso”.
Problemas en el paraíso: aunque muchas veces repitió López Obrador que una gran amistad une a Estados Unidos y México, el caso de Zambada le hizo retornar a un moderado cuestionamiento de la injerencia estadounidense en México, desde el siglo XIX, cuando se apropiaron de la mitad del territorio del país, hasta 2018, y presumió que su gobierno “no se deja”.
Sin embargo, los hechos demuestran otra cosa: mientras este caso exhibe un flanco débil de la Cuarta Transformación, es innegable también que la continuidad de la militarización -articulada para el control social y para garantizar la liberación de territorios para megaproyectos-, las políticas antimigratorias para disuadir -mediante programas sociales o mediante el hostigamiento- a las personas en tránsito a llegar a territorio estadounidense y la aceptación del T-MEC (el TLCAN recargado) dan cuenta de la persistencia de la subordinación del gobierno mexicano a Estados Unidos.
