Este lunes 10 de junio se reunió el mandatario con la virtual presidenta electa en Palacio Nacional. Las reformas constitucionales que se vienen en septiembre, la transición presidencial y el anuncio de una reunión con una delegación del gobierno de Joe Biden que se realizará este martes 11 de junio.

Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 11 de junio de 2024

Pasadas las 17 hs., Claudio Sheinbaum dio una conferencia de prensa luego de su reunión con el presidente López Obrador. Es la primera que tiene lugar luego del arrasador triunfo electoral de la coalición Sigamos haciendo historia, integrada por el Morena, el PVEM y el PT.
La virtual presidenta electa informó que la semana próxima dará a conocer su gabinete y que acompañará a López Obrador en parte de su gira del adiós.
Planes sociales y reforma de pensiones
Asimismo, dio a conocer que solicitó a López Obrador la inclusión de dos programas sociales a las reformas del ‘plan C’ el apoyo a mujeres a los 60 años, previa a la Pensión del Bienestar, así como la beca ‘para empezar’ a nivel nacional, destinada a estudiantes de educación básica, que fueron parte de sus promesas de campaña.
Todo apunta a que la continuidad y ampliación de los planes sociales -que constituyen una ayuda para las familias más empobrecidas, aunque no resuelven de fondo la pobreza estructural- será una prioridad de su gobierno. Pero al mismo tiempo, la incógnita es cómo logrará sostener el financiamiento de estos planes que constituyen uno de los pilares de la Cuarta Transformación y que refuerza como sentido común que el Estado (burgués) es garante de los derechos de las mayorías.
Para este 2024 se prevé ya un déficit fiscal de 5 %. Sin la modificación del actual régimen fiscal, será difícil poder financiar los planes sociales -y más con la desaceleración sostenida de la economía internacional.
Sheinbaum comentó también que impulsará una reforma a la Ley del ISSSTE, un gesto hacia el magisterio, pues la CNTE está llevando a cabo paros y movilizaciones para exigir la resolución su pliego petitorio, en el cual la abrogación de esa ley de 2007 es una de las más importantes.
Sin embargo, al menos en el proyecto de reforma de pensiones presentado por López Obrador, no se contempla la vuelta al sistema de reparto solidario, sino combinar la continuidad de las afores -que ahora especulan con los ahorros para el retiro de las y los trabajadores- con la creación del Fondo del Bienestar, el cual tiene como objetivo -al decir del gobierno- financiar la diferencia entre lo que paguen las afores y el último salario de cada trabajador en activo, para que perciban las pensiones sean equivalentes al 100 % del salario.
Para obtener los fondos que se requieren para satisfacer necesidades elementales de gran parte de la población, como pensiones y salarios dignos, acceso universal a servicios de salud y educación de calidad y a vivienda, es necesario atacar las ganancias de los magnates mexicanos y de las trasnacionales. Solo con impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las compañías internacionales que operan en México, con el no pago de la deuda externa y con la reasignación de presupuesto de la militarización para salud y educación es cómo se puede lograr.
Pero es algo que no está en el programa de gobierno de Sheinbaum ni lo estuvo en el de López Obrador, más allá de los dislates de la derecha que los acusa de socialistas o comunistas, porque detrás del lema de "gobernar para todos" está la cruda realidad: mantener la precarización laboral y las condiciones de explotación y opresión que son por completo funcionales para garantizar las ganancias de los capitalistas.
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Reforma al poder judicial y no reelección
Respecto a otras reformas que considera prioritarios son la Poder Judicial y una contra la reelección. Su objetivo es que, con la apertura del periodo de sesiones del congreso en septiembre, se aprueben este primer paquete de cinco reformas -las dos mencionadas acá con las tres de planes sociales y pensiones del apartado anterior.
Se refirió también al paquete de reformas del ‘plan C’, respecto a las cuales solicita la realización de consultas amplias, para que la reforma al Poder Judicial y otras se debatan con barras de abogados, barras de derecho, ministros y magistrados, y con trabajadores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular está alineada con la derecha -en especial con el PRI y el PAN, aplicadores de los planes neoliberales desde el gobierno de Miguel de la Madrid-, y ha tenido múltiples disputas con el gobierno de López Obrador, una cuestión que delineó un escenario de gran polarización política a nivel nacional.
Justo la reforma al poder judicial, es de las que más popularidad tiene, debido a que la mayoría de la población percibe a jueces y magistrados como privilegiados por los sueldos y prestaciones millonarios que perciben, que ejercen su autoridad de manera arbitraria y que también hay mucha corrupción en el sector. También es la reforma más resistida por capitales internacionales y por la derecha -como se vio con las caídas del peso y de la bolsa, con el argumento del "temor" de la falta de contrapesos al nuevo gobierno-, pues su voluntad se expresa a través de la Suprema Corte de Justicia.
Es importante tener en cuenta que el poder judicial como institución fue creado justo como contrapeso a la voluntad popular que se expresa en las elecciones. Magistrados y jueces constituyen una casta que decide sobre la vida de millones, como en temas laborales, servicios públicos, pensiones, pero no los vota la población democráticamente.
Por eso la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular, como cualquier otro alto funcionario, cae muy bien y es visto como un avance, porque ahora los nombra el presidente y el senado los aprueba, es decir, la población no tiene ningún poder de decisión.
Pero hay que exigir más: la SCJN se debe disolver, y que los jueces de tribunales inferiores sean elegidos por el voto popular, sean revocables y cobren lo mismo que un trabajador o trabajadora, y que se implemente el juicio por jurados para que la clase trabajadora y los sectores populares tengan poder de decisión en los procesos judiciales.
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