Fue a través de un fallo del juez Darío Reynoso, quien hizo lugar a una acción de amparo. La medida contradice el escandaloso y repudiado fallo del Tribunal Superior de Justicia que restringe el acceso a la educación pública.
Miércoles 30 de diciembre de 2020 16:12
Darío Reynoso, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°24, hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires que garantice la vacante a un niño en sala de 2 años en el turno y el distrito escolar elegidos en la constancia de preinscripción o en uno cercano. De este modo, el gobierno debe hacerse cargo del traslado del menor y un adulto, o en un establecimiento de gestión privada, asumiendo el gasto.
El magistrado indicó, sobre la responsabilidad indelegable que impone la Constitución local de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los 45 días de vida, que “los padres pueden decidir no escolarizar a las niñas y niños antes de los cuatro años, pues no existe obligación de hacerlo. Ahora bien, cuando desean hacerlo, la Ciudad tiene la obligación constitucional de asegurar y prever los recursos para permitir el ejercicio de ese derecho a partir de dicho momento”.
La madre del niño interpuso la acción de amparo con el Gobierno de la Ciudad cuando éste le negó la vacante. Reynoso subrayó que hay que tener en cuenta “ las siguientes consideraciones vinculadas a las obligaciones que recaen en el Estado cuando se encuentra involucrada, como en el caso, la situación y los derechos de una mujer que se encuentra exclusivamente a cargo del cuidado de su hijo menor de edad y que es el único sostén de la familia”.
El juez se refirió también al reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se determina que el GCBA sólo garantizará una vacante en nivel inicial solo a quienes demuestren que no pueden pagar una escuela privada: “Al respecto, existen –a mi entender– razones de índole constitucional que, en virtud del rol que se me ha asignado de velar la plena vigencia de la Constitución de la Ciudad y que –en mi carácter de magistrado– me convencen de no aplicar la doctrina del Superior Tribunal local al caso en cuestión”, afirmó.
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El fallo del TSJ de la ciudad cayó en el momento en que se dieron los resultados de las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 donde miles se quedaron sin vacantes como todos los años. Este lunes, referentes del Colectivo Vacantes para Tod@s, los sindicatos docentes UTE, Ademys y SADOP, diputados porteños del Frente de Izquierda y el Frente de Todos, realizaron una conferencia de prensa en la Legislatura porteña en la que exigieron el juicio político a los miembros de ese tribunal, que atentan contra la educación pública.
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