Con una popularidad de 66.72% según una encuesta de Poligrana, se acerca la consulta por la revocación de mandato, que se realizará el próximo 10 de abril. Se aviva el fuego de la confrontación del gobierno vs el INE y la derecha.
Viernes 1ro de abril de 2022
Una de las manzanas de la discordia en la escena nacional es la revocación de mandato, incluida en la constitución en una reforma de hace dos años. Según el presidente es un ejercicio de democracia popular, pero la derecha la descalifica como una maniobra del gobierno para ratificarse.
El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que la Lista Nominal de Electoras y Electores para el proceso de revocación de mandato es de 92,823,216 personas inscritas. Y para que la consulta sea vinculante, deben participar al menos 37 millones de votantes, lo equivalente a un 40% de la lista.
El órgano electoral, dominado por voceros alineados con el PRI y el PAN, y encabezado hasta el año que viene por el polémico Lorenzo Córdova, sostuvo en distintas oportunidades que el presupuesto que requería para llevar a cabo esta consulta era de 3,830 millones de pesos, pero con el recorte presupuestario recibió 2,091.46 millones.
La disputa está cruzada por la postura de los consejeros electorales de mantener sus sueldos millonarios cuando el gobierno anunció la austeridad republicana como una medida para poner un tope a los salarios de altos funcionarios, pero que no solo no se concretó, sino que la austeridad rige solo para las y los trabajadores del Estado. El mismo instituto cobró revancha cuando negó candidaturas a algunos integrantes del Morena, como José Félix Salgado Macedonio, o en sus intentos de sancionar legisladores y gobernadores del Morena por romper la veda electoral.
De acuerdo con Iván Arrazola Cortés, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), distintas enc
uestas y sondeos, se prevé una participación de alrededor de un 27% de los electores. Es poco probable que la consulta resulte vinculante.
Disputas sin fin
Lejos de los verdaderos problemas de la clase trabajadora y los sectores populares, esta consulta por la revocación de mandato constituye un nuevo capítulo de la polarización entre el gobierno y la derecha.
Cuauhtémoc Cárdenas, otrora cercano a López Obrador y primer jefe de gobierno electo en el Distrito Federal (DF), se sumó a las voces que cuestionan el despliegue de este “ejercicio democrático”.
El hijo del general Lázaro Cárdenas señaló que “este ejercicio de Revocación de Mandato es un ejercicio inútil e innecesario”, puesto que nadie solicitó que se revoque al presidente y porque cuando éste ganó las elecciones de 2018, esa victoria implicó que se lo votaba para que cumpliera los seis años de gobierno.
“Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo, porque nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente” declaró Cuauhtémoc Cárdenas en entrevista con distintos medios, sumándose así a las críticas formuladas desde la derecha del arco político.
Uno de los ex consejeros del INE, Marco Baños, declaró en un programa de El Financiero “Hemos visto cómo legisladores han actuado en campaña para su promoción, la consulta ha sido desvirtuada como mecanismo ciudadano. No son los inconformes los que piden la revocación, son la gestión del presidente para tener una medición de cuál es el respaldo popular que tiene AMLO”.
Otro de los aspectos que cuestionan el INE y la oposición de derecha -aún acéfala a dos años de las próximas elecciones presidenciales- es que los gobernadores alineados con el Morena (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) y la jefa de gobierno de Ciudad de México realizan una campaña de promoción de la consulta.
Entre analistas de los medios de comunicación, las posturas varían. Van desde el llamado de Zepeda Patterson a que el gobierno no tense el escenario político poniendo en cuestión al INE, órgano al que denomina “árbitro de las reglas del juego” hasta los de la derecha que se rasgan las vestiduras por el “dispendio” de recursos públicos, como los de El Financiero, que olvidan las tropelías de los gobiernos del PRI y del PAN.
Los límites de la democracia participativa
Sin caer en especulaciones psicológicas, es difícil entender por qué necesita reafirmarse con una consulta de “revocación de mandato” un gobierno que cuenta con un promedio de 60% de popularidad a más de tres años de haber asumido el poder.
Esta consulta, en la que se espera que participen beneficiarios de planes sociales movidos en parte por prácticas clientelares, constituye un gesto político para diferenciarse de los gobiernos del PRI y del PAN, pero es un gesto oneroso y que puede jugar en contra de la imagen del gobierno si no logra llevar a las urnas al 40% de las personas que pueden votar.
Más aún cuando lo que busca es fortalecer su imagen de cara a las eleciones del 2024, conciente de que la popularidad presidencial es un activo fundamental para una buena elección de los candidatos del partido gobernante.
Desde 2018, cuando asumió con discursos como “primero los pobres”, “abrazos, no balazos” y promesas del regreso de los militares a los cuarteles, las acciones de gobierno de AMLO fueron por un camino muy distinto a sus promesas. El Ejército y la Marina asumieron tareas del orden civil, como la operación de los puertos, obras públicas como el nuevo aeropuerto, la participación en las campañas de vacunación.
Aunque en distintos momentos en el plano de la política exterior el gobierno buscó diferenciarse de Washington, en el terreno económico, de la estrategia de seguridad y la política migratoria se mantuvo subordinado al imperialismo estadounidense.
Los trabajadores y los sectores populares nada tenemos por ganar en esta consulta impulsada por el gobierno para afianzar su imagen; tampoco confiando en la derecha que busca fortalecerse y regresar con sus planes neoliberales.
Además, la “democracia participativa”, una de las banderas de López Obrador, no da poder de decisión directo a la clase trabajadora y los sectores populares sobre los problemas que de verdad importan, como el presupuesto para educación o para salud, o planes de obras públicas que atiendan problemas prioritarios para la mayoría de la población, como el acceso al agua potable.
Tampoco garantiza que las mayorías puedan prohibir la precarización laboral que sólo beneficia a los empresarios y garantiza un gobierno con una nómina reducida gracias a las múltiples figuras de simulación laboral que utiliza el Estado para mantener a gran parte de sus trabajadores sin derechos laborales. Ni da poder de decisión sobre cuestiones cruciales como el T-MEC, la violencia que generan la militarización y el narcotráfico, justicia para crímenes de Estado, como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la legalización de las drogas o el derecho al aborto.
Solo la organización y la movilización, independiente del gobierno y de la derecha, de la clase trabajadora y los sectores populares puede garantizar una participación masiva y activa en el destino del país.
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