El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario dispuso su traslado al penal federal que funciona en Campo de Mayo dado que Pagano "de ninguna manera es una persona que no puede valerse por si mismo para las actividades cotidianas".
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Jueves 17 de octubre 19:34
Walter Salvador Dionisio Pagano, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad por su actuación como personal civil de inteligencia del Ejército en centros clandestinos que funcionaron en las ciudades santafesinas de Rosario, Funes y Granadero Baigorria durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, deberá volver a la cárcel.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad de Rosario el pasado 10 de octubre, indicando su inmediato traslado a la unidad penal N° 34, que se encuentra en las instalaciones de Campo de Mayo. En la resolución, el juez Otmar Paulucci sostuvo como fundamento de la revocación que "uno de los centros de detención- la Unidad 34- se encuentra en condiciones de realizar el control y seguimiento de las patologías crónicas informadas”.
Así mismo agregó que "durante el tiempo que Pagano permaneció en detención en un instituto carcelario, antes de acceder a la modalidad domiciliaria, respecto a los controles médicos, esta Magistratura siempre resolvió de manera favorable las numerosas peticiones de traslado para atención médica”. Y agregó que "de ninguna manera es una persona que no puede valerse por si mismo para las actividades cotidianas", tomando como justificativo de dicha revocación que el propio condenado, ante la necesidad de atención médica, "concurrió por sus propios medios y pudo desenvolverse normalmente circulando por las calles y avenidas de esta ciudad", señaló Paulucci.
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Pagano actuó como personal civil del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino, desde 1976 hasta el año 2000. Fue condenado a la pena de prisión perpetua en las causas conocida como "Guerrieri I", "Guerrieri III" y "Guerrieri IV"; a 11 años de prisión en el juicio Hospital militar de Paraná y a 5 años de prisión en "Guerrieri II". Además, se ha dictado su procesamiento con prisión preventiva por un hecho en la causa “Membrive” y por aquellos que damnificaron a Gervasio Ramón Girau y Edmundo Jerónimo Candioti, cuyas causas se acumularon en “Guerrieri V”, que ya se encuentra elevada a juicio.
En 2020, con la excusa de la pandemia, varios genocidas vieron la oportunidad y solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria con la excusa de ser población de riesgo por la edad. Algunos de ellos lo consiguieron como Pagano.
La mayoría de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad gozan de buena salud y de la comodidad de sus casas. Más precisamente, se trata del 80% de los detenidos. Así lo demostró el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, perteciente al Ministerio Público Fiscal: hay 636 represores detenidos por crímenes de lesa humanidad: 508 en arresto domiciliario y 128 en instituciones penitenciarias. A las claras, más que una excepción es una regla e impunidad que busca perpetuarse como lo vimos con la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas que residen en las comodidades del penal de Campo de Mayo.
El intento de avanzar en la impunidad a los represores por parte del gobierno y la derecha pro genocida hay que seguir enfrentándolo día a día. La lucha por cárcel común y efectiva para todos y cada uno de los genocidas sigue más vigente que nunca.