#24M. Río Gallegos: se realizó el acto independiente a 46 años del golpe genocida

El acto comenzó a las 12 del mediodía, en la avenida San Martín al 600. Allí se encontraba el Monolito por los 30 mil detenidos desaparecidos, que fue retirado hace un año atrás por el municipio y hasta ahora no fue restituido.

La apertura fue con la lectura del documento central elaborado por la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia, con un fuerte rechazo al acuerdo que el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los gobiernos provinciales, pactaron con el Fondo Monetario Internacional. También denunciaron el crecimiento de la pobreza en Río Gallegos y Santa Cruz, la falta de inversión en la educación y salud pública y la falta de alimentos ante el aumento de personas que concurren a los comedores barriales.

Luego hubo micrófono abierto para las organizaciones gremiales y partidos de izquierda que participaron del acto. Intervinieron el Movimiento de Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista, Nuevo MAS, ADOSAC, Partido Obrero y cerró el Partido de Trabajadores Socialistas.

El acto continuó con una obra teatral infantil del Barrio Madres a La Lucha, con el título “No me olviden”. Finalmente tocaron las bandas de rock Crucificados, No Pasarán, Sin Fronteras y Antihéroes.

El espíritu del acto fue, de una reivindicación a la memoria de las y los 30 mil detenidos, desaparecidos. Exigiendo seguir luchando y denunciando a las y los desaparecidos de los actuales gobierno democráticos y la criminalización de la pobreza y la precarización laboral.

A continuación, reproducimos el documento elaborado por la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia a 46 años del golpe cívico, eclesiástico y militar:

24 de marzo de 2022: a 46 años del golpe genocida, seguimos diciendo Verdad, Memoria Y Justicia.

El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura más sangrienta de nuestra historia reciente que instauró el TERRORISMO DE ESTADO y produjo el asesinato de 30000 detenidos-desaparecidos.

Si bien el antecedente más inmediato fue el nefasto accionar de la TRIPLE A y el “Operativo Independencia” en Tucumán, más lejanos en el tiempo podemos mencionar la actuación de los anteriores gobiernos militares nacidos en los Golpes de Estado de 1930, 1955 y 1966. Situados a comienzos del siglo XX, la violencia ejercida por el estado tuvo su epicentro en las huelgas de los trabajadores de Santa Cruz cuyo punto culminante fue la represión contra los peones rurales; la Semana Trágica en la ciudad de Buenos Aires y la represión en los Ingenios de “La Forestal” en el norte santafesino y chaqueño.

En cuanto a nuestra realidad más cercana geográficamente, la lucha de los trabajadores santacruceños y magallánicos por mejoras laborales y salariales en los frigoríficos, los puertos, el ferrocarril y los trabajos rurales motivó la unión de los gobiernos y la clase dominante de ambos países para lograr una represión que acalló, por muchos años, todo tipo de reclamo. Los momentos culminantes fueron los sucesos de Puerto Bories (1919) y la llamada “Patagonia Trágica” en 1920-1921 en los cuales actuaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Actualmente no se tiene un número exacto de los huelguistas fusilados pero, por las cifras que se calculan- 1500- , se puede considerar que fue un genocidio cometido en suelo santacruceño. Genocidio que todavía sigue reclamado Justicia por los peones y sus familias de esa época y, más importante, por los actuales.

Este 24 de marzo nos encuentra en un contexto particular y es el acuerdo con el FMI que es el eje rector que ordenará la política y la economía en nuestro país. Este Acuerdo, con un organismo que fue responsable de financiar el genocidio es un insulto a la memoria de nuestras 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. La deuda que se acaba de tomar para refinanciar la contraída por el gobierno de Macri es parte de un círculo de sometimiento y entrega del país y, a su vez, un encadenamiento con deudas externas contraídas con anterioridad y con diversos organismos internacionales. A fines del gobierno de Isabel Perón la deuda contraída era de 7.000 millones de dólares y, al finalizar la dictadura, había alcanzado a más de 46.000 millones de dólares. La misma benefició de manera evidente a grupos económicos privados y a empresas públicas en connivencia con los mismos. En un fallo histórico, en el año 2000, el Juez Federal Jorge Ballesteros, dictaminó que era fraudulenta.

Hoy la deuda externa argentina supera los trescientos cincuenta mil millones de dólares y, en el largo proceso transcurrido, en cumplimiento de las exigencias de los organismos internacionales se han regalado las empresas estatales, se han implementado reformas que quitaron derechos y se ha empobrecido al pueblo argentino.

Si bien la Pandemia provocada por el COVID y las restricciones implementadas por los gobiernos se han ido atenuando, las consecuencias son cada vez más visibles y afectan, de manera especial, a los sectores más vulnerables sin que se pueda observar una política proactiva para paliar dichas consecuencias.

Esa carencia de políticas se hace muy evidente en la cuestión urbanística e inmobiliaria la que obliga a los habitantes de Río Gallegos a echar mano de sus propios recursos y capacidad de organización. La proliferación de asentamientos o barrios en la periferia de se evidencia en la carencia de los servicios urbanos básicos, en la lejanía de los centros educativos y de salud y en la inexistencia de una red de transporte urbano que los atraviese. A esta realidad de extrema precariedad se le suma la imposibilidad de los vecinos de acceder al título de propiedad de su vivienda aunque somos conscientes de que, el simple otorgamiento del mismo sin posibilitar la existencia de los servicios básicos a los que nos referimos es una solución de muy poco alcance.

Un emblema de estos reclamos es el barrio Madres a la lucha que en cada campaña electoral recibe anuncios de urbanización con la promesa de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes con la propuesta de la reubicación. Sin embargo, lo que no se comprende, es que urbanizar no es reubicar porque eso significaría empezar de cero y quienes viven allí conocen lo que es empezar de cero. Mientras unos pocos son los dueños de la Patagonia, el reclamo unánime es Tierra para todos, urbanización real con servicios de gas, agua, luz, cloacas y pavimento. Nunca más permitiremos que nos ignoren.

Frente a la falta de atención de los gobernantes de turno, en nuestros barrios, la solidaridad se expresa en los comedores populares a cargo casi exclusivamente de mujeres. Su crecimiento en la ciudad de Río Gallegos y zonas aledañas son una evidencia de la falta de trabajo y de la precarización laboral. Los mismos se mantienen gracias a la colaboración de los vecinos y al trabajo incansable de las mujeres cuyos reclamos son ignorados por las autoridades responsables de atender a su provisión. En estos lugares se ha mantenido la manutención y ayuda escolar pese a la pandemia, pese también a la falta de carbón y leña; son espacios que funcionan gracias a la unión, planificación y organización de los propios vecinos. Es preciso entonces que visibilicemos esta problemática que atraviesa a cientos de habitantes de Río Gallegos, como así también destacar la valiosa actividad de las personas que allí trabajan.

No se habla del derecho a la educación de calidad y se oculta bajo falsos criterios de equidad que, en realidad, profundizan las diferencia. Es un hecho innegable que la decadencia educativa santacruceña ha sido progresiva desde hace varios años y se agravó, en la época de la Pandemia, con el recorte de contenidos educativos y el no garantizar la infraestructura tecnológica de los actores de la educación. Se evidenció de manera más notoria que ante el desinterés, por parte de quienes nos gobiernan, de que la educación alcanzara a todos los sectores y, en especial, a aquellos devastados por una política económica que acarrea despidos y desocupación.
La mal llamada “educación virtual”, que fue implementada por las autoridades en el marco de las restricciones de la Pandemia, se limitó a ser de “acompañamientos pedagógicos” debido a que no se configuraron esos escenarios como tales. La misma también fue utilizada para avanzar en una mayor precarización laboral docente que se evidencia actualmente con la vuelta a la presencialidad. Los establecimientos educativos no han recibido la inversión necesaria y nuevamente nos encontramos con aulas superpobladas, cierre de cursos y salarios por debajo de la línea de pobreza. El retorno a las clases presenciales también deja al descubierto otro problema que es el del acceso a la educación en todos sus niveles. Por ese motivo, y en un contexto de ajuste al bolsillo de los trabajadores, es que se hace necesaria la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito, sin restricciones, y la ampliación de los recorridos del servicio urbano de transporte en los barrios más alejados del centro urbano.

El derecho a la Salud estuvo - y está - limitado al de la lucha contra el COVID y la provisión de vacunas – que evidenciamos dio origen a un gran negocio farmacéutico y el reparto discrecional de las mismas- olvidando que la Salud es un concepto mucho más amplio y abarcativo y que incluye no solo la salud física sino también la salud mental. Se ha profundizado el descuido a la salud mental en su tarea de prevención y asistencia a los enfermos y sus familias. Hay un Estado ausente y vemos, día a día, cómo aumentan las estadísticas de los suicidios en nuestra provincia con el agravante de que la mayoría de ellos son de jóvenes.
A esta situación debemos agregar el hecho de que, los principales implicados en el tema, el personal sanitario que lucha día a día con la cura de sus pacientes continúa denunciando la precariedad sanitaria en nuestra Provincia sin encontrar un eco a sus reclamos y, lo que es más grave, siendo denigrados.

Observamos también que los integrantes de los pueblos originarios siguen sufriendo el abandono y la represión por parte de los gobiernos provinciales y nacional que continúan desconociendo sus legítimos reclamos por su tierra.

De allí la actualidad y “urgencia” de esta movilización del 24 de marzo de 2022 ya que los mismos intereses y grupos dominantes que orquestaron el golpe siguen gobernando la Argentina y son los responsables de que, de cada 10 niños 6 sean pobres, de una inflación récord de 4,7% en Febrero -llegando al 7,5% en alimentos- y de una inflación interanual del 52,3%, con jubilados que viven un calvario de miseria cada vez peor, con trabajadores formales - por ejemplo los empleados públicos y docentes en Santa Cruz bajo la línea de la pobreza y de millones de trabajadores que perdieron sus trabajos o no pueden insertarse en uno y que el empleo se vuelva crecientemente un trabajo precarizado o informal.

Por eso, transcurridos 46 años del Golpe cívico militar, continuamos valorando el esfuerzo de las organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que, a pesar de Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos, mantienen el reclamo en favor de la Verdad y de la Justicia y continúan bregando para que el acceso a los derechos sea una realidad de la vida cotidiana y no una mera formulación legal.

Y seguimos reclamando: