Informe. Río Negro: apuran la entrega de miles de hectáreas a capitales extranjeros

Luego de los anuncios del Presidente de la Nación y la empresa del multimillonario mega-minero Andrew Forrest sobre la producción de hidrogeno verde en la Patagonia, todo el séquito de Juntos Somos Rio Negro, con la gobernadora Arabela Carreras a la cabeza, se puso en campaña para que se vote cuanto antes en el órgano legislativo el proyecto de ley que planifica una total entrega de recursos al grupo Fortescue Future.

Los legisladores provinciales están tratando dos grandes proyectos: la declaración del puerto Punta Colorada y su zona aledaña, en cercanías de Sierra Grande, como Zona Franca libre de determinados impuestos que favorezcan la radicación de los capitales interesados en la producción de Hidrógeno Verde. Para ésto crearán un Ente Promotor que apunte a la radicación de empresas en la zona. Y por el otro lado, la gobernadora ya hizo la presentación del proyecto de ley que declara a los intereses de Fortescue Future en la provincia de Río Negro de “interés público”. Esto implica que todas las necesidades de la empresa serán tratados como un verdadero “interés de estado” por parte del conjunto del régimen político pro-empresarial de Río Negro.

Ningún partido se quiere quedar afuera del negocio. Así lo demuestra el nulo rechazo que hasta el día de hoy han realizado las fuerzas mayoritarias. Por ejemplo los referentes del PJ rionegrino. Ninguno señaló los peligros de este proyecto en el tratamiento en las comisiones legislativas previas y avalaron un pacto para seguir con el extractivismo a costa de Áreas Protegidas como la Meseta Somuncurá favoreciendo la producción y exportación de un grupo empresario, que dejará pocos beneficios para la población y el ambiente.

¿De qué se trata la entrega?

El gobierno cedería como concesión por 50 años, y en sucesivas etapas, 625 mil hectáreas para la construcción de parques eólicos con los cuales Fortescue se dotaría de la energía eléctrica. Se trata de una gigantesca porción de territorio. La primera artimaña de la gobernadora al presentar el proyecto como parte de una iniciativa de “interés público” es pasar por alto la Ley de Tierra y aquella legislación que protege a la Meseta Somuncurá de la acción industrial humana.

Recordemos, como ya se dijera en otros artículos, el proyecto trata sobre la producción de hidrógeno, a través de energías renovables como la eólica. Pero para ello será necesario enormes territorios vírgenes para la instalación de parques eólicos, a la vez del uso de masas de agua en cantidad para la realización de la electrólisis, proceso por el cual se obtiene el hidrógeno. Por ser la extracción basada en energías renovables, se le llama a este hidrógeno “verde”, al que debe transformarse luego en amoníaco para poder almacenarlo y transportarlo, dada la imposibilidad en este planeta de “stockear” hidrógeno en su estado puro.

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Para dar rienda suelta a este proyecto la gobernadora avanza sobre leyes soberanas que impiden una serie de acciones, con el objetivo de favorecer el negocio imperialista. En primer lugar, sobre el territorio, en concreto la Meseta Somuncurá.

Siguiendo el proyecto de ley, la empresa pagaría anualmente por cada hectárea que siga ociosa 1,5 dólares y si está dentro del ejido en el que ya se esté produciendo pagaría 25 dólares. Es decir que por “alquilar” una manzana entera de terreno, el gobierno cobraría aproximadamente 5 mil pesos anuales.

El mismo gobierno que cede una inmensa cantidad de tierras de la meseta al grupo imperialista australiano es quien le niega derechos a las comunidades mapuche en toda la provincia. Para este caso puntual, el proyecto avasalla derechos de unas 35 comunidades mapuche que habitan dentro de todo el vasto territorio de la meseta sureña.

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Ceder un Área Protegida mientras se niegan derechos al pueblo mapuche

La Meseta Somuncurá es una región fundamental del centro sur de la provincia rionegrina, donde habitan especies endémicas y tiene estatus de Área Protegida. Existe una legislación que contradice el proyecto de ley de la gobernadora dado que al ser una región que alberga fauna y flora nativa en un estado de conservación inigualable, está prohibida la acción humana con fines de producción industrial.

En dicha meseta, refugio de especies como la rana de Somuncurá y la mojarra desnuda, único pez autóctono; además de ser territorio donde año tras año se hacen ceremonias para la suelta de cóndores; Fortescue haría trazas sobre el terreno, colocando los enormes molinos y realizaría tendidos eléctricos, montando innumerables estaciones eléctricas para el transporte de dicha energía. Claramente esto tendrá enormes consecuencias socio-ambientales, cosa que parece no importar a un gobierno que toma el discurso "verde" sobre el ambiente.

Una masa de agua que nadie sabe de dónde sale

La producción de hidrógeno necesita excesivas cantidades de agua. Lo que no está para nada claro es de dónde se abastecería la producción de hidrógeno. Durante los discursos iniciales de noviembre del año pasado, la empresa dejó correr la posibilidad de que la producción energética se basaría en la desalinización de agua de mar. Pero en diferentes publicaciones se habla de que la obtención de agua por parte de este pulpo energético sería de las propias napas subterráneas linderas a la localidad de Sierra Grande, lugar donde se concentraría la planta de producción y que está próxima al puerto Punta Colorada, la que quieren transformar en Zona Franca por donde se exporte la producción vía buques de gran calado. Argentina no dispone de un plan de transición hacia energías "limpias", por lo que ese hidrógeno producido será exclusivamente para exportación hacia Europa.

Se trata de una región de un estrés hídrico crónico y donde cualquier recurso de agua potable debe estar asociado a las primeras necesidades humanas en las localidades. Pero para la gobernadora y su proyecto de ley esto importa poco. Al día de hoy se ha mostrado a las primeras líneas de la empresa estatal de aguas de Río Negro visitando la empresa de agua israelí Mekorot, donde darían a entender que lo que se busca es una tecnología de punta para la desalinización del agua en pos de resolver los intereses de Fortescue. La puesta en marcha del proyecto ya demostrará de donde extraerán ese recurso escaso, pero lo que sí queda claro es que esas inversiones son lo opuesto a la desinversión que por años viene haciendo la provincia cuando se trata de invertir en calidad de vida a las familias a quienes se les niega el derecho a la vivienda.

Un pacto con el PJ y Juntos por el Cambio que profundiza la entrega de recursos

En el proyecto de ley se estima que la empresa pagaría un canon de regalías por su producción. La fecha inicial para empezar con la primera fase productiva sería en 2026, con una concesión al grupo empresarial por 50 años, con la posibilidad de extenderlo por otros 25 años más. El gobierno intenta aprobar este proyecto que entrega de pies y manos por décadas una vasta región de la provincia. Pero eso no sería posible sin la colaboración de Juntos por el Cambio y del PJ rionegrino. El Frente de Todos provincial, sumando a sus aliados de la coalición nacional del Frente Renovador, tiene 17 legisladores provinciales sobre un total de 46 miembros. Al día de hoy ni una sola de sus bancas salió a difundir en profundidad el proyecto de ley. Lo que es peor, todas las alas del FDT provincial, dividido en una interna entre camporistas, soristas y otros pelajes, se sacaron fotos en común con los funcionarios del gobierno de JSRN y miembros de Fortescue, en la presentación del proyecto y en el desarrollo por comisión parlamentaria del proyecto.

Lo que endulza los oídos de esta casta política son los números en dólares. Río Negro, por la sola entrega por décadas, recibiría más o menos unos 120 millones de dólares, algo así como 3 veces lo que se está debiendo del Bono Castello. Lo que resulta más cipayo aún es que de esos pagos de la empresa al estado provincial, el proyecto de ley estipula que el 30% del mismo sería reutilizado en infraestructura necesaria para la producción de este recurso. Es decir, ni siquiera podría hacer que crezcan los números presupuestarios en salud, vivienda, educación. Inaudito. La búsqueda de este “oro verde” implica que el 60% restante quede en arcas del Tesoro Provincial y el restante 10% implica un acuerdo entre los bloques partidarios capitalistas: se repartiría entre las intendencias de cada localidad rionegrina. Es decir, las propias intendencias, anémicas de presupuesto, estarían interesadas en este negociado.

Desde Alberto Fernández hasta Arabela Carreras, así como los legisladores de Juntos Somos Río Negro y del Frente de Todos provincial; todos se han sacado la foto con representantes de la firma. Las voces de oposición al proyecto han surgido por parte de las comunidades mapuche, investigadores e intelectuales de las universidades de Río Negro y Comahue, entre otros.

El PTS en el Frente de Izquierda rechaza este proyecto, denunciando un pacto entre los principales partidos de los capitalistas. Seguir difundiendo las consecuencias ambientales del proyecto y el falso discurso gubernamental de las posibilidades de “desarrollo” y “trabajo” cuando se trata de una entrega sin comparación histórica; es parte de preparar una resistencia mayor, la que el movimiento estudiantil, de mujeres y la clase trabajadora están llamados a cumplir un papel preponderante en la defensa del ambiente y el territorio.