Informe. Río Negro: la represión en dictadura y su continuidad en democracia

La provincia fue parte de la situación nacional que se vivía durante la década de los 70´s, con la fuerte impronta de las luchas obreras y estudiantiles. En Río Negro se expresaron revueltas populares contra la intervención de las intendencias bajo las dictaduras de Onganía y Lanusse, por caso el Cipoletazo y luego el Rocazo, donde la inicial defensa del derecho democrático a mantener a sus propios intendentes, se transformó rápidamente en grandes revueltas enfrentando la represión. A nivel regional la experiencia de huelga obrera del Choconazo neuquino así como también el proceso de organización del movimiento estudiantil en la universidad que luego pasaría a denominarse Universidad del Comahue, mostraban el clima de época con una fuerte resistencia y organización. El Golpe de Estado de 1976 vino a cortar de cuajo esta experiencia, reproduciendo en la Norpatagonia sus propias formas de represión.

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Así es como Río Negro cuenta con decenas de asesinados y desaparecidos entre 1976-1983. Son un total de 75 personas, algunos asesinados en otras provincias. La mayoría de ellas eran jóvenes entre 19 y 25 años. Cabe señalar que durante el período previo, por el accionar de la Triple A bajo el gobierno democrático de Isabel Perón, cuatro personas fueron asesinadas mientras que dos más se encuentran desaparecidas.

Policía de Río Negro: en el centro del accionar represivo

El mando de los militares encomendó tareas a la Policía de Río Negro que iban más allá de sus facultades legales, formando parte del sistema de arrestos ilegales, torturas e incluso en algunos casos conformando los “grupos de tareas”. Hasta el momento se pudieron identificar 14 Centros Clandestinos de Detención y Torturas, muchos de los cuales fueron en edificios públicos de la propia policía.

En Cipolletti la Comisaría 24 ubicada en calle Roca, en pleno centro de la ciudad, fue uno de los epicentros del accionar terrorista. Fundamentalmente ese rol lo cumplió en los primeros meses de instaurado el golpe, antes de que se instalara el centro de torturas más grande de la región en “La Escuelita”, situada en la ciudad de Neuquén. Hoy en esas instalaciones funciona la Comisaría 4ta de la misma Policía de Río Negro. En la zona Andina existía un “circuito” que involucraba la Comisaría Segunda del Centro Cívico de Bariloche, el Escuadrón 34 de Gendarmería de la misma ciudad y en El Bolsón la Comisaria 12 y el Escuadrón 35 de Gendarmería. En Viedma uno de esos centros se alojaba en la “Casona”, que era el edificio donde funcionaba el propio Servicio de Inteligencia en la ciudad; otro de ellos funcionó en la Comisaría Primera, la que también sigue en funciones en el mismo edificio hasta el día de hoy.

La colaboración de las intendencias y los civiles

Toda esta aplicación del plan genocida no hubiera sido posible sin la complicidad de sectores civiles y del empresariado. El diario Río Negro enfatizaba en vísperas del golpe la “inacción” del gobierno democrático. Si bien evitaron una posición explícitamente golpista, desde sus páginas abogaron por la idea de que la dictadura era bien recibida por la “ciudadanía”, publicando los dictámenes oficiales de los gobiernos y cubriendo el conjunto de la gestión de los gobiernos provinciales de facto. [1]

Por su parte, las intendencias de Río Negro aplicaron un trabajo de inteligencia sobre la población, en lo que se dio llamar “Plan Martillo”. Como explican las investigaciones de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma y Patagones, [2] se trataba de una disposición en la que los propios funcionarios municipales de cada una de las localidades y ciudades debían elaborar informes detallados de espionaje. Este operativo de control debía aplicarse tanto en los lugares de estudio, de esparcimiento deportivo y cultural, así como en sindicatos y en otras actividades sociales y políticas.

La Directiva 1/80 “Martillo” en Río Negro, nombrado así en homenaje a la doctrina de la Armada conocida con el mismo nombre y que planteaba el paso a la ofensiva contra la subversión, no es más que una parte de un plan sistemático y organizado, que empieza antes de la dictadura con la Triple A y que es perfeccionado con la construcción del Servicio de Inteligencia provincial basado en una red de municipios. Entre los funcionarios de las intendencias, sobre las cuatro principales ciudades de Río Negro gobernaban directamente altos jerarcas militares, pero en el resto de las ciudades y localidades fueron decenas los intendentes civiles que prestaron colaboración. Muchos de esos responsables murieron impunes o siguen gozando de libertad al día de hoy.

Carlos San Juan: un patrón de estancia al gobierno para garantizar la transición

En septiembre de 1982 asume la gobernación provincial quien fuera hasta ese momento el Ministro de Agricultura y Ganadería provincia, Carlos San Juan un empresario nacido en Carmen de Patagones. Fiel ejemplo del rol que cumplió la oligarquía terrateniente durante el golpe genocida, este empresario fue miembro de la Sociedad Rural y Presidente de la misma filial Guardia Mitre.

Para esos momentos ya se había conformado la Multipartidaria en la que los grandes partidos patronales como la UCR y el PJ entre otros, comenzaban a negociar abiertamente la transición a la democracia con los militares. Es el momento post-Malvinas, en donde el propio gobierno está dispuesto a desactivar los procesos de movilización y para ello va delineando con la Multipartidaria una “transición pactada” a la democracia. Esto implicaba que esta última debía reconocer al gobierno del Gral. Bignone como interlocutor para acordar el llamado a elecciones, que quedará para un lejano diciembre de 1983. Río Negro tuvo su propia mesa Multipartidaria integrada por el MID, el ex -gobernador peronista depuesto en 1976 Mario Franco, los radicales y la Democracia Cristiana. Así se emprendía un diálogo con el gobernador de facto Carlos San Juan, en momento en que éste, por otro lado, hacía el “trabajo sucio” de destruir todo el aparato de inteligencia clandestino montado con el Plan Martillo sobre estudiantes, trabajadores, artistas, intelectuales y luchadores populares.

Gracias a la aparición de fragmentos de esta documentación en tres municipios de la Línea Sur, de las cuales una de las carpetas correspondiente a Bariloche se “extravió” cuando se dirigía a Bahía Blanca para su análisis, pudo reconstruirse este sistema de archivos. Se trataba de “carpetas negras” en donde se pudo comprobar los mecanismos de espionaje y represión a la población, que tenían como base fundamental el trabajo mancomunado de las intendencias con la Policía de Río Negro.

La democracia en Río Negro: gatillo fácil, represión y desapariciones

Desde 1983 hasta 2021 [3] hubo 8172 víctimas del gatillo fácil y otras formas de asesinato de las fuerzas represivas del estado. Río Negro cuenta ya con un centenar de asesinados desde la vuelta a la democracia. Algunos de los casos más resonantes han sido los de Diego Bonefoi junto a Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, el Triple Crimen de Cipolletti y el caso de Otoño Uriarte, donde una red de policías aparece implicada con proxenetas. También está el caso de Daniel Solano, obrero golondrina desaparecido en el Valle Medio y donde hay 7 policías condenados pero que aún gozan de libertad. Pero son muchas más las víctimas. A ese número hay que sumarle las denuncias que no fueron por asesinato sino por otros tipos de abuso, como las 50 denuncias por tortura y abuso policial que acumulaba la Comisaría N° 42 de Bariloche hasta 2019, las cuales hoy deben ser muchas más.

Ni hablar de las prácticas de violencia de género que practican los miembros de la Policía de Río Negro, que incluye a las propias mujeres de su fuerza, como se destapara en las denuncias sobre la comisaria de Allen y Bariloche. O las represiones en las tomas y asentamientos de familias que luchan por vivienda y trabajo. El grupo de choque COER, también perteneciente a esa fuerza, es una la tropa de represión para estos casos, así como también para a las comunidades mapuche, siendo la que mantuvo el cerco ilegal sobre el Lof Quemquemtrew, con el apoyo de la gobernadora Arabela Carreras. La política racista del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro es una marca indeleble de su gestión. Este grupo de “elite” también tiene un miembro de su propia fuerza asesinado por sus superiores en prácticas de entrenamiento en Bahía Creek. Así es como sostiene esta tradición represiva fiel a los militares genocidas.

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Si se toma un coeficiente de asesinados por millón de habitantes, a nivel patagónico Río Negro es la provincia con más alto índice de muertes en manos de las fuerzas represivas, cobrándose la vida de decenas de jóvenes en barrios pobres a lo largo y ancho de la provincia. Esto demuestra que la impunidad es una política de Estado, que los diferentes gobiernos han perfeccionado.

A 46 años del golpe genocida se sigue haciendo necesario sacar las lecciones de ese proceso y retomar las banderas de lucha que enarbolaran trabajadores, estudiantes, artistas e intelectuales, incluso en la experiencia de Río Negro. Porque en momentos en que los gobiernos nacional y provincial se prestan a hacer buena letra con el Fondo Monetario Internacional, está claro que la bronca desde abajo más temprano que tarde chocará con esta trama represiva que sigue vigente hasta la actualidad.