Actualidad. Río Negro se pronuncia por el #NiUnaMenos

Se conocen diariamente en las redes sociales casos de violencia por parte de parejas o ex parejas que ejercen acoso físico, psicológico y emocional que las víctimas se animan a denunciar. También trascienden campañas en búsqueda de mujeres y niñas que desaparecen en diferentes ciudades de la región. Esto no es ni más ni menos que la encarnación de la situación a la cual están sujetas las mujeres por parte del sistema patriarcal reproducido por sus instituciones y que las dejan fuera de la agenda política de los gobiernos. Datos revelan que cada vez más mujeres denuncian la violencia pero también lo que aumenta con ello son los casos de femicidios. Se debe a la falta de eficiencia y desfinanciamiento de los programas de asistencia y prevención.

En Río Negro sólo hay una Casa de Refugio para Mujeres víctimas de violencia en San Carlos Bariloche. A casi un año del Ni Una Menos, el gobierno provincial se vio obligado a hacer declaraciones públicas acerca del tema, Weretilneck inauguró una Comisaría de la Familia en Bariloche prometiendo un abordaje integral, pero mientras sigue reproduciendo la concepción machista de que el flagelo de los femicidios y la violencia contra la mujer.

El abordaje policial y judicial no es un abordaje integral de la violencia de género, sobre todo cuando la violencia proviene de estas mismas instituciones, la misma Ley nacional de protección integral a las mujeres, Ley 26.485, afirma que como manifestaciones de la violencia contra la mujer "quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes".

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Ola de femicidios en Bariloche

En marzo de este año ocurrió un fenómeno aberrante en la región cordillerana de la provincia, en el transcurso de apenas 10 días se dieron 5 casos consecutivos de femicidios y violencia física hacia mujeres.
El 18 de marzo en el barrio de “El Frutillar” Ruth Sagaut de 29 años apareció sin vida en su vivienda y su expareja, Claudio Javier Osman quedó detenido e imputado por femicidio. Pocas horas después una mujer de 29 años llegó al hospital zonal en grave estado de salud producto del intento de estrangulamiento de un hombre. El domingo 20 de marzo y también en la ciudad de Bariloche, una mujer fue víctima de una violación sexual. Micaela Bravo de 27 años, que desapareció el 23 de mayo fue encontrada sin vida el 7 de abril y todas las miradas están su expareja. El Domingo 27 se encontró el cuerpo de Natalia Báez de 27 años con signos de violación, la joven había desaparecido un día antes después de haber ido a bailar.

El último suceso conocido ocurrió el pasado 8 de mayo en el que una mujer de 50 años sufrió quemaduras del 20% de su cuerpo luego de que su pareja la prendiera fuego.

Aun con la visibilización de los casos y el levantamiento de la sociedad barilochense que reclamó justicia por cada uno de los casos y denunció la responsabilidad de las autoridades, el gobernador Alberto Weretilneck no vio la necesidad de declarar la emergencia de violencia de género en la provincia, sabiendo que además estos casos de violencia hacia la mujer se vieron en aumento durante los últimos años ya que en 2014 hubo 2600 denuncias y en 2015 creció a 8000, hay un promedio de 21 denuncias por día en los juzgados de paz provinciales. Esto sumado a la falta de presupuesto dedicado a la protección y prevención que llevó incluso al cierre de programas y de la Secretaria de Equidad de Género en la ciudad.

El Estado es responsable

En Catriel se firmó un “Protocolo Base para la coordinación de actuaciones en casos de violencia de género” el cual trataría de coordinar una serie de acciones entre las instituciones como comisaría y juzgado para ser utilizado por las victimas de violencia de género. Lo que no analiza el documento es la verdadera condición de la mujer frente al hombre sino que toma de manera generalizada la cuestión de manera tal que presupone que la violencia de género puede ser de ambos, tanto varones como mujeres, dejando de lado que las mujeres mueren cada 28 horas por femicidios y que esto no es casualidad sino que es a causa del machismo arraigado en toda la sociedad y las instituciones por responsabilidad del mismo Estado.

Tampoco es casualidad que en una localidad como Catriel siendo el principal lugar donde se concentra la actividad petrolífera en Río Negro se tenga que tomar esta medida, sabiendo que predomina la población masculina y que alrededor de la actividad crece el negocio de la prostitución y la trata. El gobierno quiere reducir la violencia de género a un problema judicial y criminal. Las mujeres en cambio, necesitan presupuesto para que se cumpla la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y que se declare la emergencia en la provincia. En un informe del diario Río Negro se mostró que en lo que va del 2016 ya se cometieron en la provincia más femicidios que en todo el 2015. Un abordaje integral, no puede quedar en manos de la justicia y la policía. Un abordaje integral, como lo muestran los proyectos presentados por las bancas del Frente de Izquierda a nivel nacional y en Neuquén, consiste en que el estado destine presupuesto para que las mujeres puedan tener casas refugios de acuerdo a las estadísticas reales de denuncias de violencia, para ellas y sus hijos, salario, obra social, regímenes de licencia laboral, capacitación laboral, becas, jardines maternales en los lugares de estudio y trabajo y asistencia profesional en la salud psicofísica.

La policía en la mira

La institución policial como fuerza represiva del Estado es parte y cómplice de las organizaciones mafiosas de proxenetas. La semana pasada se condenó a un sargento de Valle Medio a 3 años en suspenso por abusar sexualmente de una agente en la Subcomisaría N° 72 de Darwin el 1 de noviembre del 2011, después de haberse hecho una reunión con ingesta de bebidas alcohólicas. Además se lo condenó por otra causa de vejación en Luis Beltrán.

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En la provincia son frecuentes los casos de abuso sexual por parte de efectivos policiales. Los más trascendentes en los últimos tiempos son los del policía Rubén Rubio, sentenciado a 6 años de prisión junto con Víctor Chambita acusados de rapto y abuso sexual a una adolecente en Fisque Menuco (General Roca) el 1 de Enero del 2010 y aún siguen libres. Otro caso abrumador es el caratulado como “Isla 58” en Villa Regina donde el oficial Juan Marcelo Moyano en el año 2007 abusó sexualmente de una menor de 13 años sumado a otro hecho cometido por el mismo agente policial en un local comercial ese mismo año recibiendo una condena de 3 años de prisión. Es evidente que el proceso judicial para condenar a los efectivos fue lento además de la baja condena que deben cumplir reflejando el rol que cumple el Estado en perpetrar la violencia hacia la mujer.

No se puede dejar pasar el dato que según la CORREPI en el país hay un número importante de mujeres víctimas de gatillo fácil sumado a que más del 20 % de los femicidios son obra de uniformados.

A nivel nacional, campaña por la excarcelación de Belén.

El caso que condena a Belén a 8 años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía” es un reflejo de los fallos intencionados de la justicia para criminalizar a la mujer al decidir sobre su cuerpo. La justicia tucumana no tiene ninguna prueba del delito del que se la acusa y el fallo se basa en declaraciones de médicos, enfermeras y policías del Hospital Avellaneda que reflejan contradicciones entre unas y otras.
Los diputados del Frente de Izquierda presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto para rechazar el fallo de la justicia tucumana, que ya cuenta con el apoyo de diferentes bloques.

Este 3 de junio marchemos en todo el país.

Desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas estamos convencidas de que la organización es la salida para enfrentar estos ataques y denunciar la responsabilidad de los gobiernos e instituciones en dar respuesta a la problemática que tiene como final trágico el aumento de los casos de femicidios en todo el país. Frente al ajuste de Macri y los gobiernos provinciales, que se refleja en los recortes a los centros de atención a la víctima de violencia de género y a los planes asistenciales, la desocupación y el desfinanciamiento de la educación, invitamos a todas las mujeres estudiantes, trabajadoras y desocupadas a organizar la resistencia con Pan y Rosas y seguir exigiendo que se declare la emergencia contra la violencia hacia la mujer y el aborto libre y gratuito.