Las y los municipales aún no han cobrado sus sueldos de agosto. Tampoco el aumento firmado en julio por el Sindicado de Obreros y Empleados Municipales y el Municipio sin el consentimiento de sus afiliados.
Domingo 13 de septiembre de 2020 21:51
El aumento consistía en un porcentaje al básico (que nunca dijeron cuánto percibirían en mano), con el sueldo del mes de julio y cobrarlo en agosto. También se sumaba un aumento al título secundario (que sólo algunos pueden cobrar) y a la asignación familiar (tampoco se sabe el porcentaje).
El acuerdo fue a espaldas de las trabajadoras y los trabajadores con la modalidad típica de los sindicatos burocráticos, sin llamar a asambleas virtuales, ni para informar a través del cuerpo de delegados, respaldándose como argumento en la pandemia que impide debatir una demanda mucho mayor.
Es una gran contradicción cuando actualmente se encuentran en la situación más crítica, tanto de salud, como económica de todas y todos los trabajadores que perdieron el poder adquisitivo por sus bajos sueldos y que ya casi a mitad de mes vencieron todas las facturas de servicios y tarjetas de créditos, que por sus vencimientos se harán imposibles pagar por los intereses.
Hay que recordar que el salario promedio de las trabajadoras y los trabajadores municipales no superan los $ 42.000 en el mejor de los casos y actualmente la canasta básica supera los $ 70.000, según el dato aportado por algunos gremios de la cuenca carbonífera.
Como respuesta al no pago de los sueldos, el sindicato determinó un paro total, pero sin una asamblea donde resolver las medidas adecuadas para que fuera lo más efectivo posible. Gran parte de los trabajadores están en cuarentena en sus casas por estar dentro de los grupos de riesgos o porque muchas son madres que cuidan sus hijos menores.
Otra parte de municipales fueron convocados por el intendente a trabajar el pasado 1º de septiembre, cuando todavía hay casos confirmados de Covid-19 en la localidad, sin importarle a las autoridades del Municipio y exponiendo a todo el personal que tuvo que volver a trabajar y donde nos enteramos de un caso positivo en el Concejo Deliberante.
Esto no hace más que confirmar que para las actuales autoridades del Municipio, la vida de los trabajadores no importa. En una entrevista el intendente Darío Mena aseguró que la Municipalidad volvía a fase-1 por el lapso de siete días solamente, cuando esta comprobado que se necesitan mínimamente quince días para saber si el virus se propagó a la categoría de circulación comunitaria.
Un trabajador del Municipio afirmó que el compañero trabajó en el Concejo Deliberante hasta el viernes 4 de setiembre y el lunes 7 ya presentaba síntomas. Pero todas sus compañeras y compañeros fueron notificados recién el viernes 11 a las 22 horas.
A esto se suma la difícil situación de las y los trabajadores precarizados, que son en su mayoría monotributistas y contratados con sueldos de no mas de $ 15.000. Muchos y muchas son jefes y jefas de hogar que no tienen otra entrada económica más que la que reciben desde la Municipalidad y no han dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia.
El clima se fue haciendo cada vez más acuciante en la cuenca carbonífera, entre la impuntualidad en el cobro de los salarios (que a su vez están casi todos por debajo de la canasta básica), la precarización laboral que se acrecentó de manera exponencial (sin importar que las autoridades municipales sean de Juntos Por el Cambio o del Kirchnerismo) y que trabajen corriendo riesgos de contagios por no tener las condiciones óptimas para no contagiarse.
