Sin duda alguna, ésta es la máxima de Rita Barberá para mantenerse en el Senado y evitar los juzgados.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Viernes 16 de septiembre de 2016
Hace ya meses que se sabe masivamente que los dirigentes del PP valenciano han estado saqueando las arcas públicas dejando una deuda impagable. Circuito de Fórmula 1 en Valencia, tierra de ratas ahora. Un aeropuerto sin permisos para el tráfico aéreo. Obras como las del arquitecto Calatrava que se pagaban a precio de oro. O el agujero económico que dejó la Copa América de vela, por mencionar tan solo las perlas.
Rita Barberá es la directora de la orquesta imputada
A la cabeza de todo esto y mucho más estaba la poseedora del carnet número 3 del PP. Sí, Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia, que gobernó la capital durante 24 años. No es una dirigente cualquiera, ni una recién llegada al PP. Ella dirigía toda la orquesta que contaba con muy buenos “músicos” como Camps, Fabra, Rus, Costa y muchos más.
Integra el PP desde el 76 cuando se llamaba Aianza Popular. Bajo el ala del ex ministro de Franco, Fraga Iribarne, se sumó al nuevo partido político del Búnker franquista. Su padre, un histórico dirigente franquista de ideas falangistas, dirigió durante 30 años la Asociación de Prensa de Valencia.
Precisamente, por todo lo que ha hecho y todo lo que sabe, Barberá es un hueso duro de roer. Si cae ella, pueden caer muchos más. En mayo de 2015, entró al Senado por designación de su Parlamento autonómico. Y en abril de 2016 cuando los imputados se acercaban más a la exalcaldesa y había riesgo de disolución de la cámara, los senadores del PP la pusieron en la Diputación Permanente del Senado. Así han cubierto a la senadora y las espaldas de muchos poderosos. Y, como si esto fuera poco con una “nómina” de 7000 € mensuales.
Instituciones al servicio de los imputados
Todo esto nos lleva a indagar en las actuales instituciones de esta “democracia”. Nos lleva a pensar en la elevada protección que tienen los diputados y senadores en especial. Y, el verdadero rol de la cámara alta.
Según la Constitución, la función del Senado reside en regular los conflictos territoriales que puedan ocurrir. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. La única realidad territorial que resuelven es la de los políticos autonómicos que caen en desgracia. Del total de 265 senadores, hay 58 que son puestos directamente por cada parlamento autonómico. Más de un 20% de los cargos son elegidos de manera indirecta.
Mucho se habla de que el Senado es una jubilación anticipada para políticos fracasados o que ya les pasó el tiempo. Quizás pueda parecer exagerado, pero si uno ve algunos nombres de quienes asisten a las sesiones, le sería difícil pensar en otra idea. No solo están las empresas privatizadas como refugio político. Los senadores reciben un muy buen “salario” en reconocimiento a los servicios prestados.
Entre estos prohombres podemos encontrar a Francisco Javier Arenas, quien fuera el eterno candidato a gobernar Andalucía. También se puede ver a José Montilla, el otrora President de la Generalitat y a su costado Xavier García Albiol, quien perdió su alcaldía en Badalona. Por Valencia, no solo está Barberá, sino que también está Alberto Fabra que dejó la Generalitat valenciana el año pasado.
Los imputados se juzgan por el Supremo
No solo eso. Sino que en el caso de que algún juicio prospere contra algunos de ellos, deben ser juzgados en un fuero aparte: la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Los integrantes del TS están en la cúspide del poder judicial. Estos son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. El cual a su vez está integrado tan solo por 21 personas.
Esas 21 personas, son elegidas a través del Parlamento, a través del voto de las 3/5 partes de las cámaras. Es decir, que quienes juzgan a los parlamentarios son elegidos por los parlamentarios. La idea es clara, ¿no? Es imposible que sus amiguitos les vean culpables. Esto lo que algunos comentaristas llaman la “politización” de la justicia. Y si con el Supremo no alcanza, siempre está disponible el indulto del Gobierno.
Este entramado institucional sirve para proteger al personal político de los grandes partidos, es decir el PSOE y el PP. Los diputados y senadores se encargan de legislar a favor de las grandes empresas. El poder judicial de defenderles y así se mantiene un Régimen político que mientras perjudica a los trabajadores y el pueblo gobierna para las multinacionales de todo el Estado español.
El problema no es que Rita y muchos más hayan robado. Sino que el sistema está montado para que nos roben todos los días. Mientras, Rita piensa en su máxima favorita. Los trabajadores y el pueblo tendremos que prepararnos para el “sí se les quita”, en expropiar a los expropiadores. O como cantaban en los años 30 “que los pobres coman pan y los ricos mierda”.
Para acabar con la casta de políticos capitalistas e iniciar la lucha por una democracia más generosa hay que tomar medidas como disolver el antidemocrático Senado, que todos los jueces sean elegidos por sufragio universal y que todo cargo público sea revocable por sus electores y no gane más que el salario medio de un trabajador. Medidas democráticas que solo será posible imponer derrocando a este podrido régimen del 78, por medio de la lucha obrera y popular, en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores.
