En un contexto en el que las becas para el comedor escolar solo se destinan al 11% del alumnado frente al 27.8% que se encuentra en riesgo de pobreza, varias comunidades autónomas han decidido aumentar la tasa de este servicio para el curso 2023/2024. Unas ayudas del todo insuficientes que profundizan las diferencias de clase en el sistema educativo.
Jueves 7 de septiembre de 2023
Este es el caso de la Comunidad de Madrid, en la que el precio del comedor escolar subirá un 12,7% este curso, pasando de 4,88 a 5,50 euros diarios. Lo mismo ocurre en Cataluña, donde el precio aumenta un 5,65% (de 6,54 a 6,91 euros diarios, siendo la comunidad que más caro cobra este servicio de todo el Estado español); en Andalucía, donde la cuota sube por tercer año consecutivo; en Murcia, con una subida de 36 céntimos por menú; o en Castilla-La Mancha. Esta subida hace que el precio del comedor se sitúe en una media de 110 euros al mes, es decir, 1000 euros al año por cada hijo, un precio inasumible para muchas familias de clase trabajadora que ya han visto su poder adquisitivo notablemente mermado por la inflación o la subida de los tipos de interés.
Pero los problemas con el servicio del comedor escolar van mucho más allá de la subida de los precios. Para empezar, en comunidades como Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra la beca destinada a este servicio no contempla la cobertura del 100% del coste. Además, los requisitos económicos para poder solicitar esta ayuda están bastante por debajo incluso del umbral de pobreza que establece el INE, 20.023 euros al año para una familia de cuatro miembros: para optar al 80% de la subvención en la Comunidad de Madrid la unidad familiar tiene que ingresar menos de 12.000 euros; en Cataluña la renta familiar máxima para percibir el 100% de la beca es de 14.321 euros; en Extremadura, 15.329 euros; y hasta 15.039 euros en Castilla y León. Solo en Galicia llega a los 28.000.
También los métodos para adjudicar las becas hacen que su concesión sea difícil. Principalmente se emplean dos: el cumplimiento de unos criterios o la concurrencia competitiva. Este último implica que aun cumpliendo los requisitos especificados la beca puede ser denegada por exceder el límite presupuestario destinado para estas ayudas. A estas trabas ya de por sí clasistas y segregadoras se le añade la propia complejidad del proceso de tramitación de estas ayudas, siendo precisamente los hogares más vulnerables los que menos terminan solicitando este tipo de becas por la dificultad de acceso a las convocatorias y a las tecnologías necesarias, así como falta de tiempo o de conocimientos para pasar por el laberinto burocrático que suelen suponer este tipo de solicitudes, que en muchos casos acabarán siendo denegadas.
¡Pero todavía hay más! Por si todos estos obstáculos en el camino que redundan en el empobrecimiento de la clase trabajadora, frecuentes en otros trámites para solicitar becas o subvenciones y que tienen un claro carácter disuasorio, no eran suficientes, el ingreso de la beca o incluso la notificación de su concesión o denegación suele hacerse después de haber empezado el curso, por lo que muchos niños no podrán ir al comedor hasta entonces o incluso se quedarán sin la reserva de la plaza por no poder asumir el gasto que supone adelantar el coste. La reducción de las horas de trabajo sin reducción de salario o la indexación de salarios de acuerdo al IPC ya para otro día, mejor largos procesos burocráticos donde los pobres tienen que competir por ver quién es más pobre para que, con suerte, sus hijos puedan morirse de hambre un poquito menos.
La otra cara de esta misma precariedad que afecta al alumnado se ve materializada en las condiciones laborales del personal del comedor, un servicio habitualmente externalizado, como ocurre con la limpieza, y cuyos trabajadores son los más precarios del sector, muchos de ellos con contratos temporales y horarios partidos apenas remunerados con 400 euros.
Otro de los ataques fundamentales que se ejerce contra la clase trabajadora en materia de ayudas destinadas al sector educativo es lo que ocurre con las escuelas infantiles. En Zaragoza las ayudas destinadas para unidades familiares que no pueden pagar estos centros fijan un límite de renta de 12.600 euros anuales, habiéndose concedido solo 56 para este fin durante todo el año 2023; sin embargo, para optar al «cheque familia» pueden percibirse hasta 67.200 euros anuales.
Es decir, las personas con menos recursos económicos lo tienen más difícil para acceder a una ayuda que aquellas con rentas de hasta diez veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo). Lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid, donde el límite de renta para percibir una ayuda destinada al pago de una escuela infantil para una familia compuesta por dos adultos y dos hijos es de cerca de 144.000 euros al año, es decir, unos 72.000 euros anuales por padre, que se traduce en un salario de la friolera de 6.000 euros al mes.
Todo esto en un contexto en el que de los casi 1800 centros infantiles de los Comunidad de Madrid, el 62% son privados. Pero esta maniobra de eliminar plazas de la pública y convertir las becas en cheques y ayudas para la privada con la consecuente derivación de alumnos a estos centros, no es exclusiva de las guarderías, sino que se extiende a todos los niveles educativos. Madrid es la comunidad que más alumnos tiene matriculados en institutos privados (15,8%) y el jardín del Edén de la concertada (casi un 60% del alumnado).
Como Robin Hood pero al revés: recortan a los pobres para subvencionar a los ricos.
Esta es la estampa que se nos queda: un alumnado con menos recursos, una educación pública infrafinanciada y cada vez más clasista, y unos trabajadores peor pagados y con peores condiciones laborales. Pero esto no es todo, a lo largo del Estado Español hemos visto cómo los trabajadores han llevado a cabo procesos de lucha: desde la huelga en Cataluña, que secundaron dos tercios del sector, incluidos a los trabajadores más precarios del Lleure, hasta las protestas contra los cierres de escuelas infantiles en Madrid, contra el nuevo decreto educativo en Euskadi, contra las concesiones de la privada en Andalucía e incluso las manifestaciones convocadas por la Marea Verde en Madrid, que lograron aglomerar a un importante sector de trabajadores y estudiantes que criticaban los recortes y el modelo educativo.
Solo la acción conjunta de docentes, trabajadores y estudiantes puede luchar por otro modelo educativo y desarrollar las herramientas necesarias para ello, partiendo del cuestionamiento profundo de todo el sistema educativo (los contenidos que se imparten, los mecanismos de concesión de becas, el rol de la iglesia, la propiedad privada de los centros, la externalización de los servicios, el rol disciplinario de las escuelas…) para pasar al cuestionamiento del sistema capitalista en su conjunto.