Carlos Palacios afronta un jury de enjuiciamiento tras descubrir maniobras irregulares en los allanamientos realizados. El oscuro entramado del massismo y la justicia de la zona norte.
Lunes 19 de diciembre de 2016 07:57
Este martes un jury de enjuiciamiento decidirá si corresponde apartar preventivamente del cargo al fiscal de San Isidro, Carlos Washington Palacios. En el marco de la causa por el robo a la casa de Massa, ocurrido el 20 de julio de 2013, al funcionario se lo acusa de armar una causa “trucha” para favorecer a Alcides Díaz Gorgonio, el ex prefecto que ingresó a la propiedad en plana campaña para las elecciones legislativas de ese año.
Palacios aseguró a La Izquierda Diario que las verdaderas razones del juicio político en su contra están vinculadas a las irregularidades que descubrió en los allanamientos a la casa de Díaz Gorgonio, tras investigar las denuncias de César Jaunarena, testigo del procedimiento.
El impulsor del juicio político contra Palacios es el controvertido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, de estrechos vínculos con el procesado fiscal general Novo, quien a su vez tiene un probado vínculo con Sergio Massa.
El robo
Vale recordar que el robo a la casa del candidato recién tomó estado público dos semanas después de ocurrido, cuando el periodista Horacio Verbitsky sacó a la luz lo que definió como “el secreto mejor guardado de la campaña electoral”, atribuyendo ese sigilo a la necesidad de ocultar que el candidato del Frente Renovador, que hacía de la seguridad el principal eje de campaña, no podía garantizar la suya propia. Julio Alberto Novo, el cuestionado fiscal general de San Isidro, es quien dió la orden de no cargar el robo en el SIMP, el Sistema Informático del Ministerio Público. Pero el letargo en dar a conocer el robo no impide la celeridad del fiscal y la policía, que un día después del robo ordenan los allanamientos a la casa de Díaz Gorgonio (y de sus padres) y lo detuvieron.
Jaunarena y los allanamientos
A fines de noviembre de 2014, César Jaunarena denunció en la fiscalía de Pilar (en ese momento a cargo del fiscal Palacios) amenazas que venía sufriendo por parte de la polícia de Tigre. ¿El motivo? Amedrentarlo para que no contara lo que había visto en los allanamientos: adulteración del acta de allanamiento, el no registro de un funcionario municipal que había participado del procedimiento (Diego Santillán) y que se habría llevado parte de lo secuestrado, así como el secuestro de más dinero del que figuraba en el acta (según algunas versiones, Massa no tenía todo su dinero declarado por lo que si figuraba todo el dinero en el acto se le abriría un problema con el fisco)
A raíz de estas denuncias, Palacios comenzó a investigar lo ocurrido en los allanamientos a la casa de Díaz Gorgonio y, según relató a este diario, comprobó las irregularidades denunciadas por Jaunarena. En la tercera hoja del acta de allanamiento, en la que figuraba el monto del dinero secuestrado de la casa de Gorgonio, faltaban las firmas del imputado y las de Nataniello (comisario a cargo del operativo) y Jaunarena, que sí aparecían en las primeras dos hojas, además de estar falsificada la firma del Sargento Suarez.
En ninguna de las hojas del acta figuraba la firma de Diego Santillán (Secretario de Protección ciudadana de Tigre) ni la notificación de su presencia en el allanamiento, confirmada también por las declaraciones testimoniales que Palacios tomó a la esposa del ex prefecto y a un policía del operativo.
Scapolán
El fiscal Palacios remitió las pruebas de las irregularidades al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, que omitió investigarlas.
Luego, en febrero de 2015, con la intervención del juez Diego Martínez (también cercano al massismo), el fiscal Scapolán logró unificar la causa en su poder, abortando la investigación de Palacios.
En marzo del mismo año se llevó a cabo el juicio oral que sentenció a Díaz Gorgonio a una pena de dieciocho años de prisión. Jorge D Onofrio, senador bonaerense del Frente Renovador, se remitió al testimonio de César Jaunarena en ese juicio oral para sostener que la causa abierta por Palacios era trucha, hecha con el único objetivo de favorecer al ex prefecto.
En dicho juicio, César Jaunarena (siempre según la versión de D Onofrio) se habría desdicho de lo que había sostenido frente al fiscal Palacios, y por eso el senador massista sostiene que Palacios armó “una causa trucha en base a la declaración de Jaunarena, con el fin de desacreditar el acta de allanamiento y ayudar a Gorgonio en la condena”, y asegura que al testigo Jaunearena “se le ofreció dinero”.
Éste es el mismo argumento que presentó el fiscal Scapolán para pedir el juicio político a su colega Palacios. Pero Palacios plantea la inconsistencia de aquél argumento al sostener que su investigación no ponía de ningún modo en duda la autoría del robo por parte de Díaz Gorgonio, y se pregunta “¿Con qué autoridad dicen que Jaunarena mintió? ¿Fue indagado, procesado, y condenado por falso testimonio? No”. A su vez el funcionario asegura que, si Jaunarena mintió fue en la instancia del juicio oral y no en la declaración testimonial presentada en la fiscalía de Pilar.
La composición de ese tribunal es otro factor no menor a tener en cuenta. Los dos fiscales presentes durante el juicio oral fueron Mariano Magaz (quien realizó los allanamientos cargados de irregularidades) y Diego Callegari, ambos conocidos por sus vínculos con el massismo. Según Palacios, Jaunarena prestó declaración “rodeado de fiscales que lo presionaron y frente a un Tribunal Inquisidor”.
El propio Fiscal Scapolán se encuentra ahora frente a un pedido de juicio político en su contra, impulsado por la diputada nacional Elisa Carrió. La integrante de Cambiemos conoce desde hace años a los trece fiscales (entre ellos, Palacios) que, en el año 2009, denunciaron al Fiscal General de San Isidro, Julio Alberto Novo, por obstaculizar el desarrollo de investigaciones, así como por violencia laboral y hostigamiento.
Novo se encuentra suspendido en sus funciones desde hace un año por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y tiene un pedido de juicio político en pleno trámite por el posible encubrimiento a una red de narcotraficantes, en el marco de la causa del asesinato en Unicenter a los narcos colombianos. Por esa misma causa también se encuentra procesado bajo la acusación de delito de encubrimiento agravado en un juicio que lleva adelante la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado.
Es de destacar que, de los legisladores que integran el Jury de Enjuiciamiento que suspendió al controvertido Fiscal General de sus funciones, el único que votó en contra de su apartamiento fue el representante del massismo (el mediático Mauricio D’Alessandro).
Operativo mediático
En su programa televisivo Periodismo Para Todos del domingo 27 de noviembre, el periodista Jorge Lanata presentó un informe alineado con el relato que el massismo construyó en relación a la actuación y la figura del Fiscal Palacios.
Como “perlita” del informe, sacó al aire unas escuchas telefónicas entre el fiscal y Graciela Garate, esposa del ex prefecto Díaz Gorgonio, así como entre ésta y su marido. En la primera escucha, el fiscal Palacios avisaba a la mujer que no continuaran hablando por teléfono ya que sospechaba que podían tener las líneas intervenidas.
Las escuchas fueron presentadas por Mariano Magaz (entrevistado en el programa) como prueba de que la causa abierta por Palacios tenía como único objetivo “intentar disfrazar de irregular el procedimiento (los allanamientos), intentar llegar a un procesamiento de los funcionarios policiales que intervinieron, de la Fiscalía, etc, para estar en una mejor posición y así lograr la impunidad de Gorgonio Díaz”.
Palacios afirma que, anoticiado previamente del informe, pidió estar presente en el programa y facilitó a la producción documentación que contradecía la versión tanto de la familia Massa como del fiscal Magaz. La visita al programa acabó siéndole negada y tampoco se mostró la documentación aportada por el Fiscal, de modo que las únicas versiones que se escucharon fueron la de los entrevistados Malena Galmarini (esposa de Massa) y Mariano Magaz.
Palacios asegura, además, que las escuchas telefónicas que pasaron en el programa fueron editadas y que la versión completa de la escucha despeja cualquier suspicacia en relación a su vínculo con Díaz Gorgonio y la mujer.
Este martes el jurado de enjuiciamiento decidirá la continuidad en el cargo o el apartamiento preventivo del fiscal Palacios. La defensa apunta a la animosidad de Scapolán, que estaría buscando obstaculizar la línea de investigación abierta por los descubrimientos de Palacios, sostiene también que Palacios sólo se limitó a cumplir estrictamente con su obligación de investigar posibles delitos en el allanamiento y que también hay que entender el juicio político como un pase de factura del massismo por haber denunciado a Novo.
Entre los respaldos que cosechó Palacios, resalta el de la diputada Elisa Carrió, quien recientemente acusó a Scapolán y a sectores judiciales ligados al massismo de querer entorpecer la investigación en éste y otros casos. Esta denuncia de Carrió derivó en el reciente apartamiento de Scapolán de la Fiscalía donde se desempeñaba.
