Hace un mes, con nula transcendencia en los medios, la Ciudad empezó a ponerse en sintonía con el “Protocolo Antipiquete” de Patricia Bullrich. La Metropolitana con más facultades para reprimir.
Lunes 2 de mayo de 2016 00:23
El Fiscal General de la CABA, Luis Cevasco, emitió el pasado 31 de marzo la Resolución 25/2016 mediante la cual se dispone el procedimiento a realizar ante un corte de calle producto de una manifestación. Ello en virtud de la directiva que contiene el Protocolo de la Nación, que “invita” a las Provincias y a la CABA a adecuarse al mismo.
La Resolución plantea que los cortes de calles se han “naturalizado”, que son “un modo de generar presencia política para llamar la atención general” y que ello puede ser producto de “carencias de la Administración Pública”. Pero la respuesta frente a esto no es dar solución a esos reclamos. Lo importante para el fiscal es que el derecho a la circulación recupere su “sentido natural”.
Para garantizar la libertad de circulación, el gobierno estará facultado a ir contra el derecho a la protesta social. La prioridad, como es fácil advertir, es cercenar la reivindicación de derechos negados por el sistema. Esta cuestión ha sido largamente discutida en la Justicia y se han obtenido fallos que consagran la jerarquía superior del derecho a peticionar a las autoridades.
Más poder a la Policía Metropolitana
Rodríguez Larreta, gracias a la resolución del fiscal Cevasco, cuenta ahora con una Policía Metropolitana con todavía más poderes para reprimir.
El fiscal Cevasco concibe a la protesta social como una “actividad en principio prohibida” por normas penales y contravencionales, lo cual hace necesaria una intervención inmediata, al momento de la realización del corte, para determinar si se trata del ejercicio de un derecho constitucional (la protesta), de un delito o de una contravención.
Así, se faculta a las fuerzas represivas a actuar bajo su entero criterio determinando en ese mismo instante sobre la procedencia o no de un derecho elemental como el de la protesta.
El protocolo antipiquete busca agilizar el procedimiento represivo contra las manifestaciones. Si antes era necesario indagar el motivo y determinar si la intervención correspondía a la Policía federal o a la Metropolitana, el fiscal pretende que ahora las fuerzas policiales despejan el corte primero, debiendo dar aviso luego de la represión.
De esta manera, se aumenta el número fuerzas para actuar ante una medida de acción de fuerza. Si es un delito, una contravención o un derecho legítimo no es relevante en primera instancia. Lo importante para el fiscal es despejar el corte: reprima y después pregunte.
La resolución es una orden directa hacia la Policía Metropolitana, para que abandone el rol de mero soporte de la Federal ante cortes y manifestaciones de magnitud. En sintonía con el reciente traspaso de la Federal, el fiscal aumenta las facultades de la Metropolitana exhortándola a que reprima, ella también, los cortes y protestas sociales. Los encargados de definir el “modus operandi” de la represión serán los 38 altos mandos provenientes de la dictadura.
El cinismo de los ajustadores
Cevasco determina que para evitar la represión es necesario avisarle del corte o manifestación al Poder Ejecutivo local, con el fin de obtener un “permiso” para manifestarse. Así, se deja en manos de un funcionario público determinar si la manifestación responde a un reclamo legítimo o no. Esto se justifica en que la protesta es una “excepción” a la ley en tanto, a entender del Fiscal, afecta a otros derechos constitucionales y hasta el “orden general de la vida en sociedad”.
Es evidente que la protesta social se da siempre frente a violaciones a derechos por parte del Estado, por lo cual la discusión sobre qué derecho prevalece en desmedro de otro resulta absurda. Así, mientras se alienta a la criminalización de la protesta al tipificarla como un delito o contravención, se exige que su procedencia la determine el mismo gobierno al cual se dirigen los reclamos.
En su resolución el fiscal de CABA teoriza sobre los cortes, pero pasa por alto que actualmente las manifestaciones son llevadas a cabo por quienes enfrentan las políticas de ajuste del gobierno nacional, que incluye más de 120 mil despidos y que se inició con feroces represiones contra los trabajadores estatales de La Plata y los de Cresta Roja que se manifestaban en la Autopista Ricchieri. A ello le siguieron las represiones de varios gobernadores provinciales, incluidos los de Tierra del Fuego y Santa Cruz, en poder del Frente para la Victoria.
De esta manera, la Ciudad se pone a tono con el intento de blindar al ajuste que viene llevando el gobierno de Cambiemos junto a los gobernadores del FpV.
El CeProDH junto a la lucha de los trabajadores
Myriam Bregman sostuvo en relación al Protocolo nacional que se trata de “un ataque directo al derecho a la protesta y los derechos elementales que con él se concatenan, el de manifestación, el de reclamar a las autoridades, el de reunión y el de expresión. Si se prohíbe el derecho de protestar todos los demás derechos y conquistas quedan sin su principal herramienta de defensa”.
El corte de calle configura una de las herramientas históricas de lucha de los trabajadores y las clases populares, de la que se han obtenido grandes conquistas de derechos. También ha sido utilizado en grandes manifestaciones sociales, como el movimiento de mujeres expresado en la multitudinaria marcha por el “Ni una Menos” en el 2015.
Por eso desde la banca del PTS-FIT se ha presentado nuevamente el proyecto de ley para derogar el art. 194 del Código Penal impuesto por la dictadura de Onganía, que actualmente se encuentra vigente y sirve de base para la creación de otras normas y procedimientos que convierten a la protesta en un delito. Tanto el protocolo impulsado por la ministra Bullrich como la resolución del Fiscal General Cevasco tienen como punto de apoyo este nefasto artículo.
Quienes integran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, abogados de los trabajadores, familiares de desaparecidos y defensores de las más amplias libertades democráticas, entre las que se encuentran la de manifestarse libremente y la de reunión, se han puesta a la cabeza en la lucha contra toda la batería de normas con las que el gobierno de Cambiemos intenta imponer sus planes.
