Con el envalentonamiento de las fuerzas represivas y el aumento de los casos de gatillo fácil durante la pandemia, conversamos con la madre de Miguel Bru, joven asesinado en 1993 por la Bonaerense.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Jueves 17 de septiembre de 2020 22:11
Facebook Asociación Miguel Bru
Rosa Schonfeld de Bru es sinónimo de lucha y perseverancia. Una madre buscando saber dónde estaba su hijo y qué hicieron con él, que se convirtió en una referente de la lucha contra el gatillo fácil y la defensa de los derechos humanos.
Se cumplieron 27 años cuando su hijo Miguel Bru, estudiante universitario de La Plata, fue detenido en la noche del 17 de agosto de 1993 por policías de la Comisaría Novena de la capital provincial. Según contaron testigos que estaban detenidos en esa dependencia, lo torturaron y llevaron en un auto. El cuerpo nunca apareció, a pesar de la incansable lucha de Rosa, su familia, amigos, organizaciones de derechos humanos y la izquierda que no claudicaron (ni claudican) en la búsqueda de verdad y justicia.
En 1999, en un juicio oral y público, los oficiales Walter Abrigo y Justo López fueron condenados a prisión perpetua por la muerte y desaparición de Miguel. En el mismo proceso recibieron una pena de tres años el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cerecetto. A pesar de las condenas, la unión en el absoluto silencio de la familia policial sobre el paradero de los restos de Miguel Bru fue y es absoluta.
“El gobernador era Eduardo Duhalde y el presidente Carlos Menem. El jefe de policía, Pedro Klodzyck, al igual que el gobernador decían, en ese entonces, que tenían que cuidar a su tropa, a su gente. El juez era Amílcar Vara, el mismo que tenía a cargo la desaparición de Andrés Nuñez (torturado y asesinado por efectivos policiales en 1990, cuyos restos fueron encontrados cinco años después en un campo de General Belgrano. NdR) y el fiscal Sequeiros nunca colaboraron con nosotros, como dice el dicho vulgar “Dios los cría y ellos se juntan”, relata Rosa con su voz tenue pero firme en relación al encubrimiento judicial que sostuvo, y sostiene, a la maldita policía.
Desde el inicio de la cuarentena, el gobierno dio vía libre al accionar de las fuerzas represivas a lo largo del país. Hemos venido denunciando los violentos desalojos de familias que buscan un lugar digno donde vivir, la persecución, hostigamiento y el asesinato de los jóvenes de los barrios populares, siendo el caso de Facundo Astudillo Castro una muestra cabal de la impunidad policial.
En este marco Rosa afirma con certeza de lo vivido junto a otros familiares víctimas de la violencia policial “Para mí la policía siempre fue igual, una policía asesina pero bancada muchísimas veces por la justicia”.
Y sostiene la importancia de la organización colectiva para denunciar la brutalidad policial y el encubrimiento judicial y político. “Hoy hay otras herramientas para denunciar los abusos policiales y la gente está empoderada pero yo conozco montones de madres de la época de Miguel y más acá que si vos no tenías alguien que te apoye, alguien que haga visible que la policía te mató un hijo, te pasan por arriba”.
Ante un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López, ante la escalada represiva que se profundizará con el nuevo plan de seguridad que suma 10.000 policías a la maldita Bonaerense, además de la suma millonaria que el Gobierno le acaba de conceder, habiendo recientemente cedido ante la presión armada de esa institución; frente a los desalojos violentos ante familias que no tienen donde vivir; tenemos que redoblar la organización y unirnos en el reclamo por basta de represión y gatillo fácil.
