La izquierda, junto a AMSAFE Rosario, organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, de mujeres y ambientales se movilizaron para rechazar el acuerdo del gobierno con el FMI.
Jueves 10 de marzo de 2022 21:50
En la tarde de hoy, los partidos que componen el Frente de Izquierda Unidad, junto con organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales y de mujeres y el sindicato AMSAFE Rosario marcharon por el centro de la ciudad en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se está tratando en estos momentos en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la misma se repudió la represión que sucedió en la concentración afuera del Congreso y se exigió la inmediata liberación del militante del Movimiento Teresa Rodríguez que fue detenido. Como era de esperarse, el gobierno no puede hacer pasar este acuerdo y el consiguiente ajuste sin represión.
Esta jornada es la tercera convocada desde el espacio No al acuerdo del gobierno con el FMI. Partió desde la Plaza San Martin - frente a la Gobernación- y culminó en un acto en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leyó un duro documento de rechazo al acuerdo con el FMI que se juega a votar entre hoy y mañana el gobierno en la cámara baja. Esto se dio en el marco de una multitudinaria convocatoria a nivel nacional.
Al finalizar la movilización, declaró Octavio Crivaro del PTS en el Frente de Izquierda, uno de los organizadores de la jornada: “En primer lugar queremos repudiar la represión contra quienes se manifestaban en las puertas del Congreso Nacional, en el marco de una importante jornada y marcha. Hoy nos movilizamos para rechazar en las calles el acuerdo que va a someter a votación el Frente de Todos en el Congreso nacional con la complicidad de la oposición derechista, los que tomaron el crédito ilegal y fraudulento. Como venimos diciendo desde hace meses, rechazamos que se busque hipotecar le futuro de las mayorías trabajadoras de nuestro país, para pagar la estafa macrista. Este acuerdo lo único que garantiza son tarifazos, devaluación salarial y recorte en jubilaciones, salud, educación y planes para prevenir la violencia de género. Los dólares que buscará el gobierno de los Fernández para pagar la deuda vienen de la mano de mayor extractivismo, contaminación y desastre ambiental. Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas y a los grandes sindicatos a que se sumen a movilizarse para rechazar este pacto que sólo adelanta más ajuste”.
Para finalizar, Irene Gamboa referente de la agrupación Pan y Rosas y el Frente de Izquierda Unidad agregó: “Nuestro bloque de diputados con Myriam Bregman y Nicolás del Caño a la cabeza viene de participar en las comisiones parlamentarias e increpó al ministro Guzmán sobre el acuerdo. Hoy, ellos junto a Alejandro Vilca y Romina del Plá, conforman el único bloque que se opone de forma unánime al acuerdo con el Fondo, ni aprobando ni dando quórum, como hacen sectores críticos del Frente de Todos, que sin embargo quieren facilitar la votación favorable. Pero bien sabemos que debemos redoblar la apuesta en la calle, por eso es necesario que las grandes centrales sindicales rompan la tregua y salga a marchar contra un nuevo ataque al pueblo trabajador”.
A continuación reproducimos el documento que se leyó en el Monumento a la Bandera:
¡No al pacto del gobierno con el FMI!
¡Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Las estafas no se pagan!
¡No a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía!
El gobierno del Frente de Todos acordó con el FMI un nuevo pacto que significa más dependencia, más extractivismo y más pobreza para nuestro país. Ratificó su decisión de pagar la deuda ilegítima del Gobierno de Macri –a pesar de que en campaña planteaban que era ilegal y denunciaron en la Oficina Anticorrupción con una investigación del propio Banco Central-, junto con el reconocimiento y pago del conjunto de la “deuda” contraída y defendida por todos los gobiernos, desde la dictadura militar a esta parte. Hoy el Congreso va a convalidar la estafa de Macri con los votos del Frente de Todos y la oposición de derecha.
El gobierno nacional ha continuado el camino de ajuste, saqueo y subordinación al FMI que se prolongará durante años, para organizar toda la economía nacional en función de pagar una deuda odiosa, a pesar de la dura situación de pobreza de más del 40 % de la población. Es una verdadera estafa contra el pueblo, que legitima el monumental fraude realizado por el gobierno de Macri y el mecanismo de esquilmación de los recursos nacionales que implica el pago de la deuda. Con el anuncio de este pacto de sumisión y entrega, el imperialismo yanqui con Biden y los fondos buitres mostraron su beneplácito, incluso Lula y gobiernos de la región dieron su apoyo. También salieron a festejar “los mercados” y grandes empresarios argentinos, como los nucleados en la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA. Hasta Juntos por el Cambio, responsables políticos de esta estafa, lo calificó de “positivo”. La burocracia de la CGT, en vez de defender a las y los trabajadores que serán los principales afectados de este nuevo acuerdo, se pronunció en defensa de esta nueva entrega y reafirmó que solo defiende al Gobierno. La CTA, aunque se haya pronunciado contra el acuerdo, son solos medidas declamativas ya que no han convocado a ningún paro o medida de fuerza para enfrentar los planes del FMI.
Distintos informes e investigaciones dan cuenta que se trata de una deuda ilegal e ilegítima que violó los propios estatutos del FMI y que esos fondos fueron para pagar reclamos a los especuladores y para financiar la fuga de capitales de grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Unión, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras.
Existe una enorme presión del empresariado local y extranjero para que se lleve adelante el acuerdo con el FMI y de ese modo sigan entrando dólares para la puerta giratoria y así seguir endeudando al país y haciendo sus negocios. El banco Central después de 4 años de silencio anunció que la deuda privada externa ronda los 80,000 millones de dólares. En el caso de que siga volando por los aires los índices de riesgo país y se corte el financiamiento externo ese déficit puede acelerar la tormenta de crisis estructural de este sector verdaderamente parasitario. Por solo dar dos ejemplos, Vicentin que debe más de 1.500 millones de dólares o varias de las empresas de Eduardo Elsztain que juntas rondan los 700 millones de dólares en déficit. Muchos de estos sectores operan como monopolios y son responsables de aumentar los precios a su antojo para para descargar su propia crisis sobre las espaldas y bolsillos del pueblo trabajador.
Con este acuerdo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández se dispone a tomar nueva deuda para cumplir con los vencimientos de la deuda precedente, que será desembolsada durante los próximos dos años y medio, previa conformidad de las revisiones trimestrales de los enviados del Fondo Monetario.
La nueva deuda que toma el gobierno nacional ahora se empezará a pagar en 2026 y compromete al país a devolverla en 12 años, ¡hasta el 2034! Con esta hipoteca, la entrega de la “refinanciación” estará condicionada por “revisiones” trimestrales del FMI. Es decir, si Argentina no cumple las condiciones como la reducción del déficit fiscal primario, entre otras, no se entrega la cuota del préstamo. El Estado está obligado a abrir las cuentas públicas al FMI y que este verifique en forma permanente el avance de las devaluaciones, el aumento de tarifas o el recorte de partidas presupuestarias para jubilaciones, educación, salud, etcétera. Queda así a “consideración” del FMI entregar o no los recursos en cada fecha de vencimiento para imponer nuevos condicionamientos al país. Será un co-gobierno con el FMI. Los gobiernos “nacionales” administrarán los lineamientos que imponga el Fondo. Es una verdadera pérdida de soberanía del país.
Buscan orientar el conjunto de la economía a conseguir los dólares para pagarle al FMI y a los prestamistas privados a costa de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implica bajar los gastos del Estado, y la experiencia nos dice que implica recortes en jubilaciones, salarios estatales, gasto social, presupuesto para educación, salud, o en nuevos tarifazos, cuestión que el FMI ya anunció que este es una de sus exigencias. A través de su comunicado y en declaraciones de sus directores, ya han hecho saber que el Gobierno argentino se comprometió a reducir significativamente los subsidios destinados a la energía, lo que inevitablemente derivará en aumentos significativo de las tarifas, echando más combustible al proceso inflacionario. Esto luego de todo el ajuste de los últimos años.
El pacto con el FMI traerá aparejado nuevos impuestazos que recaerán sobre las espaldas de la población trabajadora, dada la estructura impositiva regresiva que tiene nuestro país, impuesta por los dueños del poder económico. El acuerdo con el FMI incluye un recorte de los fondos de la Nación a las provincias y un reemplazo de éstos por un reevalúo inmobiliario que pagarán las familias con más impuestos sobre sus viviendas. Lo mismo pasa con las leyes que se apresta a votar el Congreso en beneficio de las petroleras, el agronegocio y las automotrices. Estas leyes son parte de una estrategia. Al anunciar el acuerdo, el presidente Fernández habló nuevamente de “crecer para pagar”. La traducción es clara: profundización del modelo extractivista (que en Chubut fue derrotado con la movilización obrera y popular) y superexplotación de lxs trabajadorxs con más precarización laboral. Omar Perotti tiene en carpeta la instalación de mega granjas porcinas en Santa Fe, que fue frenada temporalmente por la denuncia popular sobre sus efectos contaminantes, luego de la destrucción de 750 mil hectáreas de humedales por la expansión de la frontera sojera, que solo beneficia a un puñado de agroexportadoras.
El crecimiento de la deuda a niveles del 80% del PBI anual del país es el resultado de la política seguida por todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, que comenzó con el reconocimiento de la deuda tomada por la dictadura y la nacionalización de la deuda de las grandes empresas.
El pago de la deuda está en la base del saqueo financiero, económico y extractivista, y es un recurso de ajuste contra la clase trabajadora, las y los jubiladxs, y el gasto social del Estado. El gobierno nacional desde que asumió viene haciendo un fuerte ajuste en las jubilaciones con el cambio de movilidad llevando la jubilación mínima al valor de la canasta de indigencia, en los salarios y jubilaciones. Sólo de estas últimas, gracias a la reforma impulsada por el Frente de Todos, se recortaron en 2021 160.000 millones de pesos. Al conocerse la “letra chica” del acuerdo y como lo refrendó el Presidente durante la apertura de las sesiones legislativas, el gobierno quiere la eliminación de los llamados regímenes especiales jubilatorios, es decir, eliminar el 82% móvil que todavía pagan algunas Cajas provinciales en base a un aporte mayor que maestros, docentes universitarios y otros sectores hacen a lo largo de su vida laboral. Desde este acto decimos con fuerza: ¡la Caja no se toca! Basta de robarle a lxs jubilados. La consolidación del ajuste económico recaerá aún más sobre las mujeres, en especial en los sectores populares, que llevan la carga de las tareas domésticas y de cuidado. La pobreza será mayor, y aún más para las mujeres y disidencias. Las restricciones al gasto limitarán aún más las necesarias políticas de cuidado, feministas, contra la violencia machista y por una Educación Sexual Integral. El peso de la deuda acentuará la opresión de las mujeres y disidencias.
Al perpetuar esta hipoteca sobre el conjunto de la economía nacional tendremos con seguridad nuevas crisis de deuda en el corto plazo, que desmentirán los discursos embellecidos de los voceros oficiales.
La profundización de la histórica caída de las jubilaciones y los salarios en su conjunto y de los empleados públicos en particular no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalado por las direcciones burocráticas de los sindicatos para cumplir con las exigencias del FMI. El apoyo explícito dado por la CGT al pacto con el FMI anuncia que se vendrán nuevas traiciones y entregadas. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical. La CGT ya dio luz verde al aumento de la edad jubilatoria, con el eufemismo de la “libertad para seguir trabajando”. Una burda mentira cuando se quita a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar su jubilación por la miseria a la que se los condena, cuando la jubilación mínima está en $32.630,40 pesos, debajo de la línea de indigencia. Con la proximidad del tratamiento parlamentario se cayó la última mentira del acuerdo con el FMI: está en agenda una reforma laboral. Los voceros del Ministerio de Trabajo y la CGT ya acordaron “modernizar convenios” y “aumentar la productividad”, cuando el salario medido en dólares está por el piso y el trabajo reactivado pos pandemia es trabajo basura, sin ningún tipo de derecho laboral. Desde esta tribuna denunciamos el apoyo de la CGT a este plan de ajuste y entrega y exigimos la ruptura de todas las organizaciones sindicales y obreras con cualquier acuerdo con el FMI y el lanzamiento de un plan de lucha contra este pacto.
El acuerdo significa consagrar la impunidad de los responsables nacionales e internacionales de esta deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta y odiosa, y de sus beneficiarios: los funcionarios del gobierno de Macri y del Fondo, las grandes empresas que usaron esos millones para la fuga de capitales hacia sus casas matrices desde la dictadura hasta la actualidad. Basta de impunidad. Castigo a los responsables de la miseria económica de nuestro pueblo trabajador.
Para implementar este plan de ajuste y saqueo, los de arriba necesitan contener, desviar y derrotar la resistencia popular, y han recurrido a la represión en repetidas ocasiones. Por esa razón resulta fundamental enfrentar los ataques y las persecuciones, para lo cual reclamamos en especial la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y rechazamos el fallo persecutorio del Juez Javier Feliciano Ríos. Reclamamos el desprocesamiento y la libertad de Sebastián Romero y la libertad de Facundo Molares, hoy detenido en Ezeiza, quién está requerido por la justicia del estado fascista colombiano. Libertad y cese de la persecución a Guillermo Galantini. Por el desprocesamiento de todas las luchadoras y luchadores populares detenidos en Jujuy, por el gobierno represor de Gerardo Morales. Exigimos la libertad y el desprocesamiento de los 15 compañeros y compañeras reprimidos en la última movilización piquetera que reclamaba alimento para los comedores en Jujuy.
Mientras tantos los ultraderechistas de Milei y Espert, que habían planteado que había que acordar con el Fondo, reclaman un ajuste aún más duro contra nuestro pueblo.
En Santa Fe, este sendero de ajuste lo viene aplicando el gobierno de Perotti, con la devaluación del salario. del personal de salud y del conjunto de lxs trabajadores, y ofreciendo un salario de hambre a la docencia santafesina. A su vez, en los barrios populares se degradan las condiciones de vida por los recortes de partidas presupuestarias. Este modelo cierra con la reprivatizacion del Paraná en beneficio de multinacionales y cerealeras, en detrimento de los pueblos y de nuestro ambiente.
Javkin aplica políticas de ajuste similares en nuestra ciudad de Rosario. Con recorte de líneas de colectivos y una ronda de tarifazos en el precio boleto, que se suman al del agua, la luz y un aumento en carpeta del gas a nivel provincial.
El objetivo es pagar una deuda nominada 99% en dólares y contribuir al pago del conjunto de la deuda externa. Esto sucede mientras un puñado de cerealeras expolian los recursos naturales y fuga la riqueza por un Paraná privatizado, que oficia además de colador del gran delito y el narcotráfico con connivencia estatal.
Por todo esto, llamamos a rechazar y a enfrentar el pacto del gobierno con el FMI. Decimos claramente que hay otro camino como venimos reclamando: no hay que pagar la deuda externa ilegítima y odiosa, hay que desconocer el acuerdo Macri-FMI como todos los acuerdos usureros y fraudulentos de los distintos gobiernos que vienen sometiendo a la clase trabajadora, a todos los pueblos de la Argentina y a la naturaleza, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud, educación, la ciencia y el cuidado ambiental.
Ni un dólar más al FMI, los bonistas y los fondos buitres. Llamamos al pueblo trabajador y a todas sus organizaciones a rechazar este pacto que reproduce la pobreza y la dependencia. La única deuda a pagar es con el pueblo trabajador. Junto a este planteo señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores.
Venimos de dos importantes movilizaciones para denunciar este acuerdo. Esta jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI, colmó este Monumento y las Plazas del país. Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida popular, y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, los grandes empresarios, los banqueros y terratenientes.
Distintos sectores populares venimos realizando movilizaciones y reclamos contra la deuda. Hay que unir a todos los sectores de nuestro pueblo que rechacen este nuevo acuerdo con el FMI, para ser millones en las calles, con amplitud y con firmeza, para luchar contra su aprobación y derrotarlo. Llamamos a las organizaciones obreras y populares a enfrentar y derrotar en las calles el pacto del gobierno con el FMI.
Este jueves 10 de marzo ganamos nuevamente las calles nuevamente, nos movilizamos en Rosario y en numerosas ciudades de todo el país, para afirmar que ¡No es No!
Las estafas no se pagan.
La deuda es con el pueblo trabajador y con la naturaleza.
