Con 27 votos afirmativo y uno en contra, se aprobó el presupuesto de 13.000 millones para 2017 y los superpoderes que permitirán al Ejecutivo disponer del mismo como quiera.
Lunes 26 de diciembre de 2016 14:46
La última sesión del concejo comenzó entrada la noche del jueves para terminar a la madrugada del viernes pasado. El debate más largo fue el del presupuesto para el 2017, ya que los artículos que van desde el 11 al 15 le brindan superpoderes a la Intendenta del Frente Progresista Cívico y Social, transformando el presupuesto en un verdadero cheque en blanco.
Partes de estos artículos permiten al Ejecutivo utilizar los fondos de obras públicas y de desagüe para financiar otras áreas que ya tienen destinado presupuesto. Además podrá financiar los gastos corrientes con las erogaciones de capital, lo que significa que la Intendenta podrá disponer libremente de esos fondos y parte de los mil ochocientos millones de pesos, que eran para gastos en capital que se podrán sumar a los diez mil cuatrocientos setenta millones que corresponden a gastos corrientes.
En cuanto a los gastos para obra pública, el presupuesto establece un aumento del 68%. Pero la distribución entre los distintos municipios no será equitativa; el Distrito Centro recibirá la mayor parte de los presupuestado, aumentando la desigualdad que ya existe entre el Rosario centro y el Rosario de los barrios. Además, destina 38 millones de pesos para gastos de “seguridad”. En la ciudad en la que Franco Caso, Jonatan Herrera y Gerardo Escobar, entre tantos otros, fueron víctimas de la violencia policial, y en la que la Policía puede golpear y amenazar libremente, esta inversión en “seguridad” sólo significará más recursos y poder de fuego para una fuerza que protege a narcos y ejerce el gatillo fácil.
El proyecto aprobado implica también un aumento de los fondos dedicados a de propaganda política, que se incrementan un 50% con miras al año electoral. Como contracara, gobierno provincial y oposición votaron mantener el bajo presupuesto para los casos de violencia de género, prevención del VIH y otras políticas importantes de interés social.
El bloque oficialista, junto a Ciudad Futura y el PRO votaron la propuesta del ejecutivo de modificar el código tributario municipal y la ordenanza general impositiva, que aumenta un 30%. El PJ también lo apoyo, aunque votó en contra de algunos artículos.
A pesar de que parecía cerrado, los bloques del Concejo no llegaron a un acuerdo para aprobar el endeudamiento del municipio por 200 millones de dólares.
La toma de deuda tenía como fin pagar más deuda, de esta manera Rosario entraría a un círculo financiero de endeudamiento que tendrían que pagar los trabajadores por medio de los impuestos y los servicios, algo muy similar a las políticas que está llevando el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, o como sucedió durante el gobierno de de Cristina Kirchner. El proyecto de endeudamiento, que contaba con los votos asegurados del oficialismo y el bloque de Ciudad Futura, volverá a tratarse en febrero del año entrante.
Tras las acusaciones del concejal Boasso y el bloque del PRO de que Ciudad Futura votaba el endeudamiento a cambio de que le dieran las 10 hectáreas del nuevo Alberdi, donde se encuentra el Tambo de la Resistencia, la agrupación respondió que la deuda de 200 millones de dólares era una política de estado y que ellos estaban dispuestos a votarla si podían realizar una contrapropuesta.
La “nueva forma de hacer política” pregonada por el partido de Juan Monteverde pudo verse también al momento de votar la licitación del estacionamiento medido (es decir, la privatización del servicio). En ese momento, su contrapropuesta fue incluir a modo de prueba piloto “el estacionamiento cuidado” que se le brinda trabajo a los cuidacoches o cuando se votó la ley de emergencia de seguridad su contrapropuesta fue incluir el proyecto de empoderamiento a la víctima, pero a costa de avalar una política que fortalecía las políticas represivas y punitivas del Estado.
Una vez más las decisiones que hacen al conjunto de la ciudad se deciden a puertas cerradas entre acuerdos que ni siquiera son consultados al pueblo trabajador, pero de las cuales deberán pagar sus consecuencias.
