El juez federal Marcelo Bailaque imputó al cura por su intervención en el Servicio de Informaciones y en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario durante en la dictadura. Los cargos son privación ilegal de la libertad mediante violencia y amenazas contra María del Carmen Sillato y su esposo Alberto Gómez. Zitelli se negó a declarar.
Miércoles 1ro de julio de 2015
Una vez más, luego de muchos años de trabajo jurídico, escraches y denuncias por parte de sobrevivientes, familiares, testigos y querellantes de otras causas, organizaciones de Derechos Humanos como UMANO de Casilda y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Rosario) con el patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, que solicitó la elevación a juicio; el sacerdote de la Iglesia Católica colaborador de la dictadura, Eugenio Zitelli, se sienta en el banquillo de Tribunales Federales.
Aunque está en libertad bajo fianza y amparado por la Iglesia, este cura ya fue procesado anteriormente como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas y como probable coautor del delito de asociación ilícita. En esta oportunidad, se le imputa haber participado en la privación ilegítima de la libertad mediando violencia y amenazas de María del Carmen Sillato y Alberto Gómez. Estará en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público del tercer tramo de la Megacausa Feced.
El sacerdote represor
Zitelli fue capellán de la policía entre 1964 y 1983. Muchos sobrevivientes del terrorismo de Estado que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, dieron testimonio de que el cura visitaba periódicamente el centro clandestino de detención, daba misa, tomaba confesiones y también entrevistaba a los detenidos. Según la querella, Zitelli tenía pleno conocimiento de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información. Tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas, y habría actuado junto con el personal que integraba la denominada Patota de Feced.
Gabriela Durruty, declaró a Pagina/12 que "es más que justo que se impute a Zitelli por su responsabilidad en los delitos que sufriera María del Carmen Sillato. En su testimonial quedó muy claro en qué terribles condiciones ella arribó a la Alcaidía de Mujeres, luego de ser atormentada en el SI. María del Carmen provenía de una familia muy religiosa, y le cuenta a Zitelli acerca de las torturas que había sufrido en el SI y las violaciones que allí se perpetraban. El cinismo de su respuesta es solo una cara más de la ferocidad con que Zitelli actuaba. Sin dudas su función dentro de la Patota de Feced era crucial" concluyó la abogada.
María del Carmen Sillato integraba el grupo de detenidas políticas que desde la Alcaidía de mujeres misma comenzara a denunciar los delitos cometidos en el SI, junto con María Inés Luchetti de Bettanín, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Stella Maris Hernández, Tomasa Verdún, Olga Cabrera Hansen y Mónica Cattoni, entre otras.
