Se encuentran realizando una toma de territorios vacíos en la zona oeste de la ciudad y temen a ser desalojados, ya que la fiscal a cargo dictaminó la orden para este jueves. Desde el Estado no les dan respuestas y quedarían nuevamente en la calle.
Miércoles 24 de junio de 2015
En un terreno baldío de la zona oeste rosarina situado en Larralde y calle 1717, a metros de circunvalación viven hace más de dos meses, 76 familias con niños, quienes realizaron una toma en el lugar. Recurrieron a diferentes entidades municipales, provinciales y hasta enviaron una carta a la presidenta exigiendo una solución para la situación en la que se encuentran, ya que hasta el momento vivían en la calle, pero todos les dieron la espalda. Ahora se enfrentan a una amenaza de desalojo que tienen anunciado para mañana.
A mediados de abril se instalaron en el terreno para poder construir precarias viviendas y carpas donde vivir momentáneamente. Según contó a La Izquierda diario, una de las vecinas alojadas en el lugar, cuando empezaron la toma se acercó un abogado municipal que desestimó el reclamo diciéndoles que ´en esos ranchos no podían vivir ni 20 familias y que eran gente pesada´. Luego los vecinos se acercaron a las Secretarías provinciales de Derechos Humanos y de Desarrollo Social, en ambas la respuesta fue que no podían intervenir en la causa, ya que era un caso judicial, tratándolos como delincuentes.
“La fiscal a cargo de la causa rechazó nuestro pedido de prórroga de dos meses y nos dijo que no se iban a prestar a ese juego, ya que sabían que era una maniobra para que tengamos tiempo y presionemos a la Secretaría de Vivienda y así exigir que nos den casas”, expresó una de las vecinas a La Izquierda Diario. Luego explicó que en todas las audiencias a las que se presentaron, siempre aclararon que no exigían que les den vivienda para todos ya que saben que son muchos. “Lo que nosotros pedimos es que nos loteen estas tierras o cualquier otra, donde nosotros a pulmón, podamos construir nuestras casas, estamos dispuestos a pagar las tierras con cuotas sociales, pero no les importó”, fueron las palabras de la joven.
Durante estos meses, se acercaron asistentes sociales a censarlos prometiendo soluciones, sin embargo las familias continúan ahí con el miedo de enfrentarse al desalojo que les dictaminaron para el jueves. El terreno que ocuparon, es conocido por ser escenario de diferentes delitos, se encontraba en pésimas condiciones, sin cercos y era utilizado como basural. Las familias acondicionaron el espacio y organizaron una copa de leche con donaciones que recibieron de comercios vecinos y personas solidarias con la causa, a la que asisten 83 niños diariamente. Sin embargo, en la Fiscalía abrieron una causa que expresa que ingresaron de forma violenta y rompiendo un vallado, mientras los vecinos de la zona niegan que esto sea cierto y aseguran que la toma fue pacífica.
“Con casi nada, logramos que estas tierras sean habitables, bajamos la luz, hicimos los desagües y tenemos agua. Pero no les importa nuestro esfuerzo, quieren que nos vayamos, pero sin darnos soluciones”, manifestó la joven madre que vive a diario con la incertidumbre de como despertar al día siguiente.
Los vecinos del lugar afirmaron: “Los únicos que se acercaron a ofrecer ayuda son los de La Campora, pero a cambio nos pedían que vayamos a todos lados con ellos y les dijimos que no. También en la Secretaría de Niñez nos prometieron ayuda pero tampoco hicieron nada”. El sábado pasado aprovechando la presencia de la presidenta de la nación en la ciudad, le entregaron una carta al Diputado Provincial Eduardo Toniolli, quien prometió hacérsela llegar a la presidenta, manifestando la suma urgencia de que solo contaban con cinco días antes de ser desalojados, aún no obtuvieron respuestas.
Los desalojos durante el 2015 fueron moneda corriente en Rosario, todos de forma violenta. En la ciudad gobernada por el Partido Socialista, donde hay más viviendas vacías que gente sin vivienda, la solución siempre es la represión. “Nosotros vamos a seguir luchando, no sólo por nosotros sino porque hay mucha gente que está en la misma situación. Nos dicen que cometimos un delito por tomar las tierras, pero no teníamos otra alternativa. Nos abrieron una causa penal a todos los que estamos acá, pero el delito lo cometen ellos que no nos garantizan vivienda y trabajo digno”, denunció una de las madres que vive en los terrenos.
