El viernes 12 de abril se inició el proceso de transferencias de los recursos del Royalty Minero a las distintas comunas seleccionadas en esta política. Desde el Gobierno lo anunciaron como la medida de transferencias estatales más importante de las últimas décadas, lo que fue celebrado por distintos parlamentarios del oficialismo. Pero, lo que no dicen, es que se trata de migajas para las regiones que durante años han producido y explotado minerales, que en nada tocan las suculentas ganancias que las grandes mineras obtienen por medio del saqueo de nuestros recursos naturales.
Jueves 18 de abril
Como la principal política de transferencias estatales de las últimas décadas, fue anunciado el proceso de entrega de los recursos del Royalty Minero a las distintas comunas y regiones seleccionadas en esta medida. De este modo, el gobierno de Boric dio paso a las primeras transferencias. El Fondo Puente del Royalty Minero, contempla $93.646 millones de libre disposición para 307 municipios. De estos recursos, $22.891 millones están destinados al Fondo Comunas Mineras - dividido en 43 comunas-, “para compensar los impactos de la actividad en sus territorios”. Los $70.755 millones restantes, corresponden al Fondo de Equidad Territorial y están destinados a las 300 comunas con mayores necesidades socioeconómicas, siendo Antofagasta y Calama excluidas de este ítem (hablando de la segunda región).
De acuerdo al Gobierno, estos montos son un adelanto por el equivalente al 50% de lo que será el incremento de recursos municipales cuando el royalty entre en régimen el próximo año, lo que incluirá un aporte de $212 mil millones para los Gobiernos Regionales (cifra que se repartirá).
En términos de la región de Antofagasta, los recursos del “Fondo Comunas Mineras” se divide de la siguiente manera: Ollagüe ( $343.661.390), Taltal ( $487.793.358), Tocopilla ($601.297.370), Calama ($2.163.944.957), María Elena ($380.978.225), Sierra Gorda ($477.922.881), Mejillones ($455.019.382), San Pedro de Atacama ($393.507.266) y Antofagasta ($992.799.311).
Por otro lado, siete de las nueve comunas de la región recibirán el “Fondo Equidad Territorial”: Ollagüe ($119.072.256), Taltal ($152.415.800), Tocopilla ($193.749.995), María Elena ($123.709.677), Sierra Gorda ($122.598.182), Mejillones ($151.194.703) y San Pedro de Atacama ($151.249.923)... Antofagasta y Calama no recibirán montos por este ítem.
Estas cifras pueden sonar rimbombantes y ser celebradas por distintos parlamentarios del oficialismo y autoridades “como una gran victoria” y una “muestra de justicia”, pero lo cierto es que se trata de migajas para las regiones que durante años han producido y explotado minerales, y una medida que en nada toca a las suculentas ganancias que las grandes mineras obtienen por medio del saqueo de nuestros recursos naturales.
En el caso de la comuna de Antofagasta (capital regional), se recibirán menos de $1.000 millones, es decir, casi siete veces menos de lo que cuesta un contrato “vía trato directo” con tan solo una empresa- como Demarco- para realizar el trabajo de recolección de basura y residuos domiciliarios por un periodo de 10 o 12 meses (incluso hay contratos más costosos). Solo el alcalde derechista Jonathan Velásquez ha gastado más de $26.000 millones en “tratos directos” con empresas privadas, en un lapsus de dos años y medio de mandato (monto además objetado por la propia Dirección de Control del Municipio).
Dicho monto no alcanza siquiera para construir un establecimiento educacional, ni un CESFAM, ni mucho menos para garantizar implementos propios para que sea la Municipalidad la que garantice, de manera directa, la labor de aseo y ornato de la comuna… Ni qué decir el resto de las comunas que reciben montos aún más inferiores. Solo Calama obtendrá “algo más” con los $2.000 millones y fracción que le corresponde. Es decir, migajas en comparación al saqueo de las grandes mineras y a las necesidades urgentes de la población, como es vivienda, educación y salud.
Lo que el gobierno de Boric define como la entrega de recursos, a los gobiernos subnacionales, más excepcional, no es más que una forma de encubrir una política rastrera y subordinada a los intereses de los grandes capitales, saqueadores de los recursos naturales y responsables de profundos daños al medioambiente, flora y fauna.
Solo por mencionar un caso. Escondida BHP, en diciembre de 2023, anunció que a septiembre de dicho año, los ingresos sumaron US$6.925 millones, lo que representó un aumento de un 8% en relación al mismo periodo del año 2022. Ni qué decir sobre el aumento de ganancias que obtuvo esta compañía minera- como otras- durante la pandemia.
La aplicación del Royalty Minero es una medida mínima democrática, considerando el saqueo de trasnacionales y grandes mineras durante décadas, insuficiente y muy por debajo de lo necesario (ni siquiera fue aprobado el proyecto inicial de migajas del Gobierno, sino que se rebajó a pedido del gran empresariado). Boric y los partidos de Apruebo Dignidad lo muestran como una victoria ante el saqueo, se conforman con esto, con migajas entregadas por los grandes capitales… Ante las urgentes necesidades sociales de las grandes mayorías, es necesario comenzar a discutir la importancia de que los recursos naturales como el cobre, el litio y el agua sean nacionalizados, pero bajo el control de las y los trabajadores, junto a las comunidades. Esta medida es la única que puede, por una parte, mitigar el impacto ambiental bajo otra modalidad de producción racional y democrática, y también como fuente para que las riquezas que se generan en estos sectores, para que vayan destinadas a los reales y profundos problemas de las y los trabajadores y el conjunto del pueblo. ¡Basta de llenarle los bolsillos a los grandes empresarios que más que víctimas son los grandes ganadores del saqueo de estos 30 años!
