Este miércoles comenzaron las audiencias en la Comisión de Minería y Energía del Senado en el marco de la discusión del royalty minero, lo que ha dilatado aún más el avance del proyecto. Estas dos primeras audiencias son parte de la presentación de las posiciones que aún están pendientes de los grandes grupos económicos de la minería nacionales y transnacionales. ¡No debemos permitir que los saqueadores de estos 30 años sigan jugando con nuestras vidas!
Viernes 25 de junio de 2021
Los primeros en intervenir en este proceso fueron los ex ejecutivos de CODELCO, Marcos Lima, quien fue Presidente Ejecutivo de la cuprífera y Juan Medel, ex Gerente de la división Radomiro Tomic. El primero redujo la discusión a una cuestión de competencias de la minería chilena, dándole especial énfasis a la necesidad de que se realice un “estudio comparativo, no comprometido, que evalúe nuestra posición y nos permita tomar decisiones basadas en la evidencia”, buscando comparar si es que Chile está entre los países con mayor o menor tributación para las actividades mineras.
Por su parte, Medel, quien también centró su análisis en que ningún proyecto debe afectar las competencias de la minería del país, resaltando que “se debe pensar una revisión de la ley de concesiones, toda vez que esta ley no previó la existencia de activos mineros de tal calidad que su rentabilidad excede con creces los estándares internacionales de retorno de la inversión considerados normales en cualquier industria”.
Mientras en el Senado y los ex ejecutivos de CODELCO se toman el tiempo que quieren para discutir si pasa o no el proyecto del royalty, cuando aún falta la intervención de los representantes del saqueo de las mineras transnacionales y nacionales privadas, como Antofagasta Minerals, Mantos Copper, Minera Candelaria, BHP, Freeport y Teck Resources, a quienes se les abrieron las puertas de la Cámara para presentar sus posturas en defensa de sus propios intereses; son las familias trabajadoras y del pueblo quienes seguimos siendo golpeados por las consecuencias sociales de una crisis sanitaria profundizada por el fracaso de Piñera y Paris ante la situación de pandemia.
A los representantes de los grandes capitales de la minería se les da la facultad y posibilidad de defender sus abismales ganancias, las que en medio de la pandemia no hicieron más que crecer, dejando de lado la urgencia de la crisis que atraviesa el país y millones de familias, para las cuales supuestamente se habría elaborado el proyecto del royalty minero e ir en ayuda con estos recursos a quienes seguimos cargando con los más de un millón y medio de contagios y más de treinta mil muertos por covid.
Sumado a lo anterior la crisis social y de precariedad de la vida de millones al igual que el virus no da tregua. Los miles de empleos que son casi 950 mil no se han recuperado, y son más de 972 mil trabajadores suspendidos producto de la Ley de Protección al Empleo, votada por todos los partidos políticos del régimen, incluyendo el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista(PC). Es esta situación la que ha llevado a millones de personas a tener que verse obligados para no caer ante el hambre a tener que trabajar bajo la informalidad, actualmente son más de 2 millones de personas que trabajan bajo esta modalidad, es decir, sin acceso ni siquiera a los mínimos derechos que tiene una o un trabajador con contrato y con ello todo lo que tiene relación a no poder hacer frente ante cualquier riesgo del trabajo, de seguros sociales y de salud.
Los saqueadores buscan defender con todo sus ganancias
Es así como los empresarios y las cuestionadas instituciones del régimen, como el Senado, dilatan la aprobación del royalty, lo que expresa el desprecio que estos sectores tienen por nuestras vidas. Asimismo, aún se discute el miserable aumento del salario mínimo, con un proyecto por parte del Gobierno que no supera los $327 mil pesos, cuando la canasta básica familiar ya supera los $500 mil pesos.
Los políticos del régimen y a quienes les administran sus intereses, es decir, a los capitalistas, aunque estemos en medio de una convención constituyente, se empecinan en seguir actuando como si en el país nada hubiese pasado, llevando adelante prácticas similares a las que fueron el caldo de cultivo para que la rabia de millones estallara durante la rebelión popular del 2019. Fuimos millones que dejamos claros en las calles durante la rebelión que nos cansamos de la privatización y precarización de nuestras vidas a favor de aumentar las ganancias de los grandes empresarios.
No podemos seguir esperando los tiempos que nos quieren imponer desde el Gobierno y las Cámaras, ni tenemos que soportar que se les de tanta tribuna a los representantes del saqueo de estas últimas tres décadas.
Las y los trabajadores necesitamos retomar el camino de la movilización y organizar la fuerza que demostramos durante el 12 de noviembre del 2019 donde pusimos en jaque a Piñera y este régimen. Con esa fuerza es que debemos exigirles a las direcciones de las grandes centrales como la CUT (actualmente dirigida por el PS), al Colegio de Profesores, a los organismos estudiantiles como la CONFECH y organismos de masas dirigidos por el PC y el FA que dicen estar con el pueblo, así también a los convencionales de la Lista del Pueblo; que impulsen un plan de lucha y movilización, para que seamos quienes fuimos parte del despertar de este país quienes, a través de nuestra fuerza, impongamos un plan de emergencia con impuestos extraordinarios del 20% a las grandes mineras y fortunas de país, que no hicieron más que aumentar sus ganancias y patrimonios a costa de nuestras vidas en medio de esta pandemia, para que sean los capitalistas quienes paguen la crisis y no las familias trabajadoras.
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