Los manifestantes se mantienen en “pie de guerra” tras conseguir la abolición del decreto gubernamental que legitimaba la corrupción.
Viernes 10 de febrero de 2017
Foto: EFE/Robert Ghement
El pasado domingo el gobierno rumano se encontró contra las cuerdas y dio marcha atrás al decreto de amnistía y despenalización de la corrupción para políticos y altos funcionarios. Tras lograr la derogación del decreto, los manifestantes no se retiraron. Más de 600.000 personas (según medios oficiales relacionados con el gobierno), salieron a la calle para exigir la dimisión del primer ministro, y, en días posteriores, la del gobierno en bloque.
El gobierno trató de reprimir violentamente las movilizaciones, pero sólo consiguió que aumentara la participación, manteniéndose hasta la fecha. El máximo dirigente de la oposición parlamentaria, el Partido Nacional Liberal (PNL), está intentando capitalizar la situación. El pasado 1 de febrero, la presidenta del PNL, Raluca Turcan, aseguraba al canal de televisión Digi24: "el PNL presentará una moción de censura, utilizaremos todos los instrumentos parlamentarios, iremos al referendo si se organiza". Sin embargo, la moción de censura no prosperó por vía parlamentaria, por lo que las movilizaciones continúan.
Los nacional-liberales han intentado asistir a las movilizaciones, pero tuvieron que abandonarlas por el rechazo popular a su presencia. Este partido de corte neoliberal cuenta con una larga tradición derechista, nacionalista y filofascista desde su fundación en 1875. Estuvo al servicio de la monarquía autoritaria de Carol II en los ‘30, y colaboró en la construcción del movimiento fascista hasta que llegó al poder en 1938. Actualmente es uno más de la miríada de partidos de derecha que integran la plataforma del Partido Popular Europeo.
Por el momento han caído dos altos cargos del Gobierno Rumano: el secretario de finanzas, Florin Jeanu, que dimitió la semana pasada porque el decreto “violentaba su conciencia”, y hace menos de un día dimitía el odiado ministro de Justicia, Florin Ioardache. Éste se despidió del cargo con la típica arrogancia e hipocresía parlamentaria: "He decidido adelantar mi dimisión", dijo el pasado jueves, "Todo lo que he hecho es legal".
El presidente del Partido Socialdemócrata en el poder, Liviu Dragnea, este pasado lunes mantenía sus posiciones de desafío a los manifestantes: “el Gobierno no tiene motivos para dimitir”. Asimismo, el primer ministro Grindeanu, se ha encastillado afirmando que no va a dejar el cargo. Dice que el problema está en que los ciudadanos le han “malinterpretado a él y al ministro de Justicia”. Según él, el problema ha sido una “mala comunicación” sobre los objetivos del decreto 13/2017.
Además ha añadido como excusa que hace menos de dos meses, unos dos millones de rumanos le votaron. Una justificación tan previsible como endeble, pues en dichas elecciones únicamente obtuvo el 45% de los votos, con una abstención aproximada del 60%. En el caso del PNL y el resto de fuerzas parlamentarias, obtuvieron unos apoyos electorales aún más reducidos. La crisis de legitimidad gubernamental es más que evidente.
La lucha contra la corrupción, una escuela de movilización en Rumanía
El pulso de las masas al Gobierno no cesa, las movilizaciones han crecido en esta última semana, acudiendo a la calle más de 600.000 personas. Las declaraciones recogidas por diferentes medios ilustran los sentimientos y conciencia que mueve a los manifestantes en estas dos últimas semanas:
Luminita Ciobanu, enfermera y activista de 59 años que lleva seis días protestando contra el Gobierno Rumano declaraba: “Y no me canso. Lo que han hecho es intolerable, en vez de endurecer la lucha contra estos delitos, maniobran para que sea más fácil hacer la vista gorda y no haya responsabilidades”.
“El Gobierno nos ha fallado escandalosamente. Que hayan dado marcha atrás no significa nada. ¡Prácticamente han pretendido legalizar el robo!”, declara Calin Iacob, un estudiante de derecho de 27 años.
“Cómo vamos a confiar en ellos después de lo que han hecho. Quién nos dice que (…) volverán a intentarlo por otras vías. Además, el mensaje que envía, su simbolismo es tremendo”, recalca Claudia Popa, funcionaria de 45 años.
“Nuestro descontento es directamente proporcional a la determinación de los políticos de seguir manteniendo y aumentando sus privilegios”. “El haber derogado el decreto no significa que el Partido Socialdemócrata y sus aliados hayan renunciado a los objetivos mencionados en él. El texto del decreto ha sido trasladado a un proyecto de ley que será sometido al debate parlamentario. La Coalición PSD y ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas) tiene una mayoría numérica en el legislativo rumano”, declaraba Diana Margarit, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Iasi. “Las protestas siguen porque el Gobierno ignora la demanda de la calle”, apostilla.
El profesor Dimian afirmaba que la movilización continuará: “Los líderes políticos han dirigido un mensaje a los centenares de miles de manifestantes, les han dejado entender que no están informados y que están siendo manipulados. Sólo han reconocido un error de comunicación por parte del Gobierno, en cuanto al decreto que firmaron. En consecuencia, cuesta vislumbrar la perspectiva de una reconciliación”.
Lo cierto es que la experiencia histórica de Rumanía nos muestra que las clases populares en marcha son bien capaces de echar abajo gobiernos. No necesitamos retrotraernos a la caída del estalinista Ceaucescu. En noviembre de 2015, las movilizaciones populares derribaron al primer ministro de Rumanía Victor Ponta y a todo su gobierno. Unas movilizaciones que también tuvieron que ver con la corrupción, mordidas, comisiones y sobornos. Le suena, ¿no?
