Tras intento de suicidio de joven al interior de dependencias del SENAME, se abre una nueva crisis respecto al funcionamiento de la institución que no garantiza ni siquiera los cuidados mínimos a los menores.
Akemi Matsubara Egresada Derecho Universidad de Antofagasta
Viernes 28 de abril de 2017
La noche del miércoles, se registró un intento de suicidio en el Centro de Internaciones de Coronel. Las intenciones del menor fueron detenidas por funcionarios del mismo lugar, que acudieron para evitar el suicidio.
Cada año, entran 100.000 niños a programas de cuidado estatal, tras ser víctimas de maltrato, abuso sexual, o porque sus padres se encuentran inhabilitados para cuidarlos. A pesar de esto, el Estado no garantiza los cuidados mínimos a los jóvenes, sino que viven en condiciones paupérrimas. Esta brutal realidad que viven cientos de menores en centros del SENAME se ha comenzado a visibilizar debido a los propios abusos que han vivido dentro de la institución, como todos aquellos niños y niñas que han muerto dentro de los centros del SENAME.
La forma de vida dentro de la institución, ha gatillado la fuga e intento de suicidio de menores. Los intentos de quitarse la vida en el SENAME, subieron el 2016 en un 91%, en comparación con el 2015 (42 casos).
El SENAME entregó en octubre de 2016 un informe de las víctimas fatales entre 2005 y 2016, cifra que arrojó más de 200 niños muertos al interior de la institución. Sin embargo, se cuestiona la cifra entregada debido a que en varias ocasiones fue modificada mientras salían más casos a la luz.
Hoy, se abre otra crisis a raíz del intento de suicidio de un joven. El Estado no se ha hecho cargo de la situación de la brutal realidad de los menores más precarizados, que son expresión de la realidad actual del país, que funciona para y por los ricos, mientras los hijos del pueblo trabajador y pobre son los más golpeados.
Frente a esto, no es posible que la institución Sename siga existiendo; el Estado debe hacerse responsable de crear hogares y centros de acogida estatales y administrados por trabajadores, profesionales y familiares cercanos de los menores, que realmente den abasto y respondan con calidad ante las problemáticas que aquejan a cientos de niños y jóvenes.
