Los trabajadores académicos y administrativos nos enfrentamos a una difícil revisión salarial, donde las autoridades se niegan a cumplir nuestras peticiones. Frente a este complejo panorama, los trabajadores tenemos que pensar ¿Qué hacer frente a esta revisión salarial?
Viernes 22 de enero de 2021
A casi un año del inicio del confinamiento por la pandemia del Covid-19, los trabajadores de la UAM estamos frente a dos emplazamientos a huelga: uno por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y otro por revisión salarial, próximos a estallar el 1 de febrero.
Esta revisión salarial no es común, se da en el marco de una pandemia mundial y una crisis económica histórica. En México esto ha implicado más de 15 millones de trabajadores pierdan su fuente de trabajo y 15 millones más sufran recortes salariales.
Esta situación tiene un impacto directo ya que el gobierno federal ha decidido encarar la crisis económica por dos vías: una es la reactivación de sectores industriales, mineros y de construcción, un gran gesto para las multinacionales y el gobierno estadounidense; otra, con una política de redoble de la austeridad republicana, lo que ha implicado recortes como el que recibió la UAM por 100 millones de pesos, despidos y rebajas salariales.
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En medio de esta situación, las autoridades educativas encabezadas por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) decidieron imponer la continuidad de los ciclos escolares pese a la enorme tasa de deserción estudiantil en educación básica, media superior y superior, dejando fuera a miles de alumnos que tuvieron que empezar a trabajar o que simplemente no tuvieron cómo continuar sus estudios en medio de la pandemia y la crisis económica.
Por otro lado, se impuso a nivel nacional un esquema de trabajo por fuera de los CCT mediante las clases en línea, cuestión que ha implicado una profundización de la precarización laboral para miles de docentes, incluidos nuestros compañeros académicos de base y temporales y la amenaza de imponerlo a mediano plazo a sectores administrativos bajo el modelo de educación hibrida.
Eso es lo que está de fondo en esta revisión salarial. Los afiliados al SITUAM hoy no solo peleamos por un aumento salarial que verdaderamente cubra el costo de la canasta básica y que se ajuste a los precios de la inflación, sino que, bajo la pandemia, debemos asumir la defensa de la educación pública y de nuestra comunidad universitaria, que en última instancia es pensar qué tipo de Universidad queremos los trabajadores, estudiantes y docentes y qué Universidad están imponiendo las autoridades universitarias que cobran millones de pesos al año.
La patronal argumenta que está dispuesta a conceder un aumento salarial, siempre y cuando no arriesgue la “viabilidad financiera” de la institución, haciendo eco de las declaraciones del subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro, quien para justificar el no rescate de las once universidades hablando del “enorme peso” que implican nuestras prestaciones y salarios para la educación pública. Pero nadie habla de que pese a la implementación de la “austeridad republicana” a los de arriba, siguen percibiendo sueldos millonarios como el rector general, Eduardo Peñalosa, y el secretario general, José Antonio de los Reyes Heredia.
Desde la agrupación clasista Contracorriente consideramos que es indispensable exigir un aumento al presupuesto educativo para garantizar en primer lugar becas para evitar la deserción en medio de la pandemia; la posibilidad de que nuestra universidad cuente con el suficiente presupuesto para garantizar condiciones estructurales e insumos sanitarios para garantizar la salud de toda la comunidad universitaria, así como condiciones laborales y salariales dignas para los trabajadores docentes y administrativos.
Esto se puede garantizar si se toca el bolsillo de quienes en pandemia se hicieron más ricos. Hablamos de los Slim, los Salinas Pliego, los Azcárraga, la Coparmex, por mencionar algunos de quienes han arriesgado al vida de miles de trabajadores para seguir amasando fortunas obscenas.
Solo por poner un ejemplo, según la revista Forbes, la fortuna de Carlos Slim en 2020 fue de 52 mil 100 millones de dólares, si pusiéramos un impuesto del 1% a su fortuna se tendrían 521 millones de dólares.
Por la defensa de la educación pública, por la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y por un salario que nos permita garantizar la canasta básica para todos los trabajadores, es necesario que las principales centrales sindicales que se reclaman democráticas se pongan a la cabeza de rodear de solidaridad nuestra revisión salarial y cobijar nuestras demandas, hablamos de la Nueva Central de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores, la CNTE y la CNSUECIC.
